Los secuestros en México van en aumento. Según cifras oficiales, de enero a noviembre de 2024 se registraron 829 víctimas de este delito en el país, superando las cifras del mismo periodo de 2021, 2022 y 2023.
Aunque se trata de uno de los delitos de alto impacto que más vulneran a las personas y generan un impacto negativo en la percepción de seguridad, se mantiene un bajo índice de denuncia. Las autoridades estatales sólo reportan tres de cada diez víctimas, en promedio.
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Los secuestros están entre los delitos con mayor cifra negra a nivel nacional. Al igual que los fraudes y las extorsiones, más del 95% de los secuestros en el país no se denuncian y, en consecuencia, no se investigan.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del Inegi, la cifra negra de los delitos cometidos en el país en 2023 se ubicó en 92.9%. En el caso específico de los secuestros, dicha medición pasó de 86.4% a 95.2% entre 2022 y 2023.
La tasa de víctimas de secuestro por cada 100 mil habitantes en 2023 se ubicó en 66, colocándose como la quinta más alta de los últimos 12 años, superada por las registradas en 2012 (80), 2013 (103), 2014 (83) y 2019 (83).
Víctimas del subregistro
Según lo reportado por las fiscalías y procuradurías del país, en noviembre de 2024 se registraron 161 víctimas de secuestro, es decir, un promedio de cinco personas secuestradas cada día.
En 19 entidades se registró al menos una persona secuestrada en el mes, pero fue en Chiapas (46), Chihuahua (41), Tamaulipas (27) y Oaxaca (13) donde se concentró el 79% de las víctimas del país.
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En el caso del secuestro de mujeres, noviembre alcanzó un nuevo máximo histórico con un total de 46 víctimas, una menos que las contabilizadas en diciembre de 2023.
Esto implicó un aumento de 228% respecto a octubre, siendo el mes con más mujeres secuestradas del año pasado, según el conteo oficial.
Sin embargo, el seguimiento que mensualmente realiza la asociación civil Alto al Secuestro indica que sólo en noviembre se registraron un total de 340 víctimas de secuestro, lo que implicó que casi el 70% de los casos quedó fuera de la estadística oficial.
El informe de la asociación señala que la suma de víctimas significó un aumento de 17.2% respecto a las 290 víctimas registradas en octubre, y un alza de 10.2% en el número de casos, al pasar de 78 a 86 secuestros entre octubre y noviembre. Uno de los señalamientos más recurrentes de Alto al Secuestro es la omisión de las autoridades al contabilizar los secuestros masivos de migrantes en el registro oficial.
Según la asociación, en noviembre se contabilizaron 14 de este tipo de secuestros: Chihuahua con seis; Oaxaca, cuatro; Chiapas y Tamaulipas, tres y un caso, respectivamente, con un registro de 84 víctimas en total.
Además, en el mismo mes, la asociación registró otros cinco secuestros masivos con un total de 38 víctimas. Dos casos ocurrieron en Chiapas, con una docena de víctimas; en Guerrero, Veracruz y Nuevo León se registró un secuestro masivo en cada entidad, con 17, cinco y cuatro víctimas, respectivamente.
¿Omisión u opacidad?
La ambigüedad de las cifras de secuestro en la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se refleja en el subregistro que se hace en las distintas categorías donde se clasifica el delito y el número de víctimas.
Con base en lo reportado por las 32 fiscalías, entre enero y noviembre se registraron 29,497 “víctimas de delitos contra la libertad personal”, entre las cuales se incluyen víctimas de secuestro, tráfico de menores y rapto.
El 70.2% de las 829 víctimas de secuestro correspondieron a “secuestro extorsivo”, con un total de 582; 87 víctimas de “secuestro con calidad de rehén”; 85 de “secuestro exprés” y 75 casos de “secuestro para causar daño”.
El tráfico de menores sumó 37 víctimas y el delito de rapto, 97 en ese periodo. No obstante, el grueso de la estadística se clasificó como “víctimas por otros delitos que atentan contra la libertad personal”, con un total de 28,534, equivalentes al 96.7% del total de víctimas.
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Dicha subcategoría, en la que según los lineamientos del SESNSP se incluyen las víctimas de desaparición forzada cometida por particulares, entre otras modalidades de secuestro, ha mantenido una tendencia al alza, siendo 2023 el año con el mayor número de víctimas bajo esa clasificación, con un total de 33,638.
Especialistas y organizaciones civiles como Causa en Común insisten en que el uso de ese tipo de subcategorías o clasificaciones por parte de las fiscalías está “mal definido” y es “poco preciso”.
De acuerdo con el análisis “¿Están disminuyendo los homicidios y secuestros?”, realizado por dicha organización sobre las cifras del SESNSP, el uso de esas subcategorías no sólo en los delitos de secuestro, sino también en homicidios y trata de personas, busca generar la percepción de que el delito va a la baja, implicando un subregistro en el número de delitos y víctimas.
El fortalecimiento de las unidades antisecuestro en las entidades se encuentra entre las primeras acciones como parte de la coordinación con las autoridades estatales que se contempla en la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno de la presidenta.
En ese sentido, el gabinete de seguridad informó que entre diciembre pasado y enero de 2025, con la participación de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército en coordinación con fuerzas estatales, se logró la liberación de una persona secuestrada en Irapuato, Guanajuato, así como la liberación de otras dos víctimas y la detención de siete sospechosos en una acción en Mexicali, Baja California.
El subregistro y la opacidad en la estadística oficial de secuestros dificultan la compren-sión real del problema, ya que más del 95% de los casos no se denuncian y muchas víctimas son clasificadas en categorías imprecisas, lo que genera una percepción errónea sobre la disminución del delito.
