El punto de partida en materia de medio ambiente para la próxima administración es dramático, no sólo por el deterioro ambiental que ya se ha dado, sino porque las instituciones dedicadas a la materia han sido “debilitadas” y sus capacidades “erosionadas” en el sexenio que hoy concluye, se señala en la Agenda socioambiental 2024: diagnósticos y propuestas, coordinada por Leticia Merino y Cecilia Navarro, y elaborada por 35 autoras y autores.
Sin embargo, la presencia de las próximas titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena; de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy, y de una representante de Rosaura Ruiz, quien encabezará la próxima Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en la presentación de la Agenda el viernes 20 de septiembre en la UNAM ha sido entendida como una señal de que sus propuestas podrían ser atendidas.
A finales de la semana pasada, Bárcena dio a conocer las Prioridades para Semarnat 2024-2030, mismas que coinciden en algunos puntos con la Agenda Socioambiental, ya que el primero de los objetivos en la lista es implementar una estrategia de restauración, y el segundo, hacer planes de remediación en diversas cuencas.
Agua, diagnóstico demoledor
En la sección Conclusiones de la Agenda, Leticia Merino, señala que “los procesos de destrucción y deterioro de territorios, ecosistemas y recursos (...) permanecen y, en casi todos los temas, se han profundizado”.
“Lejos de ser prioridad del gobierno que concluye en 2024, los temas ambientales fueron aún más relegados, los presupuestos de las instituciones ambientales se desplomaron. Peor aún, en medio de los recortes, más del 80% del presupuesto ambiental se destinó a la Conagua, a pesar de su notoria corrupción y sometimiento a los intereses de los grandes concesionarios acaparadores del agua”, señala Merino.
Según Elena Burns, desde su creación en 1989, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha sido “una institución vertical y opaca”, en la que “predomina una dinámica de ‘decisiones por desastre’, que consiste en ignorar la prevención, provocar una crisis y luego exigir recursos ilimitados para alguna solución sin realizar un análisis preliminar costo-beneficio, ni la planeación de un proyecto ejecutivo o la ejecución de alguna licitación previa”.
Por otra parte, el equipo autoral de la Agenda reconoce que hubo avances en materia de agua durante esta administración, pero los califica de “magros” en comparación con las necesidades, como la ampliación de la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento para las familias de escasos recursos, la rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales y la actualización de dos normas ambientales relacionadas con el manejo del agua.
“Los cambios tendrán que sustentarse en una ciudadanía articulada, la voluntad del Ejecutivo y el buen funcionamiento de la Ley General del Aguas”, señala Merino.
Biodiversidad y viabilidad social
Otros signos importantes de debilitamiento, se señala en el documento, han sido “la integración de funcionarios sin experiencia y la subordinación del sector ambiental a las decisiones de gobiernos y grupos empresariales” (...) que han conducido a la erosión de las capacidades de la Semarnat y sus agencias para hacer cumplir de manera suficiente las prescripciones del marco legal y regulatorio”.
El ejemplo más dramático de las consecuencias está en la agenda forestal, pues se han socavado “las estructuras de apoyo a las comunidades y organizaciones locales productivas que impulsan las actividades de restauración, manejo sostenible y conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y los recursos naturales”.
Para colmo, “la desestructuración de las organizaciones locales, así como los ataques a las organizaciones civiles que las acompañan, la merma continua de los recursos y capacidades de las instituciones, han favorecido la presencia creciente de grupos armados que actualmente controlan los territorios”.
Hacia 2024-2030
La Agenda Socioambiental 2024 cubre muchos otros temas, como el energético, donde se señala, por ejemplo, que en 2022 la matriz energética seguía dominada en 87% por combustibles fósiles” y que “(d)escontando el consumo de Pemex, México importa de EU casi el 90% del gas que consume”; en minería se destaca la propuesta de elevar a rango constitucional la prohibición de realizar esta práctica a cielo abierto, entre otros temas.
En las prioridades dadas a conocer por Bárcena, destacan las intenciones de restaurar al menos 5% de los manglares del país para 2025 y 30% para 2030; recuperar de 15% de lagunas costeras en ocho estados; la reducción de la deforestación en nueve estados; la eliminación de minería en áreas naturales protegidas, y la creación de un parque industrial de economía circular en Quintana Roo para procesar sargazo.
Vale también mencionar… el marcado deterioro de las ins-tituciones ambientales, con recortes muy drásticos a los pre-supuestos de Semarnat, Profepa, Conafor, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y por supuesto la Conabio”.
Consecuencias de la austeridad
Los recortes a a los presupuestos de Semarnat, Profepa, Conafor, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Conabio, las llevaron a situaciones de inoperancia con graves impactos para los ecosistemas del país y las comunidades que los habitan.
