“Supersecretaría”, la apuesta para pacificar al país

De manera unánime, las comisiones unidas del Senado de la República, integradas por legisladores de todos los grupos parlamentarios, aprobaron ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch.

Con esta modificación al artículo 21 de la Constitución, cuyo dictamen se aprobó, en lo general, por unanimidad con 121 votos en el Pleno del Senado, avanza la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para consolidar la SSPC como una “supersecretaría” que, entre otras capacidades, auxiliará al ministerio público en la investigación de los delitos.

“Ahora en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una parte es coordinar, planear, coordinarse también con las entidades de la República, coordinar el Gabinete de Seguridad, pero además tiene tareas de inteligencia e investigación. Y por eso, queremos que en este artículo 21 de la Constitución queden establecidas claramente esas tareas”, refirió Sheinbaum Pardo al celebrar que todos los partidos políticos votaron a favor de la propuesta.

En el marco de la aprobación de la reforma en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos Primera, García Harfuch se reunió en privado con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, y los seis coordinadores de los grupos parlamentarios, en la Cámara de Diputados, el pasado 11 de noviembre.

En dicho encuentro, el cual se prolongó por más de tres horas, el titular de la SSPC explicó a los legisladores la manera en cómo la modificación al artículo 21 constitucional será un paso fundamental para reducir los índices de violencia y combatir la impunidad en el país.

“El secretario (García Harfuch) expresó primero cuál era el diseño de la estrategia de seguridad, eso sí se los voy a decir, basado fundamentalmente en atender las causas, pero también en la coordinación interinstitucional más amplia y en la profundización de labores de inteligencia”, sostuvo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.

Luz verde, pero…

Aunque el dictamen fue avalado de manera unánime por todos los grupos parlamentarios, destacando la relevancia del mando civil de la SSPC en la seguridad nacional, legisladores de oposición expusieron algunos cuestionamientos sobre su implementación, y reiteraron que no se trata de dar “un cheque en blanco” a la institución.

En ese sentido, respecto a la facultad que la reforma le otorga al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para fiscalizar los recursos públicos en seguridad pública, la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya, pidió especificar que se trata de una función coadyuvante y no en sustitución de una atribución que constitucionalmente le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación.

Si bien subrayó como “fundamental” que la Secretaría de Seguridad auxilie a la presidenta en materia de seguridad nacional, lo cual implica que se ponga a la par de la Defensa Nacional como “un mando civil envolviendo a las funciones militares”, Anaya dejó entrever su preocupación por probables “invasiones de competencia” en la colaboración con otras instituciones.

“Parece como que (la SSPC) se pone a la par del ministerio público. Me parece que podemos tener problemas con la Fiscalía. Me gustaría que consultáramos con la Fiscalía General de la República si esta redacción no les genera un ruido, porque si no al rato todo mundo va andar a rienda suelta haciendo investigación y se pierde la conducción del ministerio público”, refirió la senadora priista.

Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, destacó que la iniciativa es una “mejora urgente” para garantizar una articulación entre dependencias y niveles de gobierno, pero de “manera transparente y auditable”.

Sin embargo, refirió que la confianza que se le está depositando a la reforma es un llamado para que dicha secretaría transforme “de una vez y para siempre la manera en que se investigan y persiguen los delitos y se combate la impunidad en nuestro país”, que, a partir de un plan de colaboración y una estrategia de prevención, está obligada a dar resultados.

“Con la seguridad de la gente no se juega. No basta con asignarles mayores facultades, es necesario ver también resultados que justifiquen la confianza que el día de hoy estamos depositando en nuestras instituciones (…) Recordemos que esta oportunidad conlleva un compromiso, la promesa de que las instituciones demuestren con hechos que la justicia en México no sólo es posible, sino que está en marcha. No nos conformaremos con menos”, apuntó el legislador emecista.

Avances preliminares

En el contexto del avance de dicha reforma, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer algunos avances en materia de seguridad en los primeros 39 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Bajo la premisa del fortalecimiento de las capacidades de investigación y una “estrecha” colaboración y coordinación entre las autoridades del Gobierno de México y las autoridades estatales, García Harfuch destacó la detención de un promedio de 77 personas por delitos de alto impacto, dando un total de tres mil 15 en ese lapso.
Así como el aseguramiento de 1,334 armas de fuego y 42 toneladas de distintos tipos de droga, entre ellas: 20 mil 75 kilogramos de cocaína, 390 mil 740 pastillas de fentanilo.