Preocupan concentración, retroceso y TMEC en proyecto de Ley Telecom

El proyecto de Ley de Telecomunicaciones enviado por la presidenta Sheinbaum al Senado y aprobado ya en comisiones, ha provocado más dudas y generado más reacciones negativas, incluso en la coalición gobernante, de las que se advierten a simple vista. De entrada, el senador del PVEM y especialista en la materia, Luis Armando Melgar, ya le ha hecho saber a Morena y a su propio grupo parlamentario en el Senado, que definitivamente no acompañará la propuesta en los términos que viene redactada. A pesar de la promesa de detener el proceso legislativo y convocar a una discusión amplia y a consultas con especialistas sobre el tema, la preocupación crece conforme empiezan a surgir análisis de especialistas que amplían las dudas y objeciones concretas.

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Principales preocupaciones sobre la nueva Agencia Digital

De entrada preocupa que la nueva Agencia Digital podrá, de aprobarse el proyecto, definir zonas de cobertura obligatoria sin consultar a las empresas operadoras, lo que podría forzarlas a invertir en regiones no rentables, contra su libertad de comercio.

También se le permitiría asignar espectro a entes públicos, para uso comercial, sin subastas, lo que puede parecer progresista, pero implica una competencia desleal frente a los concesionarios privados. La medida excluiría al Estado de las reglas de competencia económica y una norma así entraría en conflicto con el TMEC, que prohíbe otorgar un trato privilegiado a proveedores estatales frente a privados. Esto provocaría controversias internacionales contra el Estado mexicano y afectaría la confianza en su marco regulatorio.

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Obligaciones y riesgos para concesionarios de telecomunicaciones

Además, con la nueva Ley los concesionarios estarán obligados a ofrecer servicios al gobierno sin compensación, como alertas o acceso gratuito a sitios oficiales.

La Agencia Digital sustituirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones en la emisión de reglas para las audiencias, lo que eliminaría la figura de la autorregulación que rige los medios.

Controversias sobre la regulación de contenidos y la infraestructura

El proyecto reintroduce la suspensión inmediata de transmisiones dirigidas a niños que no respeten ciertos valores (definidos por la autoridad), sin derecho de audiencia previa, lo que viola el debido proceso en detrimento de los afectados.

El proyecto exige que los medios distingan con claridad entre información y opinión, algo materialmente imposible en el ejercicio periodístico profesional y que ya se ha discutido mucho.

También se establece la facultad de la Agencia Digital para emitir lineamientos, de forma discrecional, para reordenar, retirar o soterrar la infraestructura de telecomunicaciones, lo que incluye postes, cables o antenas en calles y espacios públicos. El hecho abre la puerta a que la Agencia determine, unilateralmente, medidas que impliquen el desmantelamiento forzado de infraestructura ya existente y desplegada, en detrimento de las empresas del sector.

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