Senado aprueba reforma que devuelve a Pemex y CFE su carácter de empresas públicas

El Senado aprobó una reforma constitucional que restablece el carácter de empresas públicas a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), devolviendo al Estado el control de los recursos energéticos del país. La reforma fue aprobada con 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención, y ahora se enviará a los congresos estatales para su ratificación.

La reforma modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, y busca revertir los cambios realizados en 2013 que permitieron la participación privada en el sector energético. De acuerdo con el senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el objetivo es corregir lo que se considera un error en la apertura energética de ese año, devolviendo la soberanía sobre los recursos energéticos al Estado.

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Los defensores de la reforma afirman que la CFE, ahora con mayor control del mercado eléctrico, podrá ofrecer tarifas más accesibles y recuperar su capacidad operativa. Según datos mencionados durante el debate, antes de la reforma de 2013, la CFE generaba el 63 % de la electricidad del país, mientras que las empresas privadas producían el 37 %. Al final de ese sexenio, esta tendencia se había invertido, dejando a la CFE en una posición desventajosa.

Oposición a lareforma a Pemex y CFE

Los partidos de oposición, particularmente el PRI y el PAN, se pronunciaron en contra de la reforma, argumentando que esta contrarreforma podría violar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y desalentar la inversión privada en el país. Asimismo, mencionaron que devolver el control total del sector energético al Estado podría agravar los problemas medioambientales debido al uso de energías más contaminantes.

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Otro punto clave discutido fue la cuestión de las deudas de Pemex y CFE. Los legisladores de la oposición señalaron que el cambio de estatus de estas empresas implicaría que sus deudas se conviertan en responsabilidades públicas, afectando al erario.

Durante el debate, se recordó también la participación de algunos legisladores en la aprobación de la reforma energética de 2013, en particular los presuntos sobornos recibidos en ese proceso. Asimismo, se mencionó el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como parte de los argumentos esgrimidos por los legisladores de la 4T.

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El proceso legislativo continúa ahora en los congresos locales, donde la reforma deberá ser ratificada para que pueda entrar en vigor. DJ