La aprobación de la reforma judicial en el Senado de la República reaviva el debate en torno a las posibles implicaciones en las inversiones extranjeras y su impacto en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Por un lado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que la reforma busca mejorar la eficiencia y la independencia del poder judicial, lo que fortalecería la confianza en el Estado de derecho y generaría un ambiente más atractivo para los inversionistas.
Sin embargo, sectores empresariales, analistas e incluso las propias embajadas de Estados Unidos y Canadá han externado su preocupación sobre los efectos adversos, al señalar que podría desalentar nuevas inversiones y generar tensiones con los socios comerciales de México.
En ese sentido, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, un aspecto clave de la reforma, implicaría “muchísimo daño en la relación” bilateral si su implementación “no se hace bien”.
No obstante, hace unos días el propio embajador estadounidense reiteró que la integración económica entre México y Estados Unidos mantendrá “una relación muy fuerte”, considerando los 330 mil consumidores en Estados Unidos y los 130 millones que hay en México. “La economía va a seguir fuerte”, reiteró.
Especialistas consultados por ejecentral visualizan escenarios encontrados respecto a las consecuencias que esta reforma de gran calado traería consigo para el comercio y las inversiones, considerando que el marco del T-MEC depende de un sistema judicial sólido y eficaz.
Pérdida de confianza
Una de las mayores preocupaciones que han externado algunos sectores especializados en torno a la reforma judicial tiene que ver con la pérdida de confianza y el riesgo que esto implicaría en la llegada de nuevas inversiones.
En ese sentido, la economista Gabriela Siller Pagaza sostuvo que los síntomas de desconfianza se deben a que, cuando hay incertidumbre, se frenan los proyectos de inversión hasta ver qué es lo que va a pasar.
“Creemos que eventualmente habría riesgo en que las empresas estadounidenses o extranjeras que están en México ya no reinvirtieran aquí sus utilidades al tener miedo a lo que pueda pasar; si se dan recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana de México, el gobierno tendría que pagar más por el financiamiento e implicaría también un recorte para las empresas”, sostuvo.
En la opinión de la directora de análisis económico en el Grupo Financiero Base, a las empresas les costaría más financiarse debido a que algunas de ellas podrían decidir irse a otro país donde el financiamiento no sea tan caro, aunado a la “incertidumbre o dudas sobre el marco regulatorio”.
Según la Secretaría de Economía, actualmente hay anuncios de nuevas inversiones para llegar al país por 45 mil millones de dólares, más del 40% de las cuales son empresas de Estados Unidos.
Riesgo de recesión
Al considerar el “efecto dominó” que implicaría el posible freno a nuevas inversiones, la falta de reinversión de utilidades y la afectación al crecimiento de exportaciones ante una menor capacidad de planta, Siller Pagaza estimó que la reforma tendría un impacto de 1.9% sobre el PIB.
En un escenario similar al de 2019, cuando la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ocasionó una caída en el PIB cercana al 0.2%, la profesora en el Tec de Monterrey advierte una “recesión autoinfligida por una política económica que genera incertidumbre en los inversionistas”, derivada en una contracción de alrededor del 0.6%, estimó.
“Con la diferencia de que ahora no sería una recesión leve, sino una recesión moderada, y vendría acompañada de un largo estancamiento económico, porque al dañar la relación comercial con Estados Unidos no tendríamos forma de recuperarnos rápidamente”, sostuvo Siller Pagaza.
Una vez aprobada la reforma, entre los efectos inmediatos que prevé la analista en términos financieros están: “una subida del tipo de cambio, caída en la bolsa e incremento en los créditos default swap, este instrumento que es como un seguro de impago, y luego se vería reflejado en la economía real”.
Ante la pregunta de si hay riesgo de que México deje de ser el principal socio comercial de Estados Unidos, Siller Pagaza respondió que en términos económicos se pone en riesgo cerca de 30% del PIB.
T-MEC no estipula riesgos
Ni la desaparición de organismos autónomos ni la elección de jueces y magistrados por voto popular son aspectos que estén considerados como un riesgo en los capítulos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Con excepción del capítulo 18.17, que se refiere a telecomunicaciones, en el que se “señala que un organismo autónomo no estará supeditado a intereses particulares”, en ninguna parte del T-MEC se advierte sobre el riesgo a los intereses o las posibles afectaciones para las empresas.
Lo anterior significa que, en ninguno de los capítulos del acuerdo trinacional se aborda la actuación de “figuras” en específico, sino de procedimientos en los que no se precisan las posibles afectaciones en la operación de competencia o de inversión, derivadas de tal o cual reforma.
Así lo explicó José Ignacio Martínez Cortés, académico e investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al referir que, en los hechos, las declaraciones de actores políticos o agentes económicos no siempre van de la mano con el actuar de cada empresa.
Y es que, en medio de la controversia por la reforma judicial, el pasado 20 de agosto, el Grupo Stellantis dio inicio en su planta de Toluca a la producción de vehículos eléctricos en el Estado de México, lo que implicó una inversión de más de mil 600 millones de dólares.
“Si el representante legal o el CEO de una empresa dice que la reforma (judicial) le estaría afectando, se abre la caja de Pandora, en el sentido de que el Poder Judicial ha beneficiado los intereses particulares de la empresa. Ningún empresario hace eco al respecto. No es el caso”, subrayó el también coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN). Así, el académico refirió que la alerta sobre la salida de empresas del país carece de sustento en cuanto a que “no hay ningún país en el mundo que ofrezca las garantías y requisitos a las empresas” que ofrece México.
Martínez Cortés refirió que, por ejemplo, por cada 10 dólares de inversión de una empresa extranjera, el gobierno mexicano regresa nueve dólares vía incentivos, deducciones y subsidios, entre otros aspectos fiscales, de manera independiente a la consideración que la empresa pudiera tener en el T-MEC.
Y reiteró que recientemente la Secretaría de Economía anunció que para el segundo trimestre la economía del país captó más de 31 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, 24 mil millones de los cuales se trataron de la reinversión en utilidades.
Desaceleración no es recesión
Para el economista, el hecho de que organismos como el Consejo de Empresas Globales en México, que aglutina a compañías que representan el 10% del PIB; o BlackRock, una de las principales firmas de corredurías a nivel internacional, no se hayan pronunciado sobre la reforma judicial, es muestra de que la supuesta incertidumbre no es generalizada.
Explicó que la pausa a las inversiones que anunciaron BYD o Tesla en Nuevo León se deriva de las implicaciones y el resultado de la próxima elección en Estados Unidos, y no propiamente de las reformas en México, pues reiteró que repensar la inversión “es una decisión estrictamente empresarial”.
El académico descartó que haya signos reales de recesión a causa de la reforma judicial, pues aseguró que el panorama económico del país es totalmente distinto a lo que fue en 1994 o en 2008-2009, y reiteró que, aunque el Banco de México bajó la expectativa de crecimiento a 1.5%, el Fondo Monetario Internacional mantiene su expectativa de crecimiento en México a 2.2 por ciento.
“No estamos en un contexto para tener una recesión en puerta. Estamos entrando a un proceso de desaceleración; pasamos de una desaceleración suave a fuerte, pero ya el escenario de recesión como lo teníamos en 2022 sin duda ha quedado fuera, por lo menos para el cuarto trimestre de 2024 o el primer trimestre de 2025.”
