Nunca como en el sexenio de López Obrador, la expresión “exilio dorado” tuvo tanto sentido. Gobernadores de otros partidos, principalmente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que negociaron la entrega “electoral” de sus cargos para evitar investigaciones federales por corrupción o vínculos cuestionables, recibieron, además de protección, un refugio en consulados o embajadas, con la inmunidad diplomática que esto implica.
Los nombres de Omar Fayad, Quirino Ordaz, Claudia Pavlovich, Carlos Joaquín González y Carlos Miguel Aysa destacan en esa categoría.
›Estos acuerdos fueron gestionados por una estructura interna que garantizaba no solo la impunidad sino también un tipo de recompensa que les aseguraba una vida tranquila y fuera del alcance de las investigaciones que, de otro modo, podrían haber puesto en jaque sus carreras políticas y personales.
Hay varios casos, pero uno que llamó la atención en los últimos años, por lo representativo que resulta, es el del embajador de México en España. El exgobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz, no estaba calificado para representar a México ante la Corona española.
Fue propuesto para el cargo y aceptado en Madrid, pero no llegó solo. Con él aterrizaron en la capital española 11 colaboradores, todo un séquito de sinaloenses,que siguieron al exmandatario a cobrar, ellos también, lo que en diferentes círculos se considera un premio por haber pactado la entrega de la gubernatura de Sinaloa al controvertido Rubén Rocha Moya.
Este tipo de decisiones subraya el carácter político y discrecional de las designaciones diplomáticas en México, donde la capacidad técnica o la experiencia en el campo queda relegada ante las alianzas políticas y los acuerdos de poder internos.
El mismo patrón se repite con otros exgobernadores y funcionarios que, al igual que Ordaz, se vieron favorecidos por este tipo de acuerdos que, aunque legales, generan una profunda controversia por su falta de transparencia y su uso estratégico para la obtención de favores políticos.
El artículo 7
Según el artículo 7 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano establece que “el personal temporal que requiera la Secretaría será designado por acuerdo del secretario, previo dictamen favorable emitido por la Comisión de Personal, con base en los perfiles que al efecto defina esa comisión”.
Al amparo de este texto, durante años, las representaciones diplomáticas han sido utilizadas como un exilio dorado, un complemento al premio de consolación para “políticos en desgracia”, que pueden hacerse acompañar por un staff de colaboradores personales, quienes, por lo general, tampoco tienen idea de las tareas y responsabilidades del servicio exterior, pero que complementan la bolsa de posiciones de uso discrecional del Presidente de la República, en que se han convertido las embajadas y los consulados, cuyos titulares son posiciones de propuesta o designación exclusiva del titular del Poder Ejecutivo.
De esta manera, el Servicio Exterior Mexicano ha sido utilizado como una extensión de la red de favores, en la que se premian lealtades y se otorgan puestos de prestigio, aunque estos no estén alineados con la función pública real o con los intereses estratégicos de México en el ámbito internacional.
El texto también habla de personal temporal y, amparado en él, se han autorizado por la Comisión de Personal, completamente sometida al Canciller en turno, designaciones de personal no idóneo pero bien recomendado, que duran en la posición un sexenio completo.
Así, gracias al artículo 7, embajadores y cónsules completamente ajenos al servicio exterior y, por lo general, con poca o nula capacitación para el trabajo diplomático, se hacen acompañar de un entourage completo, al servicio personal de cada uno de ellos, con cargo al erario nacional.
Esta situación no solo genera costos innecesarios para el Estado mexicano, sino que también impacta negativamente en la imagen del país, ya que muchas veces estos representantes diplomáticos no cuentan con el conocimiento ni las habilidades necesarias para tratar con los desafíos internacionales de México.
Chapulines internacionales
Al caso de Ordaz hay que agregar el de Omar Fayad, el exgobernador de Hidalgo surgido de las filas priistas y a quien el propio PRI acusó de operar en contra de su candidata, Carolina Viggiano, en la elección que representó la entrega de la gubernatura a Morena en el año 2022.
Fayad fue designado embajador en Noruega a pesar de que, en un momento de honestidad o de cinismo, afirmó no estar capacitado para el cargo.
›Su nivel quedó en evidencia cuando él mismo señaló que mejoraría el intercambio comercial de México con Suecia, cuando su destino era Noruega.
La designación de Fayad, al igual que la de otros, pone en evidencia el uso de la diplomacia como una especie de refugio para aquellos políticos que, después de desempeñar cargos de importancia, no tienen el perfil adecuado para ocupar posiciones internacionales, pero sí la habilidad para mantener la lealtad al poder que los favorece.
Claudia Artemiza Pavlovich fue una priista de carrera meteórica que, en 15 años, pasó de ser una joven regidora, diputada local y senadora, a convertirse en gobernadora en el año 2015.
Parecía una convencida y comprometida militante tricolor. Hizo campaña, desde la gubernatura, a favor de José Antonio Meade, a quien cariñosamente llamaba “Pepe”. Sin embargo, cuando López Obrador resultó ganador, su priismo desapareció e hizo todo lo posible por ayudar a la victoria de Alfonso Durazo, el candidato morenista que llegó a gobernar Sonora. Después de la victoria de Durazo, Pavlovich terminó su sexenio como gobernadora en septiembre de 2021. Sin ser parte de Morena, fue designada por el entonces presidente López Obrador cónsul mexicana en Barcelona el 22 de junio de 2022. Este movimiento refleja la compleja danza de intereses políticos que se lleva a cabo en el seno del poder mexicano, donde las lealtades partidarias a menudo se desvanecen cuando el beneficio personal está en juego.
Carlos Joaquín González salió del PRI porque le negaron la candidatura al gobierno de Quintana Roo. Fue postulado por la coalición PAN-PRD y, al terminar su gestión, entregó el gobierno estatal a Mara Lezama. Aunque ahí no hubo formalmente una concertación porque Carlos Joaquín no militaba ni en el PAN ni en el PRD, él concluyó su mandato en septiembre de 2022 y, para enero de 2023, se convirtió en embajador de México en Canadá. Su ascenso a la diplomacia mexicana es otro ejemplo de cómo la política interna y las decisiones estratégicas pueden influir en la selección de embajadores, más allá de los méritos profesionales o diplomáticos.
Otro político que salió del PRI y apareció en una embajada, designado por López Obrador, es Carlos Miguel Aysa, gobernador interino de Campeche que suplió a Alejandro Alito Moreno en julio de 2019.
Era el hombre de confianza del actual dirigente nacional priista, a quien Alito dejó para cubrirle las espaldas mientras él se lanzaba a la conquista de la Presidencia tricolor.
Moreno ganó la dirigencia de su partido, pero en septiembre de 2021 su escudero entregó la gubernatura de Campeche a Layda Sansores y, al parecer, mucha información comprometedora sobre quien lo hizo gobernador sustituto.
Primero fueron acusaciones y después investigaciones que sirvieron para someter al priista campechano en más de una ocasión, mientras Carlos Miguel Aysa aparecía, en abril de 2022, apenas siete meses después de entregar el gobierno de Campeche, como el embajador de México en un país de clima tropical cálido, como para no extrañar Campeche: la República Dominicana.
La designación de Aysa a este destino refleja la lógica política de premiar a aquellos aliados que, en ciertos momentos de la política nacional, resultan imprescindibles para los intereses del poder en turno.
