Sheinbaum restituye tierras a pueblo indígena rarámuri
Claudia Sheinbaum firmó un decreto para reconocer y restituir tierras a los rarámuris, destacando su resistencia y dignidad frente al despojo histórico
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó un decreto histórico para el reconocimiento y restitución de tierras a las comunidades indígenas rarámuris, originarias del estado de Chihuahua, un territorio limítrofe con Estados Unidos. Este acto refuerza el compromiso de la “cuarta transformación” con los derechos de los pueblos originarios.
Un acto simbólico y cultural
Durante la ceremonia, Sheinbaum participó en un ritual tradicional encabezado por una anciana rarámuri. La presidenta dio varias vueltas alrededor de una cruz antes de arrodillarse para recibir una bendición, resaltando la importancia de las tradiciones indígenas en el evento.
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En su discurso, Sheinbaum destacó la “dignidad” y la resistencia de los rarámuris frente al despojo histórico, señalando que su legado “inspira para reconocer sus derechos y erradicar la discriminación”.
Quiénes son los rarámuris
Los rarámuri, también conocidos como tarahumaras, son una etnia nómada que habita en la Sierra Tarahumara, al norte de Chihuahua. Son reconocidos internacionalmente por su impresionante capacidad física, desarrollada a través de su tradición de correr largas distancias en terrenos accidentados.
El compromiso de la cuarta transformación
La restitución de tierras a los pueblos indígenas es un pilar central del proyecto político de la cuarta transformación, iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por Claudia Sheinbaum. Este decreto sigue los pasos de una reforma constitucional reciente que garantiza derechos patrimoniales a pueblos indígenas y afromexicanos, impulsando su participación en decisiones clave sobre sus territorios.
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Restitución de tierras en México
En 2022, López Obrador entregó cerca de 30,000 hectáreas al pueblo yaqui en Sonora, una medida similar a la actual restitución a los rarámuris, reafirmando el compromiso del gobierno con la justicia histórica para los pueblos originarios.