La aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación representa una oportunidad histórica para transformar el sistema de impartición de justicia en México, al marcar un antes y un después en la historia constitucional.
La trascendencia de este nuevo paradigma que, en esencia, apuesta por democratizar el acceso a la justicia, aumentar la transparencia en las resoluciones judiciales y garantizar que la actuación de jueces, magistrados y ministros se ciña a la realidad y necesidades de la ciudadanía, radica en la dimensión de los cambios que implica en nuestra Carta Magna.
PUEDES LEER: Morena no intervendrá en elecciones judiciales, promete Fernández Noroña
Esto conlleva la modificación de un gran número de artículos constitucionales, que representan un porcentaje muy importante del total del texto de la Carta Magna, integrado por 136 artículos, en lo que resulta un esfuerzo sin precedentes, de modificación de uno de los tres pilares del Estado mexicano.
“Estamos hablando de un proceso, no de una simple reforma, que va a refundar a todo el Poder Judicial Federal que incluye ministros, magistrados y jueces. Estamos hablando de uno de los tres pilares de la estructura del Estado Mexicano y se va a reformar, desde luego que tiene una gran importancia para el país”, subrayó el doctor Raúl Contreras Bustamante, exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los retos de la reforma judicial
Para el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I, los cambios de fondo que la reforma implica en el texto constitucional buscan, entre sus principales objetivos, responder a la percepción ciudadana de desconfianza hacia la justicia, un fenómeno que aseguró no es exclusivo de México, sino de la mayoría de los países occidentales.
En ese sentido, el jurista destaca que factores como la “muy mala valoración” que hay de la impartición de justicia; la prolongada duración de los juicios, lo costosos que resultan ser, y la falta de explicación de las sentencias, que suelen ser demasiado voluminosas y hasta incomprensibles para los propios abogados, son parte del desafío central que busca acercar la justicia a los ciudadanos por una mayor legitimación.
Sin embargo, una de las principales inquietudes que plantea la reforma constitucional entorno a la elección mediante voto popular de jueces, magistrados y ministros, recae en el reto de preservar la independencia judicial frente a las posibles presiones políticas inherentes a la elección, como se ha advertido desde la academia y organismos especializados.
PUEDES LEER: Elección judicial: el costo de la austeridad
Para Contreras Bustamante, la hipótesis que la propia reforma plantea es que precisamente la elección popular tiene el potencial de legitimar a los jueces al hacerlos responsables de su función ante el electorado, dotándolos de una mayor independencia.
Bajo la premisa de que, “un juez, un ministro, un tribunal colegiado se legitima cuando hace bien su trabajo, cuando hacen una buena sentencia, legitiman y justifican su actuación”, el abogado refirió que el aminorar la carga de trabajo y transparentar los razonamientos que los llevaron a emitir sus sentencias, se perfilan en realidad como los obstáculos a librar.
“Ese es el gran reto, que no nada más se diga que van a ser jueces, ministros y magistrados más legitimados por una elección popular, sino que lo que realmente los legitime es que estén mucho más cerca y mucho más pendientes de cuáles son los problemas que aquejan a la ciudadanía”.
Al señalar que las modificaciones a la Constitución que conlleva la reforma son en sí mismas “el inicio para un cambio en la realidad social”, el académico destacó que toda reforma constitucional no sólo implica ajustes normativos sino cambios profundos en la cultura, las tradiciones y costumbres, que requiere de una serie de factores.
“Toda reforma requiere de tiempo, de políticas públicas, de presupuestos, una buena legislación secundaria, buenos programas de gobierno, una correcta implementación en los poderes judiciales de las entidades federativas. De la buena implementación de una reforma dependerán los resultados”, subrayó.
En este contexto, el reto de implementar una reforma tan ambiciosa radica no sólo en modificar las normas, sino en traducirlas en cambios perceptibles para la sociedad. “Es un proceso que deberá permear no sólo en las leyes, sino también en la mentalidad de quienes las aplican y de quienes recurren a ellas”, puntualizó Contreras Bustamante, destacando la necesidad de una profunda capacitación en todos los niveles del sistema judicial. Solo así, asegura, será posible mitigar los riesgos de que la reforma quede como un esfuerzo inconcluso.
Además, la reforma plantea un desafío adicional: la vigilancia constante de la sociedad y de los órganos de control sobre su aplicación.
La transparencia no puede quedar limitada a las sentencias, sino que debe abarcar la asignación de recursos, la elección de los operadores judiciales y la evaluación periódica de los resultados.
PUEDES LEER: ¿Cuánto costarán las boletas de la Elección Judicial 2025?
“Estamos ante una oportunidad de oro para consolidar la justicia como un derecho accesible, pero también para mostrar que la legitimidad no se hereda, se construye con hechos”, concluyó el académico.
La implementación exitosa de esta reforma también dependerá de un trabajo coordinado entre las diversas instituciones del Estado y la sociedad civil. Las universidades y centros de formación jurídica desempeñarán un papel crucial para garantizar que los futuros operadores del sistema judicial comprendan y apliquen los principios que sustentan esta refundación.
“Estamos ante un cambio que exige no solo aprendizaje técnico, sino también un compromiso ético con la justicia”, enfatizó Contreras Bustamante.
El dato.
La modificación busca abordar la desconfianza ciudadana hacia la justicia, la duración prolongada de juicios y la opacidad en las sentencias.
