Silvano Aureoles, el caos financiero
Datos de la ASF revelan que aún no se aclaran 32 mil 666 mdp que se usaron de forma irregular en el gobierno del experredista, pero solo se han presentado dos denuncias penales
Foto: Cuartoscuro
El boquete financiero que dejó el experredista Silvano Aureoles al gobierno de Michoacán es multimillonario. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) destaca que aún no se aclara ni se han reintegrado 32 mil 666 millones de pesos federales que se transfirieron al estado entre 2016 y 2021 y se utilizaron de forma irregular.
Silvano Aureoles tiene una orden de aprehensión por el presunto desvío de 5 mil 186 millones de pesos del erario estatal. El actual gobierno, el del morenista Alfredo Ramírez Bedolla, lo señala por sobreprecios en el arrendamiento y construcción de siete cuarteles de la policía estatal en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro, municipios con altos índices de inseguridad debido a la presencia del crimen organizado.
›Pero el presunto desfalco es mayor si se toman en cuenta los recursos federales que fueron transferidos a Michoacán durante la administración de Aureoles Conejo (octubre de 2015 a septiembre de 2021) y que se usaron para pagos no autorizados, sobrecostos, obras no concluidas y equipo adquirido pero no localizado, entre otras irregularidades detectadas.
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De acuerdo con el Sistema Público de Consulta de la ASF, de 2016 a 2021, el máximo órgano de fiscalización del país hizo 132 auditorías al gobierno de Michoacán y declaró un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 52 mil 575 millones de pesos, de los cuales solo se justificaron 19 mil 793 millones y 115.4 millones se devolvieron a la Tesorería de la Federación.
Pese a que no se ha aclarado el destino de 32 mil 666 millones de pesos que fueron destinados por el gobierno federal para fondos de salud, educación, seguridad e infraestructura estatal, entre otros, la ASF solo ha presentado un par de denuncias penales.
En junio de 2023 presentó dos denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República por el daño detectado en la auditoría número 964-DE-GF de la Cuenta Pública correspondiente al año 2020.
En esa auditoría concluyó que el gobierno estatal “no realizó una gestión razonable de los recursos de las participaciones federales a entidades federativas” y se usaron de manera irregular recursos etiquetados para obras públicas. La ASF destacó que tan solo de esa auditoría se determinó un probable daño por dos mil 464.8 millones y el gobierno estatal solo comprobó que se utilizó de forma correcta 5.3 millones de pesos.
Señalar culpables
En abril de 2024, ejecentral entrevistó a Silvano Aureoles con motivo de un reportaje sobre la desaparición del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde militaba el exgobernador. Entonces se le preguntó sobre las observaciones que hizo la ASF a su administración y los recursos que no se habían reintegrado a la Tesorería.
“En el caso mío, eso ya no existe, porque lo que había era una observación en el marco de la Ley de Disciplina Financiera, pero que no tenía... No es que los recursos no se supiera dónde estaban o que se hayan manejado mal, no. Fue un asunto administrativo que ya se corrigió; eso tiene algunos meses que está totalmente desvanecido”, enfatizó.
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La Auditoría, hasta el momento, lo sigue poniendo como faltante, o sea, no se ha solventado. ¿Por qué?
“Tengo yo los documentos de solventados. Es una falta de la Auditoría. No se puede negar que el ejercicio del gobierno desgasta, pero si eso fuera así, pues no andaría yo haciendo uso pleno de mis derechos políticos en la competencia en este momento, si hubiera una situación de esa naturaleza”, respondió el político, quien, para entonces, había desistido de su intención de convertirse en candidato presidencial de oposición”.
En esa entrevista culpó a su sucesor, Alfredo Ramírez Bedolla, de no haber entregado los documentos que solventaban las observaciones de la Auditoría Superior.
“Sólo eran cuestiones administrativas que el nuevo gobierno, por su animadversión en contra mía, por la denuncia que les hice o que los desenmascaré de que no habían ganado, sino que había sido el crimen organizado el que los puso, se vinieron encima y entonces no entregaron la información. Hicieron una campaña mediática para intentar, digamos, quitarle fuerza a mis posturas públicas, pero eso está totalmente desvanecido. Eso no existe; ese supuesto faltante, además, está totalmente resuelto”, contestó.
Cuarteles a sobreprecio
El pasado 4 de marzo, Ramírez Bedolla confirmó que Silvano Aureoles es un “prófugo de la justicia” y quee“andaa huyendo”.
Unos días antes, el 1 de marzo, las autoridades detuvieron a funcionarios cercanos a Aureoles: Carlos Maldonado, exsecretario de Finanzas, y Antonio Bernal, exsecretario de Seguridad. También fueron detenidos Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública, y Elizabeth Villegas, exdelegada administrativa de la misma dependencia.
Los cuatro fueron acusados por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. “Servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas y Administración, con instrucciones del entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo, compraron a sobreprecio siete complejos de la policía de Michoacán después de arrendarlos también a altos costos.
En ese periodo, el estado comprometió aproximadamente cinco mil millones de pesos para los cuarteles, de los cuales se erogó una cantidad de tres mil 468 millones de pesos”, se expuso en conferencia de prensa.
›La administración de Ramírez Bedolla señaló que los funcionarios estatales y el mismo gobernador firmaron contratos supuestamente irregulares por adjudicación directa con la inmobiliaria DYF S.A. de C.V., empresa que no tenía la propiedad de los terrenos que vendió al gobierno.
El 28 de septiembre de 2021, dos días antes de que concluyera la administración de Aureoles, se hicieron las dispersiones de los pagos a la empresa y se trató de protocolizar la compraventa de los terrenos en una notaría de la Ciudad de México, explicó la contralora de Michoacán, Azucena Marín.
Por ejemplo, destacó Alfredo Ramírez, por un cuartel se pagaron 980 millones de pesos cuando no tenía un valor superior a los 180 millones.
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Silvano Aureoles fue el último gobernador que tuvo el PRD. El 29 de junio de 2021, en tiempos de pandemia por Covid-19, acudió a Palacio Nacional para solicitar una reunión con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, tomó un banquito y se sentó afuera del lugar donde despachaba y vivía el presidente.
Sostenía una abultada carpeta blanca que, según él, contenía las pruebas de que el crimen organizado había influido en las elecciones a gobernador de Michoacán, en las que ganó el morenista Alfredo Ramírez Bedolla. El expresidente López Obrador nunca recibió al perredista.
Ramírez Bedolla anticipó que hay más denuncias contra Aureoles y las indagatorias están en curso, pero se negó a decir si entre las investigaciones se encuentra alguna que relacione al experredista con el crimen organizado.
