Senado avala reforma para incluir más delitos graves con prisión preventiva oficiosa

El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que redefine el tratamiento de delitos graves en México. Con 94 votos a favor, 34 en contra y ninguna abstención, se amplió el catálogo de crímenes que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entre estos destacan la extorsión, el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo, el contrabando y el uso de comprobantes fiscales falsos.

La iniciativa ha generado un debate intenso sobre el balance entre garantizar la seguridad pública y respetar los derechos humanos, exponiendo posturas divergentes entre oficialismo y oposición.

¿Qué cambia con esta reforma?

La prisión preventiva oficiosa implica que los acusados de ciertos delitos graves permanezcan en detención durante su proceso judicial, sin posibilidad de libertad condicional. Con esta reforma al artículo 19 de la Constitución, se busca combatir delitos que han tenido un impacto significativo en la seguridad y economía del país.

• Extorsión: Identificada como un factor que paraliza comunidades, afecta a empresarios y alimenta al crimen organizado.

• Fentanilo y drogas sintéticas: En respuesta a la crisis binacional con Estados Unidos, se considera crucial reforzar el combate al tráfico de estas sustancias.

• Contrabando y comprobantes fiscales falsos: Se añaden por su capacidad de socavar la economía nacional y financiar actividades ilícitas.

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El debate: seguridad vs. derechos humanos

La reforma ha polarizado a los legisladores. Por un lado, los defensores, como el morenista Oscar Cantón Zetina, argumentan que estos delitos generan miedo y perpetúan la pobreza, y que incluirlos en el catálogo es una medida necesaria para proteger a las víctimas y a la sociedad. Por otro lado, críticos como Ricardo Anaya y Marko Cortés del PAN cuestionan la medida por su carácter automático, que consideran violatorio del derecho a la presunción de inocencia.

Uno de los puntos más polémicos es el uso de estadísticas: según Cortés, el 70% de las personas sujetas a prisión preventiva en México han sido finalmente absueltas, lo que refleja, según él, un riesgo de criminalización injusta.

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Aunque la aprobación fue liderada por Morena y sus aliados, sorprendieron los votos de siete senadores del PAN, quienes rompieron con la postura oficial de su partido. Entre ellos, Guadalupe Murguía y Mauricio Vila justificaron su respaldo en la necesidad de fortalecer las herramientas contra el crimen organizado.

Esta división interna en el PAN muestra cómo la seguridad pública sigue siendo un tema que trasciende líneas partidistas, pero también expone tensiones al interior de los grupos parlamentarios.

La reforma ahora debe ser ratificada por al menos 17 congresos locales para entrar en vigor. De aprobarse, las autoridades judiciales tendrán mayores herramientas para enfrentar delitos que afectan la economía y la seguridad. Sin embargo, el desafío será garantizar que la implementación no derive en abusos ni en violaciones a derechos humanos. DJ