Brotes de enfermedades, violencia sexual, desplazamientos forzados, inseguridad alimentaria e inundaciones. Este es el desolador panorama que enfrenta actualmente Sudán desde abril de 2023, como resultado de una intensa lucha de poder entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que ha dejado un saldo estimado de 20 mil muertes.
El conflicto actual, que mezcla divisiones étnicas y políticas profundamente enraizadas, ha intensificado los problemas que el país ya enfrentaba antes del estallido de violencia. Es importante señalar que Sudán ha sufrido durante décadas una tradición de inestabilidad y violencia, en gran medida derivada del conflicto de Darfur, el cual se extendió del 26 de febrero de 2003 al 31 de agosto de 2020. Este conflicto dejó un número incalculable de víctimas y provocó el desplazamiento de millones de personas.
El conflicto en Darfur, originado por profundas diferencias raciales y étnicas, se centró en su región occidental, pero sus efectos devastadores no se limitaron a esta área. La violencia también traspasó fronteras, al afectar a países vecinos como Chad y la República Centroafricana, donde el vandalismo y los enfrentamientos armados han perdurado hasta la actualidad.
Ahora, dos años y medio después del supuesto fin de este conflicto, la violencia en Sudán ha vuelto a intensificarse, especialmente tras el levantamiento de las RSF. Esta situación ha llamado la atención de la comunidad internacional, aunque los organismos globales parecen impotentes para devolver la paz al pueblo sudanés.
Los temores de la comunidad internacional no son infundados. A inicios de este mes, Alice Wairimu Nderitu, asesora de la ONU para la prevención del genocidio, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos que Sudán podría estar siendo escenario de un genocidio.
“Observamos todos los riesgos y todos los indicadores de crímenes de genocidio, así como serias denuncias de que este delito ya se está cometiendo en Sudán”, fueron sus palabras, refiriéndose a los asesinatos en masa contra minorías no árabes, como los grupos étnicos masalit, zaghawa y fur. Aunque la mayoría de estos crímenes son atribuidos a las RSF, algunos informes también señalan que las poblaciones árabes se encuentran en un estado de vulnerabilidad, expuestas a la violencia que se ha desatado en el país.
Nderitu también aprovechó su intervención para recordar que, durante el conflicto de Darfur, estas mismas minorías fueron objeto de ataques sistemáticos, y hasta el momento no han recibido justicia por las atrocidades sufridas.
La crisis humanitaria ha escalado hasta niveles alarmantes. Desde la segunda mitad de 2023, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) informó que casi 16 millones de sudaneses necesitan asistencia humanitaria urgente. La falta de acceso a alimentos, agua potable, y atención médica ha exacerbado las condiciones de vida, especialmente en áreas rurales, donde la violencia ha destruido infraestructuras esenciales como hospitales y escuelas.
Negativa gubernamental y reacción internacional
A pesar de las múltiples alertas emitidas por la comunidad internacional, el gobierno sudanés, encabezado por Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, actual líder del Consejo Soberano de Sudán, ha mostrado una firme oposición a cualquier tipo de intervención por parte de la ONU. Burhan ha acusado a la organización de intentar desarmar a su ejército y de tomar partido en el conflicto.
“El informe se refiere a crímenes de guerra y contra la humanidad, violencia sexual, esclavitud, reclutamiento de niños y ataques étnicos cometidos por las milicias de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF)... Pese a ello, pide un embargo de armas a las fuerzas del Ejército que combaten a esas milicias en defensa de los civiles”, señaló el Ministerio de Exteriores de Sudán en un comunicado. En dicho mensaje, el Ministerio también acusó a la ONU de actuar con “falta de profesionalismo e independencia” en su enfoque hacia el conflicto.
En medio de este clima de tensión, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), visitó el país para evaluar la situación de primera mano. Su evaluación pintó un panorama sombrío: hospitales destruidos, brotes de enfermedades infecciosas como cólera y hepatitis, inundaciones que afectan gravemente a las comunidades, e incluso el colapso de una represa en el noreste del país. Estas catástrofes naturales, sumadas a la violencia incesante, ponen en peligro a millones de personas que ya viven en condiciones de extrema precariedad.
El cambio climático también ha exacerbado la crisis humanitaria. Las fuertes lluvias e inundaciones, que han golpeado a Sudán en los últimos meses, han destruido cosechas y desplazado a más familias, agravando aún más la inseguridad alimentaria en una nación que ya se encuentra al borde del colapso.
Por su parte, Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para tomar medidas. “El mundo no puede permitir que esto continúe”, afirmó en un discurso reciente, en el que subrayó que la crisis actual ha sido alimentada por “una impunidad de larga data, una batalla por el poder, intereses económicos contrapuestos y la instrumentalización de las tensiones étnicas”.
