Ellos conforman el Comité de Evaluación del Poder Judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha designado a los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF), encargado de seleccionar a los aspirantes a ocupar cargos de ministros, magistrados y jueces federales. Este comité se establece en el marco de la reforma judicial implementada en el país.

Integrantes del Comité

Los juristas elegidos, tras varias votaciones en el pleno, son:

• Mónica González Contró: Directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
• Emma Meza Fonseca: Magistrada del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
• Emilia Molina de la Fuente: Presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, destacando su compromiso con la equidad de género en el sistema judicial.
• Wilfrido Castañón León: Reconocido por su especialización en Derecho Procesal Civil y Mercantil.
• Luis Enrique Perea Trejo: Poseedor de un doctorado en Derecho, aportando una visión académica al grupo.

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Objetivos del Comité de Evaluación

El objetivo principal del Comité de Evaluación es garantizar la idoneidad de los candidatos que buscan ocupar cargos en el Poder Judicial, incluyendo jueces de Distrito, magistrados de Circuito, miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del recientemente creado Tribunal de Disciplina Judicial. Además, el comité jugará un papel fundamental en la selección de los nuevos ministros de la SCJN.

Proceso de selección judicial en México

Los Comités de Evaluación desempeñarán un papel crucial en el proceso de selección de personas juzgadoras en México. Tienen la responsabilidad de publicar convocatorias dentro de los 15 días naturales tras su integración. Este proceso está diseñado para garantizar la idoneidad de los aspirantes a través de una metodología rigurosa.

Fechas clave del proceso de evaluación

La convocatoria para participar en la evaluación se abrirá del 5 al 24 de noviembre de 2024. Durante este período, los Comités darán a conocer las etapas, fechas y plazos aplicables, así como los mecanismos de inscripción y otros medios de contacto necesarios.

La evaluación de los aspirantes considerará sus perfiles curriculares, antecedentes académicos y profesionales, asegurando que se seleccionen los mejores candidatos.

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Una vez finalizado el periodo de inscripciones, los Comités deberán publicar, a más tardar el 14 de diciembre de 2024, una lista de los aspirantes que cumplen con los requisitos establecidos. Según el artículo 500 de la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, aquellos candidatos rechazados tendrán derecho a impugnar dicha decisión ante el Tribunal Electoral o la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La ley estipula que las impugnaciones se resolverán en un plazo que permita a los aspirantes participar en la evaluación de idoneidad, fijando como fecha límite el 31 de enero de 2025. Durante esta etapa, se realizarán entrevistas públicas a los candidatos más idóneos para evaluar su competencia y conocimientos técnicos requeridos para los cargos.

Selección de candidatos

Los Comités de Evaluación seleccionarán a los aspirantes mejor evaluados, proponiendo 10 candidatos por cargo para los puestos de ministros de la Suprema Corte y magistrados del Tribunal Electoral. Para las magistraturas de los Tribunales Colegiados y los Juzgados de Distrito, se propondrán seis candidatos.

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Estas listas finales se enviarán a los Poderes de la Unión para su conformidad total o parcial, antes de proceder con un sorteo o insaculación. Una vez que los Poderes determinen su conformidad con los listados, los Comités ajustarán las postulaciones mediante insaculación pública, como indica el artículo 500. Este proceso debe completarse a más tardar el 6 de febrero de 2025.

Aprobación final por el Senado

Los listados depurados serán enviados al Senado de la República, quien deberá aprobarlos antes del 10 de febrero de 2025, en preparación para las elecciones programadas para junio de ese año. Este proceso de selección busca asegurar que los nuevos jueces y magistrados cuenten con las capacidades necesarias para desempeñar sus funciones en el sistema judicial mexicano.