Vivir en CDMX: El reto de ser jóvenes y encontrar una vivienda
Vivir en la CDMX: un reto diario. Saúl, estudiante de 20 años, enfrenta el alto costo de la vivienda con largas jornadas laborales y trayectos interminables. ¿Qué soluciones hay para los jóvenes?
Saúl Lara, un joven estudiante de ciencias políticas de 20 años, vive una de las realidades más comunes en Ciudad de México: el difícil acceso a la vivienda en una de las urbes más grandes del mundo. Son las 4:40 de la mañana cuando sale de su casa en Tláhuac, al sureste de la capital, para llegar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su alma mater. Su trayecto, que dura más de dos horas, incluye un mototaxi y un metro abarrotado, lo que refleja la falta de infraestructura urbana y el elevado costo de la vivienda en la ciudad.
El alto costo de la vivienda en la Ciudad de México
El costo de vida en Ciudad de México es una de las principales preocupaciones para sus habitantes. Saúl, además de ser estudiante, trabaja 30 horas semanales en una farmacia, ganando 7,600 pesos mensuales. A pesar de sus esfuerzos, el alquiler cercano a la UNAM resulta inalcanzable para él.
“El salario entero se va en la renta”, comenta, mostrando cómo el mercado inmobiliario ha dejado fuera a una gran parte de la población joven.
Promesas y retos para resolver la crisis de vivienda
La nueva alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, ha prometido enfrentar esta crisis. Proveniente del mismo partido que la presidenta Claudia Sheinbaum, Brugada asegura que implementará políticas de vivienda de alquiler para jóvenes con opción a compra. Sin embargo, el desafío es enorme: falta un millón de viviendas en la ciudad, según expertos.
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Leopoldo Hirschhorn, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), indica que Ciudad de México necesita urgentemente soluciones habitacionales para su creciente población. Los precios de la vivienda en el Valle de México han aumentado un 6.6% en los primeros meses del año, lo que ha contribuido a una expulsión de 100,000 personas al año debido a la imposibilidad de pagar alquileres.
Vivienda social: una posible solución
El alquiler medio en áreas céntricas de la ciudad, como Roma y Condesa, supera los 1,000 euros al mes, una cifra que está muy por encima del salario promedio de los capitalinos. Este aumento es una consecuencia del enfoque del Estado en ver la vivienda como un bien económico en lugar de un derecho fundamental, según la abogada Daniela Sánchez.
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En un intento por frenar los excesivos aumentos, el gobierno de Ciudad de México ha establecido un límite en el aumento de alquileres, vinculándolos a la inflación, y ha impuesto restricciones a las plataformas de alquileres temporales como Airbnb. Sin embargo, especialistas aseguran que se necesita un mercado subsidiado para las clases más desfavorecidas.
Expansión urbana y soluciones habitacionales
Para algunos expertos, la expansión descontrolada de la ciudad es otro factor que contribuye a la crisis. Leopoldo Hirschhorn afirma que un 40% de la ciudad está construida en edificaciones de uno o dos pisos, lo que limita el espacio disponible. Se requieren edificios más altos y una planificación más eficiente para satisfacer las necesidades de la población.
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A pesar de estas dificultades, el gobierno local ha comenzado a tomar medidas. Este año, se inició la construcción de 270 viviendas sociales para estudiantes en dos distritos céntricos, un paso importante para atender a los sectores más vulnerables.
La lucha de Ale Razo por un espacio digno
Ale Razo, una persona no binaria de 28 años, también enfrenta las dificultades del mercado inmobiliario en Ciudad de México. Con un salario de 8 mil pesos al mes, Ale aún vive con sus padres y comparte el alquiler. “Un pinche cuartito en el centro ya te lo quieren dejar como en 10,000 pesos, como si fuera el ático de Harry Potter”, comenta.
Sin embargo, Ale ha encontrado una solución alternativa: es parte de la cooperativa Xochiquetzalli, un grupo de la comunidad LGBTIQ+ que se organiza para construir viviendas a través de recursos propios, donaciones y apoyo gubernamental. “Es una nueva visión del derecho a la vivienda, porque es precisamente un derecho, no una mercancía”, explica.