Norma Piña se lanza contra reforma judicial en informe sin Sheinbaum ni representantes del Congreso

Con la ausencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de los representantes del Congreso, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, dio su último informe de labores y se lanzó contra la reforma judicial, que advirtió tendrá “consecuencias impredecibles”.

Piña Hernández subrayó que no es posible saber, al menos en este momento, cuál será el resultado de dicha reforma, que contempla elecciones de jueces, magistrados, ministros e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial en junio de 2025.

“La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos. Todo demócrata y con mayor razón todo servidor público desea lo mejor para su país”, sostuvo.

“Pienso que la expresión exclamada por algunos -“sí se pudo”-, solo tendrá sentido cuando los hechos den constancia plena de que está funcionando el nuevo sistema que garantice de mejor manera los derechos de las y los mexicanos”, apuntaló Piña.

La presidenta de la Corte confió que “la finalidad de esta reforma no consista en destruir sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos, un mejor control de regularidad constitucional, un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado, todo ello en beneficio de la sociedad y de nuestro país, pero esto solo se verá con el tiempo”.

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El aspecto medular, precisó Piña, “deriva de que se trata de una reforma con al menos dos evidentes retos de origen: el primero es que se está innovando a partir de una narrativa falsa, infundada, pero repetida, tan consistentemente que ha parecido convertirse en verdad”.

Por ello opinó que estamos “ante un caso típico de posverdad, en el que las apelaciones a las emociones, a las creencias y a los sentimientos han tenido más influencia en la formación de la opinión pública y de los actores políticos, que los hechos objetivos y verificados”.

Acusa Norma Piña campaña de ataques del gobierno

Norma Piña acusó una campaña de ataques desde el gobierno federal.

Una revisión a los acontecimientos del dominio público, expuso, deja ver con claridad dicha embestida.

Lo que se buscó, dijo, fue la anulación de la autonomía del Poder Judicial para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas.

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Esto se intensificó, inclusive de manera violenta, cuando la Suprema Corte y sus integrantes “actuamos como nos corresponde, como un tribunal constitucional, pero lo cierto es que la campaña de deslegitimación de juzgadores federal comenzó hace más de 6 años”.

“No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes”, refirió.

Además, apuntó que el desprestigio público de las personas juzgadoras nunca se acompañó de pruebas.

Ataques y amenazas a la Judicatura Federal

“Se nos llamó traidores al pueblo y se nos acusó de no ser parte de un proyecto político dominante”, recordó Piña Hernández.

Y enlistó los casos que resolvió la Corte, tras los cuales se intensificó la campaña en su contra:

• El de la Guardia Nacional en abril 2023 lo calificó como “un punto de quiebre importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los ministros de la Corte, por una acción de inconstitucionalidad, donde el pleno invalidó la legislación que ordenaba el traslado del control operativo de la Guardia Nacional a la Sedena”.
• Otro caso fue el decreto presidencial en el que se intentó clasificar como de seguridad nacional todas las obras que el gobierno considerara prioritarios.
• Y el tercero fue el revés al Plan B electoral del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el 22 de junio de 2023, cuando “el pleno por mayoría de 9 votos, al resolver varias acciones de inconstitucionalidad, se invalidó el paquete de reformas por violaciones graves al procedimiento legislativo”.

Piña explicó que “cada vez que la Suprema Corte resolvía uno de esos casos, las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y delincuencia organizada y de cuello blanco, incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces constitucionales y de cara a la sociedad”.

En 2024, agregó, se impulsó la reforma judicial. Y desde entonces “se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales en contravención directa de la Constitución”.

También, dijo, “se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos”.

“Todas estas campañas constituyeron ataques y amenazas a la independencia judicial y una muy peligrosa práctica antidemocrática”, resaltó.

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Ante la próxima elección judicial, Piña pidió tener “cuidado” con “usurpadores de la profesión”.

“Siempre sostendré que la existencia de un Poder Judicial autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir”, indicó Piña, quien terminó su discurso con enjundiosos aplausos de los presentes.

El funcionario más cercano a la 4T que estuvo en el informe de Piña fue Bernardo Bátiz, quien es parte del Consejo de la Judicatura Federal, del que Piña también es presidenta. También estuvieron las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmin Esquivel, cercanas al gobierno, quienes buscan ser electas en la próxima elección judicial. El resto de los 10 ministros también estuvieron presentes.