El estado de Texas ofreció un terreno rural de mil 400 acres (566 hectáreas) en el condado de Starr, en el Valle del Río Grande, como posible sede para las deportaciones masivas que el presidente electo Donald Trump planea implementar al asumir el cargo. La propuesta fue anunciada por Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de Texas, en una carta enviada al equipo de transición de Trump.
La propiedad fue adquirida por Texas el mes pasado y, según Buckingham, representa una oportunidad para construir una instalación destinada al procesamiento, detención y coordinación de deportaciones. “Me uno al presidente Donald Trump para asegurar que las familias estadounidenses estén protegidas”, afirmó la comisionada en un comunicado.
Cabe recordar que ayer, Trump anunció que su gobierno declarará un estado de emergencia para abordar lo que describe como una “crisis migratoria” en la frontera con México. Esta medida permitiría la movilización de recursos militares y estatales para realizar deportaciones masivas, cumpliendo una de las promesas más controvertidas de su campaña.
La propuesta no surge en un vacío. Durante su campaña, Trump posicionó el control migratorio como un tema central, apelando a sectores conservadores preocupados por lo que califican como una “invasión migrante.” Stephen Miller, arquitecto de estas políticas, ha trabajado durante más de un año en planes que incluyen la colaboración de la Guardia Nacional de estados republicanos. Según Miller, estas tropas no solo apoyarían en la captura de indocumentados, sino también en la operación de centros de detención temporales.
El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, ya ha iniciado un proyecto piloto para entregar a las autoridades federales a más de 500 inmigrantes indocumentados encarcelados, en preparación para la implementación de estas políticas. “Queremos ser el primer estado en trabajar con el presidente Trump”, declaró Stitt, destacando su respaldo total a la iniciativa.
Trump y el contexto migratorio
El ofrecimiento de Texas llega en un momento en que los estados y gobiernos locales muestran posturas divergentes respecto a las políticas migratorias. Mientras Texas refuerza su colaboración con las autoridades federales, ciudades como Los Ángeles han tomado el camino opuesto, declarando su jurisdicción como “santuario” y limitando la cooperación con las autoridades de inmigración para realizar deportaciones.
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En los últimos años, Texas ha adoptado medidas fronterizas agresivas, como la instalación de barreras de alambre de púas y la aprobación de leyes que permiten arrestar a migrantes por cruces ilegales. Además, bajo el gobierno del republicano Greg Abbott, el estado construyó 2.4 kilómetros de muro fronterizo en el mismo terreno ofrecido ahora al gobierno de Trump.
Donald Trump ha insistido desde su campaña presidencial su compromiso de iniciar una operación masiva de deportaciones desde el primer día de su presidencia. Su administración planea movilizar todos los recursos necesarios para asegurar la frontera y expulsar a millones de inmigrantes indocumentados, especialmente aquellos con antecedentes penales.
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Empero, persisten preguntas sobre cómo se identificarán y detendrán a los migrantes, y dónde serán alojados mientras se realizan los procedimientos.
El equipo de transición de Trump, por su parte, no ha confirmado si aceptará la oferta de Texas, pero expresó en un comunicado su intención de implementar la mayor operación de deportación masiva en la historia del país. DJ
Con información de AP