Rebelión en el INE: Bloque de consejeros obstaculiza elección judicial

Uno de los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que buscan interponer una controversia constitucional contra la ampliación de facultades a la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, rechazó que se trate de un asunto personal contra la funcionaria.

En entrevista con ejecentral, Arturo Castillo Loza aseveró que la impugnación que buscan promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuestiona la constitucionalidad de dos artículos específicos que regulan la distribución de competencias al interior del órgano electoral, que en nada tiene que ver con la reforma judicial ni con alguna instrucción externa.

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Por el contrario, el consejero electoral reconoció que está “profundamente nervioso y preocupado”, pues aseguró que están los “tiempos quemados” para la elección de jueces y magistrados, en tanto el INE se mantiene en un impasse constitucional que pone a su personal, incluso, en un riesgo penal.

¿Cuáles son las motivaciones de la controversia constitucional que pretenden interponer ante la Suprema Corte de Justicia?

Como lo dije en la sesión del Consejo, la controversia constitucional va en contra de dos artículos que modifican la estructura y distribución de competencias del instituto, lo que a mi parecer y de las otras cinco consejerías que la proponemos tiene que ver con el diseño institucional y no contra las personas que actualmente integran el consejo general.

¿Esta controversia es en contra de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei?

No, no, no, para nada, para nada, al menos no por mi parte, pues. O sea, yo hablo por mí siempre, pero por mi parte no tiene nada que ver. A ver, como seguramente lo habrás visto, yo jamás hago personal el tema, o sea, jamás me engancho incluso en acusaciones personales. Para mí es un tema estrictamente de legalidad.

Esta es la segunda vez que lo hacen los seis mismos consejeros. ¿Es verdad que reciben instrucciones externas para no dejarla trabajar?

No, para nada, para nada. Al menos no de mi parte. Y justamente creo que es una de las razones por las que decidimos mantener esto con un perfil muy discreto, precisamente para evitar ese tipo de presiones. O sea, para mí es una cuestión de estricta convicción jurídica.

Pareciera que con esta propuesta de controversia se hace un desconocimiento del Poder Legislativo ¿es así?

¿A qué te refieres con un desconocimiento?

A que las consejeras que ahora promueven la controversia constitucional también avalaron la mayoría calificada para Morena y sus aliados, que son quienes aprobaron la reforma que ahora se busca impugnar.

Yo voté a favor de esa asignación de representación proporcional que le dio la mayoría calificada a la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, no recuerdo qué se llamaba, pero era exactamente por la misma razón por la que ahora estoy proponiendo esto. Es una cuestión de legalidad.

No podemos, después de décadas en las que se ha aplicado de la misma forma la fórmula de asignación de representación proporcional, desconocer literalmente decenas de precedentes, tanto administrativos como jurisdiccionales, y desconocer expresamente lo que dice en su literalidad la Constitución y la Ley.

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Y aquí es exactamente lo mismo. Aquí hay un mandato constitucional que evita que las funciones del Instituto Nacional Electoral se deben llevar de conformidad con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y otros más.

Y desde mi perspectiva, de otros de mis cinco compañeros y compañeras, esta reforma legal no cumple con ese mandato constitucional, pero es una interpretación jurídica y no implica desconocer nada.

¿Entonces es una mera cuestión de la interpretación de la norma legal, que no deriva de ninguna presión o instrucción externa?

Exacto, sí, nuestra interpretación es que esos dos artículos implican una vulneración a las garantías de certeza, independencia, imparcialidad, máxima publicidad que establece la Constitución. Y sí, por lo menos en lo que a mí respecta, no hubo ningún tipo de presión, comentario o sugerencia de ningún lado. Y justo por eso lo mantuvimos, digamos, discretamente también, para evitar este tipo de cosas.

¿Por qué no esperar a que la Suprema Corte sesione la próxima semana y discuta el tema de la reforma judicial?

Son dos cosas distintas, creo que lo dejamos muy claro.
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Nuestra controversia no tiene que ver con la reforma judicial en el estricto sentido. Nosotros no estamos cuestionando absolutamente nada de la reforma judicial.

Estamos cuestionando solamente la reforma que se hizo a dos artículos de la ley general de instituciones y procedimientos electorales, que además no tienen vinculación alguna con la reforma judicial. Son temas diferentes, no tiene nada que ver con la reforma judicial.

Pero en lo que respecta a la organización del INE para la elección de integrantes del Poder Judicial, usted refirió que hay “un riesgo penal” ¿no tienen margen de maniobra?

Mira, en este momento el escenario es el siguiente: tenemos, por un lado, una acción declarativa de la Sala Superior, que básicamente lo que nos dice es, el artículo 41 constitucional dice que no hay efectos suspensivos en materia electoral por la interposición de recursos constitucionales o legales en contra de actos o resoluciones electorales.

El problema es que del otro lado tenemos más de 240 suspensiones dictadas en sentencias de amparo, tres de ellas definitivas, el resto provisionales, que nos obligan a suspender cualquier acto encaminado a la implementación de la reforma y la elección de jueces.

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Y según el 107 de la Constitución, de la misma jerarquía que el 41 constitucional, incumplir con una sentencia, una suspensión, es un delito.

Entonces, tienes por una parte el tema de las suspensiones dictadas en amparo, que quedaron intocadas, o sea, la Sala Superior lo dice expresamente, quedan intocadas. Y tienes por otra parte una interpretación de la Sala Superior que te dice que no puede suspender la organización del proceso electoral.

Nosotros estamos atrapados entre dos determinaciones, literalmente colgadas de disposiciones constitucionales que nosotros no podemos resolver.

¿Qué solución hay bajo ese escenario?

La única solución que yo le veo a este tema es que tenemos que presentar una excitativa de justicia ante la Suprema Corte y solicitarle que atraiga la totalidad de los amparos que están ahorita tramitándose en este tema, y que resuelva lo antes posible si esos amparos están bien, si no están bien, si fue correcto o no que dictaran una suspensión en esta materia.

Aquí es una cuestión literalmente de un choque, estamos en medio de una crisis constitucional que sólo puede ser resuelta por los tres poderes de la Unión.

Consejero, ¿está usted en contra de la reforma judicial y la elección de cargos del Poder Judicial de la Federación?

No, yo estoy profundamente nervioso y preocupado. Estamos muy preocupados, estamos con los tiempos quemados y tenemos un mandato constitucional para implementar esa reforma y para implementar esa elección. Eso es nuestro mandato y hay que cumplirlo, pero no con un riesgo penal.

Nuestro personal puede terminar en la cárcel mientras no se resuelva el tema de los amparos.