Rubén Rocha, el nombre del escándalo

Plagada de acusaciones desde su lanzamiento, la postulación de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa por parte de Morena se convirtió en un escándalo durante la campaña y en otro, de mayor dimensión aún, cuando se informó acerca de una jornada electoral marcada por la violencia, el miedo, la denuncia de secuestro a funcionario de casilla, la opacidad y los actos más sucio del repertorio de las prácticas del fraude electoral, fueron aplicados para asegurar el triunfo del candidato morenista el 6 de junio de 2021.

Ahí no paró el escándalo, pues con el mote de narcogobernador a cuestas, Rocha Moya inició una guerra con quien antes fue su amigo, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien se convirtió en un factor de equilibrio y contrapeso al gobernador desde la Universidad Autónoma de Sinaloa y dentro de Morena también.

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A cada momento era más evidente que a pesar de su relación de amistad, o complicidad, con las principales bandas del narcotráfico sinaloense y nacional, con todo y su cercanía con el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, que avaló primero su postulación, y después su elección a pesar de estar marcada por las irregularidades más graves, Rocha Moya no tenía, quizá nunca lo tuvo, el control político pleno del estado.

Secuestro de alto impacto

El momento de quiebre que marcó la descomposición en su gobierno, ocurrió el 25 de julio de 2024, cuando una operación cuyo trasfondo difícilmente se conocerá con certeza, puso a Ismael, El Mayo Zambada, arriba de un avión que salió de México y aterrizó en Estados Unidos. En la nave también viajaba Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín, El Chapo Guzmán. Ambos fueron detenidos de forma inmediata, en territorio norteamericano, por autoridades policiacas y de agencias especiales de aquel país. Así se sellaba la suerte del gran capo mexicano y también así, se precipitaba la desgracia política del todavía gobernador de Sinaloa.

A la par de la sorpresiva detención de Zambada y Joaquín Guzmán López en El Paso, Texas, se confirmó el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, adversario político del gobernador, ocurrido casi al mismo tiempo de la detención y traslado, ilegales, del capo a Estados Unidos.

La versión oficial, de la Fiscalía estatal de Sinaloa, indicó que Héctor Melesio Cuén fue ultimado en una gasolinera por un par de sujetos que pretendían robar su camioneta. La realidad fue otra. La detención de El Mayo Zambada fue acompañada por la noticia del asesinato del ex rector de la UAS, además de una extraña versión, que resultó falsa, de un supuesto viaje a California del mandatario sinaloense con su familia.

Bomba por correo

Unas semanas después, el 9 de agosto, apareció la carta de El Mayo Zambada. Presentada a medios y difundida con amplitud por su abogado, Frank Pérez, la misiva es prácticamente un misil de largo alcance dirigido desde Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya. En ella, además de precisar que fue secuestrado y llevado a Estados Unidos contra su voluntad, El Mayo Zambada denuncia que solo fue detenido porque se le puso una trampa diseñada entre su ahijado, Joaquín Guzmán López, y el propio mandatario sinaloense, quien lo habría atraído al lugar de su aprehensión con engaños, pues se le convocó para mediar en una disputa por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa, entre dos amigos: el gobernador Rocha Moya y el diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda.

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Con sus afirmaciones, Zambada implica y confirma lo que ya se sabía: tenía una amistad tan sólida con Rocha Moya, que acudió a su llamado para ayudarlo a solucionar un conflicto político con otro amigo suyo: Cuén Ojeda. Eso no es todo. En su carta, El Mayo afirma haber visto al exrector, vivo y con un ayudante al que conocía, en el lugar de la reunión, un rancho llamado Huertos del Pedregal, ubicado a las afueras de Culiacán. A esa afirmación sobre la presencia de Héctor Cuén ahí, le sigue otra particularmente grave: “Estoy al tanto de la versión oficial de las autoridades estatales que sostiene que Héctor Cuén fue asesinado en una gasolinera la tarde del 25 de julio, por dos motociclistas que pretendían robar su camioneta. Eso no fue lo que ocurrió. Él fue asesinado al mismo tiempo y en el mismo lugar donde yo fui secuestrado.”

La carta de El Mayo convirtió al gobernador en un sólido sospechoso del asesinato de Héctor Cuén, pues unos cuantos días después de que se conoció, la propia Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, confirmó que Cuén no había sido asesinado en una gasolinera e implicó que todo lo que rodeo esa hipótesis, fue resultado de un montaje. La versión del asesinato por intento de robo en una estación de servicio, desmentida de forma categórica por el propio Gertz, salió y fue profusamente difundida, por la propia de la Fiscalía Estatal de Justicia de Sinaloa.

“Llamado” a la tranquilidad

Como si se tratara de una clave, escrita desde su reclusión en Estados Unidos, la misma en la que Ismael Zambada pedía a sus compañeros conservar la calma y preservar la paz en Sinaloa, marcó el inicio de una guerra abierta en Culiacán entre dos facciones del mismo grupo criminal: Los Chapitos y los Mayitos. Después de la misiva empezaron las ejecuciones y los enfrentamientos abiertos en la ciudad.

Esa violencia desbordada que ha llevado a suspender casi cualquier actividad, comercial o recreativa, al aire libre en la ciudad y sus alrededores, también ha dejado al descubierto la realidad de Rubén Rocha Moya: un gobernador sin control político, ni tampoco social sobre su entidad, una autoridad sin capacidad para imponer la ley ni tampoco imponerse, un gobernador que no gobierna y es evidente, un lastre político para el Gobierno federal, pues sus nexos con el crimen organizado quedaron totalmente expuestos, rebasaron las fronteras y lo colocaron en la mira, no solo política, también judicial, de Estados Unidos; más ahora que el presidente electo, Donald Trump, ha dejado ver con absoluta claridad su intención de atacar a los cárteles de la droga en territorio mexicano, por considerarlos grupos terroristas.

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A estas alturas, con la evidencia que se tiene y sus propios dichos, no sería difícil para ninguna autoridad norteamericana, considerar a Rubén Rocha como parte de ese imperio criminal que inunda, con fentanilo y otras sustancias, el territorio norteamericano.

El debate sobre el diálogo con criminales se intensifica, enfren-tando posturas que van desde la aceptación estratégica hasta el rechazo tajante, destacando la polarización política y las preo-cupaciones sobre la legalidad y los riesgos asociados.