ONU activa procedimiento por desapariciones en México: ¿qué significa?
Por primera vez, la ONU activa en México el procedimiento previsto en la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas

CUERNAVACA, MORELOS, 30AGOSTO2023.- Para conmemorar el Dia Internacional Contra la Desaparición Forzada, el colectivo de Unión de Familias Resilientes Buscando a sus Corazones Desaparecidos, marchó desde la glorieta de Tlaltenango, al norte de la ciudad, hasta el zócalo de la capital. Simultáneamente el colectivo Regresando a Casa realizo un evento de conmemoración en la plaza del Palacio de Cortes. A los casos de personas desaparecidas que ya son añejos como el de Mireya Montiel con 9 años de desaparecida, Jessica Cerón con 11 años, y Diego Armando con 12 se suman casos recientes como el del joven Maximiliano Sánchez Galicia de 22 años desaparecido el 27 de junio del año pasado en Cuautla, o el del policía Alejandro González Castro desaparecido el 25 de septiembre del año 2022 en Jojutla. Los familiares de las victimas coincidieron en denunciar que la justicia ni ha sido rápida ni expedita y que ha sido desdén lo que han obtenido de las autoridades en su demanda de localizar a sus seres queridos. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA / CUARTOSCURO.COM
/Margarito Pérez Retana
La ONU y el procedimiento activado en México

El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas informó que activará en México el procedimiento establecido en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este artículo abre la posibilidad de que el caso sea llevado ante la Asamblea General de la ONU.
Cabe destacar que es la primera vez que este mecanismo se activa en México, ante un posible contexto generalizado o sistemático de desapariciones de personas.
¿Qué establece la ONU sobre las desapariciones forzadas?
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (ICPPED) fue aprobada en 2006. En ella se establece que los Estados tienen la obligación de tipificar el delito de desaparición forzada en su legislación penal, considerando su extrema gravedad.
El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas inició un procedimiento formal contra México al documentar patrones de desapariciones generalizadas y sistemáticas. El organismo requirió información oficial al gobierno mexicano, con posibilidad de remitir el caso a la…
— maria scherer (@scherermar) April 4, 2025
Asimismo, la Convención estipula que la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad cuando se practica de forma generalizada o sistemática. El 6 de febrero de 2007, durante un acto histórico en París, la Convención fue abierta a la firma de los Estados, y 57 países la suscribieron.
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Finalmente, esta Convención entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, momento en el cual se creó el Comité contra las Desapariciones Forzadas.
Aplicación del procedimiento en México
De acuerdo con el artículo 34, si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en el territorio de un Estado Parte, y tras solicitar toda la información pertinente, “podrá llevar la cuestión con carácter urgente a la consideración de la Asamblea General de la ONU”.
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Este anuncio fue realizado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas la mañana del viernes 4 de abril, desde Ginebra, al finalizar su periodo de sesiones.
Como primer paso, el Comité solicitará al Estado Parte toda la información relevante sobre la situación, sin que esto prejuzgue las siguientes etapas del procedimiento.
🚨 Grave y sin precedentes: La ONU activa procedimiento especial por desapariciones en México.
— Marco Antonio Olvera (@MarcoA_Olvera) April 4, 2025
Es la primera vez que se aplica este mecanismo en el país. La comunidad internacional toma nota de una crisis ignorada por el Estado.
📍Más de 100 mil personas desaparecidas.… pic.twitter.com/w0Er5GjjBI
Finalmente, esta solicitud de información será enviada al Estado mexicano en las próximas semanas. El objetivo es mantener una cooperación y un diálogo constructivo con el Estado para lograr la aplicación plena de la Convención.
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