¿Una medida perjudicial?

A partir del jueves pasado, el ingreso de teléfonos celulares a las escuelas de nivel básico y medio superior, tanto públicas como privadas de Querétaro, quedó prohibido, por un decreto del gobernador Mauricio Kuri González, con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes y mejorar la concentración en las aulas.

La medida fue aprobada por unanimidad de votos por el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, como parte de las acciones para “generar un entorno digital seguro” en las instituciones educativas del estado.

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Considerando que más del 70% de los menores en Querétaro cuenta con una red social; que el uso de quienes han experimentado ciberacoso es de más seis horas al día, y que el 45% de los jóvenes queretanos han manifestado desánimo o angustia en el último año, fueron parte de los argumentos que llevaron al mandatario a emitir la declaratoria.

“Los niños, niñas y adolescentes viven crecientemente aislados de convivir con amigos y compañeros, sustituyeron los parques por la pantalla (…) Ya fue suficiente, no podemos permitir por una obligación como autoridad, cómo familias y como sociedad que esto continúe”, advirtió Mauricio Kuri en un mensaje trasmitido en sus redes sociales.

Según el decreto la restricción de teléfonos celulares en las aulas se limita al horario de clases y “sólo podrán utilizarse para fines educativos determinados por el docente y que se encuentren en su planeación didáctica o bien en casos de emergencias personales”, detalló la secretaria de Educación estatal, Martha Elena Soto Obregón.

La medida ha recibido el visto bueno de diversos sectores, como el del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, Javier Rascado Pérez, quien aseguró que más que una prohibición se busca establecer un control para proteger y avanzar en los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Educación por prohibición

Sin embargo, especialistas consultados por ejecentral sostienen que la prohibición por sí sola, es decir, sin el acompañamiento de otras medidas enfocadas a la “educación o la alfabetización digital” para los menores, docentes y padres de familia, podría derivar en otros riesgos, además de vulnerar los derechos digitales y la participación de la infancia y la adolescencia.

Para Luis Gabriel Arango Pinto, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, la falta de “alfabetización digital” para menores y de “concientización” para los padres de familia imposibilitan explorar otras directrices además de la prohibición de estas tecnologías hacia “un uso pedagógico redituable en los procesos de enseñanza y aprendizaje”.

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Al considerar que más que una prohibición se debería apuntalar a mejorar las habilidades digitales de los menores y adolescentes “para que puedan tener un uso más racional, más sano de las mismas tecnologías”, Arango consideró que en los argumentos de la medida no contextualiza otras variables o condiciones sociales que propician la depresión, el insomnio o el aislamiento social que se atribuye sólo al uso del celular.

“También dependen de ciertas condiciones sociales, de rasgos, inclusive psicológicos de los menores y adolescentes; depende del seguimiento y atención de los padres y madres de familia, es decir, se está poniendo atención en una de las variables, que es el teléfono y las redes, cuando el fenómeno es multifactorial”, refirió el especialista en comunicación, cultura digital y educación.

Derechos vulnerados

María Teresa Gutiérrez, directora de Monitoreo de Indicadores en Mexicanos Primero, señaló que si bien la restricción de estos dispositivos en el aula, “sin un propósito pedagógico”, podría impactar positivamente en el aprendizaje, se debe acompañar de estrategias en las que se aborden los aspectos positivos del acceso a internet y a redes sociales “en un contexto pedagógico”.

“Estamos en una etapa en la que los jóvenes, desde niños, tienen que ser sensibilizados y deben tener alfabetización digital. Lamentablemente alrededor del 80% de las escuelas a nivel nacional no cuentan con computadoras de uso pedagógico, y tampoco tienen acceso a internet”, añadió.

La organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe señaló que la medida del gobierno de Querétaro “refuerza un enfoque de control y restricción” hacia las infancias, sin considerar los derechos digitales y la participación infantil.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Observación General N.º 25 del Comité de los Derechos del Niño, el acceso a entornos digitales es fundamental para el ejercicio de diversos derechos, y su regulación debe basarse en la educación, la seguridad y la participación, así como de estrategias para superar las brechas de desigualdad digital.

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Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas) en el que se pronuncia por la regulación del uso de teléfonos inteligentes en las aulas para mejorar el aprendizaje sin la interrupción de las notificaciones sostiene que, “un poco de tecnología puede servir de apoyo al aprendizaje en algunos contextos, pero no cuando se utiliza en exceso o de forma inadecuada”.

Bajo esa premisa, el catedrático Luis Arango subrayó que más allá de una “solución extrema” como lo es la prohibición del uso de estos dispositivos tecnológicos “habría que pensar en dónde sí, dónde no, en qué asignaturas, en qué actividades. De tal manera que se aprovechen las potencialidades de los teléfonos móviles, de las redes y al mismo tiempo prevenir daños a la salud de los estudiantes”.

Actualmente, Querétaro cuenta con cerca de 555 mil 794 estudiantes de educación básica y media superior.