Operativo Enjambre: la justicia va por otros dos objetivos

Las imágenes de alcaldesas y mandos policiales involucrados en crímenes graves sacuden al Estado de México. El Operativo Enjambre, liderado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en conjunto con fuerzas federales, ha destapado lo que parece ser un entramado de complicidad entre funcionarios públicos y organizaciones criminales, marcando una preocupante convergencia entre poder político y delincuencia.

Hasta ahora, siete funcionarios han sido detenidos, pero lo más alarmante es que figuras clave, como las alcaldesas Rosario “N” de Santo Tomás de los Plátanos (PRD) y Marlen “N” de Tonatico (PAN), siguen prófugas.

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Ambas enfrentan órdenes de aprehensión por presuntos vínculos con delitos de alto impacto como homicidio, secuestro exprés y extorsión, delitos que trascienden lo individual y afectan directamente la estabilidad y seguridad de sus comunidades.

¿Cómo fue el Operativo Enjambre?

El Operativo Enjambre no solo se limita a cumplir órdenes judiciales, sino que es un reflejo de un problema estructural: la infiltración del crimen organizado en las administraciones locales. Este fenómeno, especialmente visible en zonas estratégicas para actividades ilícitas, expone la fragilidad de las instituciones municipales y la falta de controles efectivos para prevenir la corrupción.

El Estado de México, con su densidad poblacional y posición geográfica clave, se convierte en un terreno fértil para organizaciones criminales como La Familia Michoacana, que han extendido su influencia más allá del narcotráfico hacia estructuras políticas, usando la intimidación y la complicidad para consolidar su control.

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Los delitos que se imputan a los funcionarios van más allá de las cifras judiciales. La extorsión, el secuestro y el homicidio no solo generan víctimas directas, sino que crean un ambiente de desconfianza e impotencia en la ciudadanía. Para los habitantes de municipios como Tonatico o Santo Tomás de los Plátanos, saber que sus propios líderes están siendo investigados por colaborar con el crimen organizado profundiza la sensación de abandono y vulnerabilidad.

Por un lado, las acciones del Operativo Enjambre envían una señal de que las autoridades están dispuestas a combatir la corrupción en sus niveles más altos. Sin embargo, las figuras aún prófugas y el historial de impunidad en casos similares plantean una pregunta incómoda: ¿qué tan eficaz será esta ofensiva para romper realmente las redes de poder criminal?

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Mientras tanto, las audiencias de los primeros siete detenidos arrancan hoy. Aunque se trata de un avance tangible, el reto mayor será asegurar que las investigaciones sean transparentes y las condenas, si proceden, contundentes. Más aún, este operativo pone sobre la mesa la necesidad de reformar los mecanismos de control y supervisión para evitar que los municipios se conviertan en enclaves de impunidad.

El caso del Estado de México no es único, sino un reflejo de una problemática nacional donde la corrupción y el crimen organizado encuentran terreno fértil en gobiernos locales con escasos recursos y controles débiles. ¿Será este operativo el inicio de un cambio estructural o simplemente un capítulo más en la larga historia de complicidad entre el poder político y el crimen? DJ