Sindicatos denuncian acoso en Nayarit
El SNTE, dirigido por Alfonso Cepeda Salas, y las organizaciones exigen al gobierno estatal respetar la Constitución, la legislación laboral .
/Especial
Entre los denunciantes se encuentra el SNTE, encabezado por su líder,Alfonso Cepeda Salas
Diversos sindicatos y organizaciones han denunciado actos de “persecución, represión y discriminación” por parte de la administración estatal de Nayarit, encabezada por Miguel Ángel Navarro Quintero. Entre los denunciantes se encuentra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), liderado por Alfonso Cepeda Salas, quien firmó un comunicado dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, entre otros funcionarios.
El pronunciamiento señala la intromisión en la vida interna de los sindicatos, el aseguramiento de bienes y propiedades legítimamente adquiridas, la apertura de investigaciones en la Fiscalía General del Estado (FGE) contra agremiados y dirigentes, y la imposición de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores del Estado de Nayarit, conocida como la Ley Navarro.
Asimismo, se destacó el caso del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM), que actualmente se encuentra en un proceso de renovación de su Comité Ejecutivo. Durante este proceso, se han registrado actos de hostigamiento, afectando principalmente a Óscar Flavio Cedano Saucedo, actual secretario general y candidato en el proceso electoral interno del sindicato.
Los sindicatos denunciantes argumentan que estas acciones violan los principios de la política laboral progresista impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en cuanto a democracia, libertad, derecho de sindicación y negociación colectiva. Además, consideran que dichas prácticas socavan la capacidad de los sindicatos para representar, organizar y movilizar a los trabajadores, lo que es clave para avanzar en la transformación del país.
En su comunicado, las organizaciones exigen al gobierno estatal respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación laboral y los convenios 87 y 98 de la OIT.
También demandan el cese de las acciones intimidatorias, el respeto al Estado de Derecho y que cualquier delito o falta administrativa se investigue y sancione conforme a la ley.
