Especialistas en transparencia y combate a la corrupción están preocupados por la concentración de funciones de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, creada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay riesgos de que prevalezca la opacidad y de que no se castiguen las grandes mafias, pero, a la vez, hay confianza en que se reduzca la discrecionalidad en las compras públicas y se reactive la coordinación entre autoridades, lo que se perdió en el sexenio anterior.
PUEDES LEER: Nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno: Ellos integran el equipo que sustituye al INAI
En diciembre pasado, se publicó la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2023-2024, realizada por el Centro Vance para la Justicia Internacional del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Se revisaron los marcos institucionales y los esfuerzos que se emprenden en 18 países de la región para enfrentar la corrupción.
›México obtuvo un puntaje promedio de 4.62 en una escala del 0 al 10 y cayó del sitio nueve que tuvo en la evaluación 2021-2022 al lugar 11. El informe destaca que la legislación es de vanguardia, pero hay deficiencia en la aplicación de leyes y se carece de confianza en las autoridades.
Añade que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es un retroceso, mientras que el “constante ocultamiento y clasificación de información esencial por el gobierno federal demuestra que son claros los obstáculos prácticos, así como la falta de voluntad política e institucional para garantizar el acceso a la información pública y la rendición de cuentas”.
En ese marco, nació la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro. La dependencia absorberá la mayoría de las tareas del INAI, pero, justo esa concentración de facultades, podría provocar la opacidad de los gobiernos o Poderes de la Unión, de acuerdo con especialistas consultadas por ejecentral.
PUEDES LEER: El nepotismo y la corrupción: todos los gobiernos son iguales
Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, dijo que la nueva secretaría, por su naturaleza, no podrá intervenir ni obligar a otros Poderes o gobiernos a transparentar información, como sí lo hace el INAI, órgano autónomo que desaparecerá este año.
“Se está apostando a la autorregulación, a que cada quien cumpla voluntariamente con sus obligaciones de transparencia. Si viviéramos en un país en donde hay una cultura de la transparencia, ni siquiera necesitaríamos un órgano encargado para ello; pero sabemos que prevalece la cultura de la opacidad y que la ausencia del órgano que los obligaba y que los sancionaba en caso de incumplimiento va a permitir que haya omisiones sin consecuencias”, opinó.
Otro de los eslabones históricamente débiles es la sanción de las redes anticorrupción, por lo que la nueva secretaría debería fortalecer la colaboración con las fiscalías, agregó Morales Canales, quien también es investigadora del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) de la Universidad de Guadalajara.
“La secretaría está muy enfocada en las compras del gobierno, por lo menos es lo que viene en la ley, y eso es buena noticia porque las compras públicas son uno de los eslabones más vulnerables para la corrupción, una bandera roja. Desafortunadamente, en las compras públicas hay abuso, mucha discrecionalidad y poca claridad sobre los precios, los montos y la calidad de lo que se adquiere…”, consideró.
Para Vania Pérez, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), es preocupante que la dependencia a cargo de Buenrostro concentre tantas funciones de transparencia, debido a que podría descuidar las tareas que ya tenía por ley; sin embargo, dijo, a nivel mundial hay casos de éxito que deberían estudiarse.
PUEDES LEER: Destapan red de corrupción en el Infonavit: así era el esquema
“Hay muchos ejemplos en Singapur, en Hong Kong, en Rumanía, en algunos lugares del mundo, donde concentrar las acciones en materia anticorrupción en una sola secretaría o en un solo ente fue positivo, toda vez que esto ayuda a que haya un solo control y un solo mando para atacar los problemas de raíz”, argumentó.
Vania Pérez confía en que el nuevo gobierno coadyuve con el SNA, un sistema que se pensó para que diversas instituciones públicas se coordinen y puedan prevenir y combatir la corrupción.
El pasado 31 de diciembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó el Reglamento Interior de la nueva dependencia federal, la cual contará con siete áreas clave: la Subsecretaría del Buen Gobierno, que tendrá un área exclusiva para la revisión de contrataciones públicas; la Subsecretaría Anticorrupción; la Unidad de Combate a la Impunidad; la Dirección General de Transparencia; y las Unidades de Asuntos Jurídicos, de Apoyo y de Administración.
La creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, ha generado preocupación entre especialistas por la concentración de funciones y su posible impacto en la transparencia y la rendición de cuentas.
