Norma Piña y la cúpula judicial, lentos y sin reflejos

A destiempo y sin suficiente autocrítica, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, presentó una serie de propuestas para sumar a la discusión de la reforma judicial, ya en debate en el Senado. Esto ocurrió 216 días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador propusiera la modificación y justo cuando las comisiones senatoriales discutían la minuta proveniente de la Cámara de Diputados. El anuncio de la ministra, el 8 de septiembre, incluyó dos documentos que aseguró, fueron resultado de consultas con miembros del Poder Judicial, legisladores, académicos y organizaciones sociales.

Expertos en derecho y comunicación política señalaron que la reacción fue tardía, y que Piña y la Suprema Corte no comprendieron a tiempo que estaban en una batalla de narrativas con el presidente sobre la necesidad de modificar la elección de jueces, magistrados y ministros. Los documentos, titulados Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas y La reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura, fueron presentados 73 días después del inicio de los foros de discusión y 20 días después de los paros laborales del Poder Judicial.

El abogado Mauricio Figueroa, de la UNAM, afirmó que la Suprema Corte llegó tarde al debate y que los documentos presentados no abordaban alternativas a propuestas como la elección popular de jueces o el Tribunal de Disciplina. Consideró que los textos evitan la autocrítica y se enfocan en problemas como las fiscalías y los poderes judiciales locales, sin tratar los errores en el Poder Judicial federal, describiendo el documento como una defensa más que una propuesta.

El domingo 8 de septiembre, en un discurso junto a varios ministros y consejeros, Piña criticó la narrativa que culpa a los jueces de los problemas de seguridad y justicia del país. Afirmó que “la demolición del Poder Judicial no es la vía” y llamó a realizar cambios profundos para mejorar la paz y la justicia en México. Sin embargo, el consultor en comunicación política Héctor Llerena opinó que la Corte reaccionó tarde y no supo insertarse en la narrativa pública, quedando en el papel de “los malos” en esta disputa.

Entre las 66 propuestas presentadas por la ministra Piña, algunas coincidían con los planteamientos de la reforma presidencial, como la disciplina judicial y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, también incluyeron otras propuestas no contempladas por el Ejecutivo, como combatir la trata de personas, fortalecer la independencia judicial y mejorar el servicio civil de carrera para transparentar la selección de jueces.

El Senado aprobó la reforma judicial el 11 de septiembre, la cual plantea, entre otras cosas, la elección de jueces y magistrados por voto popular y la creación de un Tribunal de Disciplina para sancionar a jueces corruptos. Según Mauricio Figueroa, aunque la ministra Piña tiene una carrera respetable, mostró falta de flexibilidad para dialogar con el Poder Ejecutivo y no logró demostrar una capacidad política de negociación necesaria en esta situación.

El analista Héctor Llerena resaltó que la Corte, como cabeza del Poder Judicial, no supo comunicar con claridad su importancia al público, permitiendo que la narrativa del presidente sobre el alto salario de los jueces y su supuesta lejanía con la gente ganara terreno. Piña emitió un mensaje conciliador el 10 de septiembre, llamando al diálogo pacífico, pero Llerena concluye que la estrategia comunicacional de la Corte fue insuficiente y que debieron explicar mejor al público las consecuencias de una reforma como la que se proponía.