El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025 presenta ajustes que ponen en jaque pilares fundamentales para el “segundo piso de la transformación”, con recortes en áreas clave como la educación, la seguridad y la salud.
Especialistas consultados por ejecentral señalan que los recortes presupuestales contradicen las prioridades sociales del gobierno de la presidenta de México, los cuales no solo afectarán a los sectores más desfavorecidos, sino que también limitarán el crecimiento económico y la atracción de nuevas inversiones.
Lo anterior se suma a un contexto de desaceleración económica y creciente incertidumbre. Muestra de ello es que, al día siguiente de la entrega del Paquete Económico, la calificadora Moody’s cambió de “estable” a “negativa” la calificación crediticia de México, por el “debilitamiento de la formulación de políticas y del entorno institucional que corre el riesgo de socavar los resultados fiscales y económicos”.
›Francisco Alberto Pérez Pacheco, investigador de México Evalúa, explicó que, ante las limitantes financieras, la administración entrante tuvo las opciones de implementar una reforma fiscal o fortalecer los ingresos públicos. Sin embargo, optaron por reducir el gasto público “para poder enfrentar la escasez de recursos”.
“Vemos caídas en el presupuesto para Pemex, para rubros que necesitaban mayores recursos, por ejemplo, la Secretaría de Salud. La Secretaría de Seguridad también sufrió recortes, pero también en áreas donde tradicionalmente la administración pasada sí ponía recursos, por ejemplo, en la Defensa Nacional. Lo que estamos viendo es un recorte generalizado en todos los rubros de la Administración Pública Federal”, señaló el economista por la UNAM.
Ganadores y perdedores
Mientras ramos como el Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como el de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reflejan variaciones al alza en comparación con el presupuesto aprobado en 2024, con incrementos del 183 al 57%, respectivamente, áreas como Defensa Nacional; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Seguridad y Protección Ciudadana, y Salud reflejan reducciones que van del 43.8, 39.4, 36.2 y 34.0%, en cada rubro.
Analistas refieren que los incrementos presupuestales para ramos y programas específicos reflejan, por ejemplo, la prioridad en la política habitacional con la que se busca fortalecer a la Comisión Nacional de Vivienda, que se llevará el 84% del presupuesto de la Sedatu.
El mayor incremento en términos reales lo tiene la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pues, según lo proyectado, unos 31,833 millones de pesos, que representan un 59.2% de su presupuesto, se destinarán al desarrollo de los proyectos ferroviarios que figuran como una de las prioridades del gobierno en turno.
En cuanto a los programas sociales prioritarios, un análisis de la organización México ¿Cómo Vamos? apunta a que alrededor del 60% de los más de 835,705 millones de pesos se destinará a las pensiones para adultos mayores y apoyos a mujeres de 60 a 65 años; sin embargo, apenas un 22% de esa partida irá a programas de atención a infancias, adolescencias y juventudes.
José Ignacio Martínez Cortés, investigador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, señaló la contradicción que plantea el proyecto de presupuesto, pues “un gobierno que está impulsando políticas sociales, paradójicamente, recorta en general los programas sociales o el apoyo social”.
Uno de los ajustes más polémicos es el recorte de aproximadamente 10 mil millones de pesos al presupuesto destinado a la educación superior, afectando especialmente a la UNAM, con una reducción superior a los cinco mil millones de pesos; no obstante, el mismo día que se dio a conocer el paquete económico, la Secretaría de Hacienda rectificó, argumentando “un lamentable error”.
El coordinador de LACEN subrayó que este ajuste impactará directamente a más de 110 mil estudiantes que dependen de becas universitarias, lo que implica “una desinversión al futuro; están minando el desarrollo humano”, advirtió.
Acerca del recorte a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, recientemente dotada de mayores facultades para la investigación de delitos, Martínez Cortés apuntó que esto implica una afectación a las estrategias para reducir la inseguridad y la violencia, que son aspectos que inhiben el consumo y desincentivan la inversión empresarial, al afectar, por tanto, la productividad y el crecimiento económico.
›En el sector salud, el panorama no es más alentador. El investigador Alberto Pérez advierte que la falta de recursos limitará el acceso a servicios médicos de calidad, afectando especialmente a quienes dependen del sistema público.
“No vamos a poder invertir en mejores escuelas, no vamos a poder invertir en mejores hospitales, tampoco vamos a tener policías mejores y más preparados para la crisis de inseguridad que vivimos desde hace años. Entonces, muy difícilmente para los ciudadanos, desde el entorno económico y desde la respuesta del sector público, vamos a tener una mejor calidad de vida”, puntualizó el especialista en finanzas públicas.
En otros rubros, el avance en la Cámara de Diputados de la modificación para desaparecer al menos siete órganos autónomos también se ve reflejado con la reducción al presupuesto de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), ambos en el orden del 32.9 por ciento.
Horizonte complejo
A diferencia de años anteriores, en los que se mantuvieron déficits bajos, el presupuesto de 2025 refleja una presión creciente en las finanzas públicas. Esto responde al gasto no programable, es decir, aquellos rubros que forzosamente debe cubrir el gobierno, por ejemplo, las pensiones y la deuda, que están absorbiendo más de una cuarta parte de todo el presupuesto.
Mientras la propuesta del paquete económico plantea un crecimiento para los siguientes años que no va a superar 3% del Producto Interno Bruto, buena parte de los especialistas y calificadoras consideran que no se va a superar 1.5 por ciento.
En ese sentido, Alberto Pérez sostuvo que “la capacidad de la economía para generar más y mejores empleos se va a ver sumamente mermada por la falta de dinamismo económico”, por lo que calificó de “sumamente irresponsable” el que se planteara expandir los programas sociales, entendiendo las limitantes que se tenían desde el gasto no programable.
Además de los retos fiscales internos, otro desafío relevante será la presión internacional derivada del próximo cambio de política monetaria en Estados Unidos. De acuerdo con especialistas, una subida en las tasas de interés podría complicar aún más el acceso a financiamiento para México, limitando la capacidad del país para enfrentar las restricciones presupuestales actuales.
Por otro lado, el impacto del nearshoring continúa siendo una oportunidad incierta. Aunque el gobierno ha proyectado el aprovechamiento de este fenómeno para atraer inversión extranjera, la falta de infraestructura adecuada y la incertidumbre en las reglas fiscales podrían ralentizar el crecimiento económico derivado de este fenómeno.
Finalmente, la fragilidad en la formulación de políticas públicas y su implementación plantea un desafío para la administración actual. Expertos sugieren que el gobierno debería priorizar la estabilidad económica a largo plazo sobre los compromisos inmediatos, con el objetivo de garantizar una mayor sostenibilidad financiera y social.
