Tabasco: Violencia, crisis y complicidad
La entidad enfrenta una crisis de inseguridad sin precedentes, marcada por disputas criminales, complicidad oficial y un aumento histórico de homicidios
La mañana del martes pasado, la capital de Tabasco amaneció con bloqueos carreteros, vehículos incendiados, negocios vandalizados y mantas con amenazas hacia las autoridades.
El gobierno de Javier May Rodríguez confirmó que los hechos violentos en Villahermosa fueron una respuesta a la detención de Carlos Tomás Díaz, El Tomasín, identificado como uno de los líderes del grupo criminal La Barredora y uno de los principales generadores de violencia en la entidad.
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Previo a eso, unas horas después del arribo de 180 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en el estado, sobre la carretera Villahermosa-Teapa fueron hallados varios cuerpos desmembrados y cartulinas con mensajes amenazantes contra las autoridades, incluyendo al general brigadier Víctor Hugo Chávez Martínez, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad.
Los hechos violentos y la reiterada exigencia de renuncia del titular de la SSPC, atribuida al grupo criminal identificado como Cártel Tabasco Nueva Generación (CTNG), una escisión del Cártel Jalisco Nueva Generación aliado a La Barredora, se han vuelto una constante en el estado natal del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Tanto el gobierno actual como especialistas en el tema señalan que el incremento de la violencia e inseguridad, que en los últimos años se ha agudizado en la entidad, se deriva de la disputa territorial entre estos grupos de la delincuencia organizada por el control del tráfico de drogas y otros delitos. Dicho deterioro de la seguridad no podría entenderse sin la omisión o complicidad de las autoridades de la anterior administración. Así lo ha evidenciado el propio mandatario morenista.
Violencia inédita
En medio del aumento de la violencia y los señalamientos de la probable corrupción o pactos de impunidad entre autoridades y criminales, la violencia homicida ha alcanzado niveles récord, al punto de que 2024 cerró como el año más violento en la historia reciente de Tabasco.
Según datos reportados por la Fiscalía General del Estado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año anterior en Tabasco se registraron 892 víctimas de homicidio doloso, la mayor cantidad desde 2015, cuando comenzó el registro de víctimas a nivel nacional.
Hasta 2024, en que Tabasco registró una tasa de 36.24 víctimas de homicidio por cada 100 mil personas, rebasando en más de 13 puntos la media nacional, 2019 había sido el año más violento, con 670 víctimas, una tasa de 27.43 por cada 100 mil habitantes.
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Considerando los datos del Inegi desde el año 2000 a la fecha, es evidente que fue a partir de 2019, con el inicio del gobierno del hoy coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López, cuando inició el repunte y la tendencia al alza en el número de muertes violentas, que se mantuvo durante el gobierno interino de quien fue secretario de Gobierno, Carlos Manuel Merino.
“Es una cifra récord porque Tabasco no ha tenido en la historia del Secretariado un año con esa cantidad de víctimas. Si lo vemos también por administración, no habíamos tenido una administración con tanta violencia y tantos homicidios como lo que fue de 2019 a 2024”, señaló Julia Arrivillaga Hernández, directora de Análisis y Estadística del Observatorio Ciudadano Tabasco (OCT).
En entrevista con ejecentral, la activista externó su preocupación por la falta de una visión y estrategia que, además de la prevención del delito, incluya el fortalecimiento de las policías locales. Alertó que la violencia está dejando de estar focalizada y ahora, en municipios como Teapa y Jalapa, “ya hay brotes de violencia muy fuertes”.
Factores en contra
Julia Arrivillaga señaló que la creciente violencia en Tabasco, “un estado de paso” para migrantes y el tráfico de personas, armas y drogas, requiere de una mayor intervención de las fuerzas federales. Aseguró que no es posible entender la magnitud de la inédita violencia que hay en el estado “si no hay una participación o protección de parte de las autoridades hacia quienes están ejerciendo esa violencia”.
La activista destacó que el hecho de que el titular de la SSPC, Víctor Hugo Chávez Martínez, se encargue de designar a militares como secretarios de seguridad en 11 municipios es muestra del deterioro, la falta de confianza y lo diezmadas o corrompidas que están las instituciones.
“Mientras no se haga un trabajo integral para mejorar la seguridad, tomando en cuenta a los elementos y la tecnología, las estrategias y el trabajo de inteligencia, difícilmente se compondrá la situación”.
En ese sentido, el actual gobernador señaló que Hernán Bermúdez Requena, quien se mantuvo como secretario de seguridad en el estado de 2019 a 2021, tenía vínculos con La Barredora, que actualmente se disputa con el CJNG “el control y el mercado de la droga en el estado”.
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Otro de los factores que, desde la perspectiva del actual mandatario, también ha abonado a la inseguridad es la participación de migrantes, particularmente centroamericanos, en actividades delictivas y vínculos con el crimen organizado.
“Tenemos ya presencia de centroamericanos llevando a cabo actos delictivos con el crimen organizado; gente de Centroamérica que reclutan allá para venir a delinquir a nuestro estado”, refirió.
