En los últimos cuatro meses, el Congreso mexicano ha aprobado 13 reformas constitucionales impulsadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador, con un ritmo acelerado que ha dejado poco espacio para el debate con la oposición. Entre estas reformas destacan la reconfiguración del Poder Judicial y varias medidas en áreas como el bienestar social y la seguridad. A pesar de las promesas de fortalecer la democracia, las modificaciones han sido aprobadas sin consenso político y bajo la presión de una mayoría legislativa alineada con Morena, lo que ha encendido alarmas sobre el creciente autoritarismo en el país.
Desde el 1 de septiembre, se puso en marcha la reforma judicial, una de las más polémicas de este paquete. A pesar de la escasa negociación, la reforma fue aprobada rápidamente, y muchos analistas, como José Antonio Crespo, señalan que esto ha dejado al Congreso funcionando casi como una aplanadora, sin espacio para la oposición. El analista ha criticado la falta de un verdadero debate y el hecho de que estas reformas se están imponiendo sin la consideración de diferentes puntos de vista.
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La reforma al Poder Judicial ha generado fuertes críticas, no sólo por la rapidez con la que se aprobó, sino también por la falta de independencia en los nuevos nombramientos dentro del sistema judicial. Muchos de estos nombramientos están vinculados al poder político actual, lo que ha levantado sospechas sobre la autonomía del poder judicial. Abogados, jueces y ministros han denunciado que, en lugar de resolver los problemas estructurales del sistema de justicia, estas reformas simplemente cambian a los “choferes del autobús” sin abordar el estado crítico de la justicia en el país.
Un momento clave en la aprobación de la reforma judicial fue el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien, según las denuncias, fue extorsionado para asegurar su apoyo. Fuentes cercanas aseguran que fue presionado con amenazas de acciones legales contra él y su familia si no votaba a favor de la reforma. Esta situación ha sido considerada como un ejemplo de lo que se califica como el uso político de la ley, una práctica que muchos asocian con regímenes autoritarios.
A pesar de las críticas, Sheinbaum ha seguido el curso trazado por su antecesor, adoptando sus reformas como parte de su mandato. Sin embargo, figuras como la senadora Carolina Viggiano han señalado que la presidenta ha quedado atrapada por los compromisos heredados, sin lograr imponer su propio sello en el gobierno.
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Viggiano expresó su preocupación por la falta de autonomía de la nueva administración, destacando que Sheinbaum parece más centrada en cumplir con los deseos de López Obrador que en dar dirección propia al país.
Las reformas aprobadas incluyen cambios importantes en áreas como el bienestar social, la seguridad, y la energía, que han sido rápidamente adoptadas por Morena.
Sin embargo, los críticos aseguran que estas reformas no sólo carecen de un análisis profundo, sino que también están diseñadas para consolidar aún más el poder de Morena y el control del gobierno.
La tendencia hacia el autoritarismo se hace más evidente, y muchos se preguntan si estas reformas son realmente un avance hacia la democracia o si, por el contrario, están erosionando las bases del sistema político mexicano
*Con información de Gustavo Sánchez B.
