En el México contemporáneo, donde los titulares de la prensa suelen estar marcados por políticas públicas controversiales y reformas que polarizan, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa emerge como un tema que agita profundamente el debate sobre justicia y derechos humanos. Enrique Zúñiga, autor del libro La pelea por los infiernos y experto en sistemas penales, no escatima palabras para criticar lo que él denomina un “paradigma fallido” que, lejos de solucionar problemas sociales, perpetúa dinámicas de exclusión y violación de garantías básicas.
Desde su aprobación en el Senado, la reforma que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa ha sido descrita por académicos, organismos internacionales y defensores de derechos humanos como un paso regresivo. En palabras de Zúñiga, la medida no sólo contradice normatividades internacionales y acuerdos suscritos por México, sino que también refuerza una lógica de “populismo punitivo”.
“Es una herramienta política más que jurídica, una forma de apaciguar inquietudes sociales sin abordar las raíces de los problemas”, afirma con firmeza.
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El reciente movimiento legislativo incluyó delitos como extorsión, tráfico de fentanilo y drogas sintéticas, así como contrabando y uso de comprobantes fiscales falsos, dejando fuera el narcomenudeo y los delitos fiscales. Para sus promotores, estas adiciones buscan combatir de manera más eficaz actividades ilícitas que desangran al país. Sin embargo, para críticos como Zúñiga, esta decisión responde más a presiones políticas que a un análisis serio de sus implicaciones.
“El uso de la prisión preventiva oficiosa no responde a un interés de justicia, sino a una lógica punitiva que criminaliza la pobreza y refuerza estigmas sociales”, comenta Zúñiga. Desde el inicio de la administración pasada, se ha observado un impulso por ampliar los delitos que ameritan esta medida. En lugar de reducir la criminalidad, añade, esta política ha incrementado el hacinamiento en cárceles, muchas de las cuales ya operan al límite de su capacidad.
›Una de las críticas más punzantes de Zúñiga apunta a la contradicción inherente en que un gobierno que se autodenomina de izquierda recurra a políticas carcelarias que suelen asociarse con regímenes autoritarios. “Es paradójico que, en lugar de invertir en prevención del delito, educación o programas sociales, se apueste por encarcelar. Eso no es justicia social; es un fracaso en la construcción de un proyecto verdaderamente progresista”, lamenta.
En este contexto, Zúñiga recuerda frases como “primero detenlos, luego averiguo” o, en casos extremos, “primero mátalos, luego averiguo”, que se han popularizado en las narrativas de los últimos años. Estas expresiones, afirma, reflejan la normalización de un sistema que prioriza la sanción por encima de la rehabilitación y la presunción de inocencia.
Un sistema que perpetúa la injusticia
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha expresado preocupación sobre esta reforma. En un comunicado reciente, advirtió que la prisión preventiva, utilizada de forma generalizada, vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso. “La detención debe basarse en una evaluación individualizada por parte de una autoridad judicial, no en una decisión automática”, enfatizó Türk.
En México, el panorama es alarmante. Según cifras oficiales, más del 40% de las personas privadas de su libertad no han recibido una sentencia definitiva. Para muchas de ellas, el tiempo transcurrido en prisión preventiva supera incluso el periodo que correspondería por el delito imputado, en caso de ser halladas culpables. “Es una cuestión incuantificable saber cuánta gente inocente está en la cárcel”, admite Zúñiga, “pero lo que sí es evidente es que muchas de esas personas no representan un riesgo de fuga ni de reincidencia. Entonces, ¿por qué están ahí?”.
La respuesta, para Zúñiga, radica en un sistema que utiliza la prisión como solución simplista a problemas complejos. Desde el hacinamiento en los penales hasta las denuncias de corrupción, el investigador señala que este modelo perpetúa las mismas condiciones que dice combatir.
El término “populismo punitivo” alude a estrategias políticas que buscan ganar popularidad mediante un discurso que asocia el endurecimiento de penas con mayor seguridad pública. Para Zúñiga, esta narrativa explota el miedo colectivo, ofreciendo respuestas inmediatas a problemas estructurales como la desigualdad, el desempleo y la falta de acceso a la justicia.
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“El populismo punitivo no sólo ignora las causas de la criminalidad, sino que las exacerba”, advierte. A largo plazo, dice, estas políticas terminan siendo insostenibles, tanto económica como socialmente. “La inversión en prisiones y en procesos penales no puede reemplazar el trabajo en comunidades, la creación de oportunidades y la construcción de tejido social”.
Voces silenciadas en el debate público
En un país donde la justicia sigue siendo una promesa incumplida para millones, la reforma a la prisión preventiva ha encendido alarmas en organizaciones como Amnistía Internacional, que la describen como “una herramienta de opresión” más que una medida legítima. Sin embargo, estas críticas han sido desestimadas por quienes defienden la reforma como un paso necesario para combatir el crimen organizado.
El debate, en última instancia, refleja las profundas divisiones que atraviesan a la sociedad mexicana. Mientras unos claman por medidas más duras, otros insisten en que no se puede construir un estado de derecho violando principios básicos de justicia.
Enrique Zúñiga concluye con una advertencia: “Si no cuestionamos este tipo de políticas, nos dirigimos hacia un futuro donde la prisión será la respuesta predeterminada a cualquier conflicto”. Para él, la reforma aprobada en el Senado no es solo una muestra de cómo las políticas públicas pueden ser usadas con fines políticos, sino también un recordatorio de los costos humanos que estas decisiones implican.
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En medio de esta encrucijada, queda claro que la prisión preventiva oficiosa no es sólo un tema de leyes y números; es un reflejo de las prioridades, las fallas y las esperanzas de un país que aún busca reconciliar justicia y humanidad.
