Sesgo y exclusión en la tómbola judicial
El proceso de selección judicial incumplió la Constitución, redujo aspirantes y benefició al oficialismo. La falta de transparencia podría llegar a instancias internacionales
La selección de candidatos al Poder Judicial quedó marcada por la violación del proceso que establece la Constitución y que el partido Morena aprobó en el Congreso como parte de la reforma judicial del año pasado.
Aunque la Constitución establecía que, por ejemplo, para seleccionar a los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se debían postular 10 aspirantes por cada cargo (90 en total), el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo solo presentó 39 aspirantes (17 mujeres y 22 hombres).
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Para la Corte, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo consideró “idóneas” a 61 personas (41 hombres y 20 mujeres), en lugar de las 90 que debían ir a la insaculación.
›El artículo 96, fracción segunda, inciso C, de la Constitución establece que los Comités de Evaluación deben listar a las diez personas mejor evaluadas para cargos en la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial, y a seis para magistraturas de circuito y juzgados de distrito.
“Posteriormente, depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo, observando la paridad de género. Ajustados los listados, los comités los remitirán a la autoridad que represente a cada Poder de la Unión para su aprobación y envío al Senado”, indica el texto constitucional.
Al enviar menos aspirantes a la tómbola, se elevó la posibilidad de que los seleccionados resultaran sorteados, mientras que otros fueron descartados antes de este proceso.
Entre los insaculados destacan perfiles con vínculos estrechos con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Su exconsejera jurídica, María Estela Ríos, aparecerá en la boleta como candidata a ministra. También Celia Maya, quien en su momento fue propuesta por López Obrador para la Suprema Corte sin éxito, ahora busca un lugar en el Tribunal de Disciplina Judicial. Sin embargo, entre los descartados también quedaron figuras cercanas a la llamada “Cuarta Transformación”.
Francisco Burgoa, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y abogado constitucionalista, señala que “hay una clara violación a la Constitución porque debieron haber presentado en números totales 90 personas que consideraran idóneas para ser llevadas a la insaculación. No lo hicieron”.
“Lo que hicieron es prácticamente un fraude a la insaculación, es una violación a la Constitución, porque no están generando un proceso ni transparente ni equitativo. Al reducir el número de aspirantes a la insaculación, privilegiaron a personas cercanas al oficialismo, como ocurrió”, apuntó en entrevista para ejecentral.
Otra violación a la Constitución es que el Comité de Evaluación del Ejecutivo envió 19 aspirantes para ser insaculados y convertirse en candidatos al Tribunal de Disciplina Judicial, en lugar de los 50 requeridos, dado que se disputaban cinco lugares.
Mientras que el Comité de Evaluación del Legislativo envió a 38 aspirantes para este nuevo tribunal (20 hombres y 18 mujeres), es decir, 12 menos de lo que establece el texto constitucional.
Tampoco se cumplió con la paridad de género, pues en todos los casos se incluyeron más hombres que mujeres, bajo el argumento de que no había suficientes féminas inscritas. Incluso, a algunas se les dio pase automático a la boleta.Al final, cada comité presentó 27 candidatos a la Suprema Corte, para un total de 81; en esto sí se cumplió lo que marca la reforma judicial.
Aunque la semana pasada, la SCJN rechazó avalar la lista de candidatos insaculados por el Senado, el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que la enviarán directamente al INE, porque así lo permite el Tribunal Electoral.
Francisco Burgoa anotó que “no hay ninguna explicación” de ninguno de los dos comités sobre la reducción en el número de insaculados, por lo que quienes quedaron fuera pueden impugnar. Aunque reconoce que el Tribunal Electoral —que ha estado actuando a favor de la elección judicial— podría desechar estos recursos, al tratarse de un hecho consumado.
“Este asunto podría llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, advirtió, pues se estaría violando el derecho humano a un recurso judicial efectivo.
Aunque “para ese momento esto ya será un asunto consumado”, lamentó, pues para la elección del 1 de junio faltan menos de 120 días.
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El abogado ha documentado “varias violaciones”, como el hecho de que el Tribunal Electoral se haya entrometido en un tema de amparo y decidiera que el Senado hiciera la insaculación que le correspondía al Comité de Evaluación del Poder Judicial.
Para el profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM, “los candidatos que provienen del Poder Judicial, derivado de la intervención del Tribunal Electoral y de la Mesa Directiva del Senado, son a todas luces parte de un procedimiento inconstitucional”.
Antes y después de la tómbola
Antes de la tómbola, ya había nombres descartados. Entre ellos, el exsecretario particular de Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, quien aspiraba a convertirse en ministro de la Corte. Anunció que impugnará el proceso, pero el Tribunal Electoral ya prepara una resolución para desestimar estos recursos, argumentando que la tómbola se llevó a cabo. Tampoco fue considerado “idóneo” en el Ejecutivo ni en el Legislativo el exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta.
Después del sorteo, otros nombres se sumaron a la lista de excluidos. Eduardo Andrade, vinculado con la ministra Yasmín Esquivel, quedó fuera. Lo mismo ocurrió con el morenista Jaime Cárdenas, extitular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, así como con Jorge Nader Kuri, integrante del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México.
Bernardo Bátiz, consejero de la Judicatura y figura cercana a López Obrador, tampoco consiguió una candidatura como ministro de la Corte. Su secretario técnico, Benjamín Gordillo, también quedó fuera en su intento por llegar al Tribunal de Disciplina Judicial.
Entre los rechazados también aparece Simón Hernández León, maestro en Derechos Humanos con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana. “Llegamos al punto en que la decisión la definió el azar”, escribió en sus redes.
Otros nombres que no pasaron el filtro fueron Guillermo Valls, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y Juan José Serrano, excontralor de Claudia Sheinbaum.
