La Secretaría de la Función Pública (SFP), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) impidieron que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción accedieran a información sobre el desvío de recursos públicos en Segalmex y la extorsión de Odebrecht.
Esta falta de colaboración institucional ha dificultado que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) realice análisis e incluso exhortos sobre actos de corrupción en México, según Vania Pérez, consejera ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Obstáculos Institucionales para el Comité de Participación Ciudadana
›El CPC es uno de los brazos que conforman el Sistema y está integrado por especialistas en el combate a la corrupción y la lucha por la transparencia. El presidente de este comité también lo es del SNA.
A mediados del año pasado, de forma inédita, el CPC solicitó a las instancias que conforman el Sistema (SFP, CJF, Fiscalía Especializada, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Instituto Nacional de Transparencia y la Auditoría Superior de la Federación) la información que tuvieran en su poder sobre los casos de Segalmex y Odebrecht.
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Argumentó que el artículo 21 de la Ley General del SNA permite al CPC “acceder sin ninguna restricción a la información que genere el Sistema”.
ejecentral tuvo acceso a las respuestas de cada una de las instituciones; la mayoría se negó a entregar lo solicitado. Solo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa entregó su archivo, mientras que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) proporcionó un enlace público sobre el caso Odebrecht.
Reacciones y consecuencias de la falta de Transparencia
En agosto de 2023, la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Roberto Salcedo, contestó que aunque el CPC tiene las atribuciones para “acceder sin ninguna restricción a la información que genere el Sistema Nacional”, esto no implica que ese acceso le permita conocer todo tipo de información generada por las instituciones.
El 29 de agosto pasado, la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos, respondió que la información contenida en las carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía General de la República no está al alcance del SNA, pues es reservada, excepto para quienes sean parte del proceso penal.
“Toda vez que la información de interés del Comité de Participación Ciudadana se encuentra en carpetas de investigación, existe una imposibilidad jurídica para entregarla. El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los registros de investigación son estrictamente reservados, por lo que solo las partes del proceso penal podrán tener acceso a ellos con las limitaciones establecidas por esa norma”, precisó.
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El Consejo de la Judicatura Federal, instancia del Poder Judicial, respondió que no está en posibilidades de atender la solicitud porque la ley solo permite al CPC acceder a información sobre la política de combate a la corrupción.
“En otras palabras, la citada atribución no se refiere a la información que, en su esfera competencial, generan las instituciones a las que pertenecen los integrantes del Comité Coordinador, cuyo mecanismo de acceso se rige por un marco constitucional, legal y normativo diverso”, añadió en una carta fechada el 30 de agosto y firmada por la magistrada Lilia López, representante del CJF.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa entregó los datos, pero respondió meses después de la solicitud, el 2 de febrero de 2024, con una lista de asuntos radicados en las salas regionales que están pendientes y resueltos, en los que Segalmex, Diconsa, Liconsa y Odebrecht son parte demandada o actora.
También se hizo la solicitud a la Auditoría Superior de la Federación, pero no se tiene registro de su respuesta.
Vania Pérez, integrante del CPC, confirmó a este medio que las instituciones públicas han “bateado” los requerimientos del Comité de Participación Ciudadana, lo que ha entorpecido el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Hay falta de voluntad política, un problema de origen que me parece muy grave, y es que los ciudadanos en el SNA, es decir, el Comité de Participación Ciudadana, no son considerados como iguales por las demás instituciones que conforman el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción”, lamentó.
Pérez Morales impulsó la propuesta para que el CPC accediera a información de Segalmex y Odebrecht, un caso de corrupción ocurrido durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y otro identificado en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“Tuve que proponer dos casos de diferentes sexenios para que no dijeran que mi interés era político”, declaró.
Lamentó que algunos funcionarios que integran el SNA ni siquiera se hayan comprometido con él.
“Me parece que hay dos piezas que se han comprometido y nos acompañan en las reuniones: uno es el secretario de la Función Pública y otra es la fiscal especializada en combate a la corrupción. Pero, fuera de ellos, nadie más se involucra; no les importa. En muchas ocasiones ni siquiera asisten físicamente a las reuniones, y en otras ni siquiera van. Claramente, hay una falta de voluntad por parte de muchos de los integrantes del Comité Coordinador para que el Sistema funcione”, declaró.
Para la consejera, esto es una muestra de que el embate al SNA no sólo proviene de factores o actores externos, como el presidente de la República, sino de los mismos integrantes del Sistema, quienes han debilitado el único mecanismo de coordinación creado para identificar, señalar y combatir actos de corrupción a nivel nacional.
Según su historial público, los siete integrantes del Comité Coordinador del SNA sólo se han reunido una vez para hacer un exhorto, en 2018, cuando solicitaron a la entonces Procuraduría General de la República que entregara información sobre el caso Odebrecht.
