Transparencia para el Pueblo, sustituto del INAI, así podrá negar información pública

La reforma fue aprobada y, con ello, siete órganos autónomos desaparecieron, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Para ocupar ese lugar, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum propone la creación de Transparencia para el Pueblo.

Se trata de un nuevo órgano de gobierno que ha sido señalado desde la iniciativa que contempla su aparición debido a las razones por las cuales dicho órgano y secretarías de Estado podrían negar el acceso a información pública.

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¿En qué casos se podría negar el acceso a información pública?

La iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia y Protección de Datos Personales, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla una serie de casos en los cuales el nuevo órgano de gobierno y las dependencias pueden negar el acceso a información requerida.

Uno de ellos es cuando se considere que la información solicitada pone en riesgo proyectos, planes o servicios estratégicos, prioritarios y de defensa; en estas situaciones, la información se reservará por un espacio de cinco a 10 años.

Otra causa para no emitir información es cuando se trate de materiales o instalaciones nucleares, sistemas tecnológicos, energéticos, espaciales, satelitales, de telecomunicaciones o defensa operados a nivel federal.

En caso de delitos de corrupción, la información solo podrá ser hecha pública hasta que haya una sentencia, contrario a lo que estipulaba la ley bajo la cual operaba el INAI, la cual permitía compartir la información aun sin que hubiera un fallo.

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Transparencia para el Pueblo

Raquel Buenrostro, titular de la recientemente creada Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la reforma que la presidenta envió al Legislativo el pasado 20 de febrero establece que la garantía del acceso a la información pública recaerá en un órgano desconcentrado llamado Transparencia para el Pueblo.

Este nuevo organismo se encargará de asegurar que los ciudadanos continúen ejerciendo su derecho a conocer las estadísticas y el funcionamiento del gobierno.

Uno de los cambios clave en el sistema es la redistribución de responsabilidades. A nivel federal, anteriormente el INAI concentraba la gestión de solicitudes de información; ahora, 18 autoridades compartirán esta tarea, incluyendo el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, sindicatos y organismos autónomos. A nivel estatal y municipal, se pasará de 32 organismos homólogos al INAI a contar con entidades responsables en cada nivel de gobierno.

Se mantiene la obligación de publicar información pública y garantizar medios de defensa en caso de que se niegue el acceso a datos. GA

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