Una de las problemáticas en torno a la población de las cárceles en nuestro país son los casos de presos que no cuentan con sentencia. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un informe que demuestra la situación que prevalece.
Este trabajo fue realizado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, el cual estuvo conformado por Matthew Gillet (Nueva Zelanda), Ganna Yudkivska (Ucrania) y Miriam Estrada Castillo (Ecuador), quienes fueron complementados por integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Este personal visitó México del 18 al 29 de septiembre del año pasado en correspondencia a una invitación hecha por el gobierno federal al cual se agradeció, lo mismo que a los estatales, por las facilidades otorgadas al momento de llevar a cabo las visitas.
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Durante su estancia, el grupo de la ONU estuvo en cuatro centros de detención federales y 11 más de nivel municipal y estatal; dentro de estos sitios se revisaron centros de reinserción social tanto de población masculina como femenina. Además, fueron visitados centros de detención de migrantes, adolescentes y refugios de protección para niñas y niños; así como estaciones de policía.
Hay que destacar que los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria entrevistaron a 173 personas privadas de la libertad.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria visitó México. Hoy ha presentado su Informe, el cual ofrece una oportunidad. Considera que hay cambios positivos; sin embargo, observa que la #DetenciónArbitraria es una “práctica generalizada”.
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) September 17, 2024
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De acuerdo con el informe, en nuestro país hay 90 mil reclusos sin sentencia, de los cuales el 50% se encuentran bajo arraigo o prisión preventiva oficiosa. Ambas figuras, estableció el grupo de la ONU, “violan el derecho a la libertad”.
Sobre la prisión preventiva oficiosa, se acotó que dicha medida cautelar es “excesivamente prolongada”, situación que se ve reflejada en la elevada población carcelaria, la cual asciende a alrededor de 230 mil personas.
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El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria se refirió a estas como “deficiencias en el sistema de justicia penal”. Al respecto, en el informe se asentó que a estas fallas se suma las detenciones arbitrarias, las cuales son una “práctica generalizada” en el país.
Por otro lado, la ONU aseveró que los “graves actos de violencia y tortura” contra las personas detenidas son un efecto de la militarización en el país, la cual se ha sostenido en el actual sexenio al tener a militares en tareas de seguridad pública.
Dentro de las recomendaciones que se asentaron en el informe, se encuentran la obligatoriedad de la inscripción de todas las detenciones en el Registro Nacional de Detenciones, impulsar la conciencia pública sobre los derechos humanos a través de campañas de divulgación pública y “derogar la prisión preventiva oficiosa”. GA
