Al descartar que haya una crisis constitucional en el país, el consejero de la Judicatura federal, Bernardo Bátiz Vázquez, aseguró que la reforma al Poder Judicial de la Federación es un cambio de fondo que implica “una nueva forma de hacer una revolución”.
En entrevista con ejecentral, el jurista subrayó que el proceso legislativo de la reforma implicó “debates duros”, pero se aprobó constitucionalmente con todos los requisitos, sin “objeciones internas” y con las mayorías exigidas en ambas Cámaras del Congreso.
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El exdiputado de la Asamblea Constituyente afirmó que, aunque los cambios son complicados, se realizaron de forma democrática y sin violencia. Además, llamó al Poder Judicial a reconocer los retos pendientes y el avance hacia su legitimación.
¿En qué momento nos encontramos tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación?
“Causó mucha expectación e inquietud, pero el proceso constitucional ha concluido. La reforma ya forma parte de nuestra Carta Magna; solo queda cumplirla”.
No obstante, sigue generando resistencias y oposición de los trabajadores del PJF.
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“La reforma prevé que no se causen daños económicos y que se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores. Lo dice expresamente el artículo décimo transitorio. El proceso ha terminado, ahora hay que cumplir con lo estipulado”.
Juristas, académicos y los juzgadores aseguran que estamos inmersos en una crisis constitucional por el desencuentro entre Poderes, ¿usted qué considera?
“No, no hay una crisis constitucional. El proceso de reforma a la Constitución siguió todos los pasos. Las legislaturas, tanto federal como estatales, cumplieron con lo establecido en el artículo 135. El proceso está concluido; no hay tal crisis”.
Cuestionado sobre los señalamientos de que la reforma judicial atenta contra la autonomía e independencia del Poder Judicial, Bátiz señaló que, por el contrario, la elección por voto popular dota a los juzgadores de una mayor independencia.
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“La independencia significa que nadie puede influir en sus resoluciones; los jueces son responsables ante su conciencia y la ley, y eso no cambia. Ahora, al ser electos, tendrán aún más garantías de independencia”, afirmó.
Sobre las supuestas omisiones en el proceso legislativo que la oposición señala, el exprocurador del Distrito Federal bajo la administración de López Obrador respondió: “No vi ningún vicio, se cumplieron todos los requisitos y se aprobaron con las mayorías necesarias tras debates intensos”.
¿La reforma judicial es lo que el país requiere?
“Va a costar todavía algún trabajo implementarla, las leyes secundarias, y la operatividad, pero yo creo que es un gran paso. El cambio de fondo es que ya va a ser también su origen, digamos, su legitimación a partir de un sistema democrático”.
¿Qué obstáculos o desafíos considera que hay para la implementación de la reforma?
“Un problema real ya en el Senado lo están estudiando y la Consejería Jurídica del Ejecutivo también tiene que intervenir, es el número grande de elecciones. Son muchos cargos federales y locales. Eso va a implicar trabajo. El otro (problema) es el Tribunal de Disciplina Judicial, que va a tener demasiado trabajo. Habría que ver bien cómo se integra y qué salas tendrá porque va a revisar muchísimas resoluciones que dictan magistrados y jueces en todo el país y no nada más es un solo tribunal. Es uno de los retos a resolver”.
El Consejo de la Judicatura aprobó entregar al Senado la lista de plazas para la elección de junio, lo que generó acusaciones de “traición” por parte de los trabajadores.
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“En el Consejo tomamos las decisiones después de deliberar, somos siete consejeros, hemos aprobado cosas con mayoría muy amplia o con unanimidad y otras con mayoría relativa, pero dentro de lo que la ley nos lo permite y oyéndonos unos a otros y respetándonos. No se trata de traiciones o no traiciones, pues cada quien tiene su criterio y escucha los argumentos de los demás y votamos en libertad, no estamos comprometidos de antemano. Así es que no hay traición, no hay traiciones, ejercicio de la libertad”.
Pese al llamado del CJF, el Poder Judicial mantiene la suspensión parcial de labores en los órganos jurisdiccionales en todo el país, ¿no implica esto una crisis?
“No, porque están recibiendo los asuntos más delicados, los difíciles, y pues sí están trabajando, pero toda la ciudadanía espera que ya su sistema de tribunales funcione normalmente, porque ahorita está funcionando a la mitad”.
¿Qué llamado haría en ese sentido?
“Como juristas que son, que sepan cuáles son los límites en donde deben detenerse. Ellos nos presentaron, un pliego de temas, de inquietudes que quieren que atendamos y les contestamos ya uno por uno, diciendo lo que vamos a hacer. En algunos hay más dificultades, pero vamos a hacer todo lo posible, porque se logre que se cause el menor número de perjuicios o de molestias, pero es todo cambio a carrera, un acomodo”.
Pero han insistido que la reforma trastoca los derechos y prestaciones y de los trabajadores.
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“Les ha preocupado, pero el artículo décimo transitorio les dice claramente que todos sus derechos laborales y económicos quedan garantizados. Lo dice la misma reforma que ya es parte de la Constitución. Nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha dicho también que ella verá que se cumpla con eso. Una garantía, yo digo que es que el mismo Consejo de la Judicatura, ahí no por votos parciales, sino todos, estamos decididos a velar en todo lo que nos toque para que los trabajadores no sean perjudicados”.
Se ha perfilado su nombre para encabezar el Tribunal de Disciplina Judicial ¿Tendría alguna participación en ese sentido?
“La verdad no lo he considerado, ya por mi edad creo que deben venir nuevas generaciones muy capacitadas dentro del mismo Poder Judicial. Hay mucha gente con los méritos y con la carrera más sólida que la mía en esa área, pero pues yo no he pensado en eso. Creo que hay mucha gente capaz”.
¿Se lo han propuesto?
“No. He oído por ahí, pero no directamente nadie me lo ha propuesto”.
