Nicaragua se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; ¿qué implicaciones tiene esta medida?
Tras el reporte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega hizo el anuncio
El gobierno de Daniel Ortega ha sido criticado de forma constante por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
/Foto: AFP
La relación entre Nicaragua y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se tensó hasta romperse. Este jueves el gobierno encabezado por el presidente Daniel Ortega dio a conocer que se retira de dicha representación.
La decisió se tomó como forma de rechazo al informe de un grupo de expertos del organismo internacional que acusa a la administración nicaraguense de tener una “maquinaria de represión” y acabar con el Estado de derecho en el país centroamericano.
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“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarnos del Consejo de Derecho Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites”, anunció en medios oficialistas Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua junto a su esposo, Daniel Ortega.
La salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU representa que ya no habrá vogolancia internacional sobre la forma como actúa el gobierno del país centromericano, lo cual podría significarla intensificación de las medidas restrictivas por parte de Daniel Ortega.
Informe de la ONU condena el autoritarismo de Ortega
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una “dictadura familiar”, junto a su esposa, de 73 años.
En su informe anual, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua aseguró que, con una reforma constitucional que entró en vigor el 18 de febrero, el gobierno “eliminó los pocos controles institucionales que quedaban” y creó un “poder ejecutivo con dominio absoluto”.
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Los expertos acusaron al “régimen de Ortega y Murillo de ejecutar sistemáticamente una estrategia autoritaria de dominio del país, mediante la comisión de graves violaciones de derechos humanos”.
Según el informe publicado en Ginebra, “el gobierno reclutó a excombatientes, militares y policías retirados, jueces y empleados públicos, para que se unieran” a un ejército de decenas de millas de encapuchados que vigilan y reprimen a la población.
Vestidos con camiseta blanca y pantalón negro, unos 30 mil encapuchados, que formaron filas en la Plaza de la Fe en Managua, fueron juramentados por Ortega y Murillo en la noche del miércoles para unirse a otros 50 mil del resto del país.
Daniel Ortega y su esposa, pareja en el poder
Ambos aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de abril de 2018, que consideraron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington y cuya represión, en la que según el Grupo de Expertos participó el ejército, la policía y paramilitares encapuchados, dejó más de 320 muertos.
“El autodenonimado Grupo de Expertos, la Oficina del Alto Comisionado y el Consejo de Derechos Humanos se han convertido en caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y tranquilidad”, agregó Murillo, en referencia a los manifestantes.
La copresidenta nicaragüense aseguró que “esos informes son un obstáculo para el desarrollo económico y social” del país, y calificó a esos órganos de la ONU de “irrespetuosos” que “perdieron su naturaleza y esencia”.
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“No los reconocemos y no nos vemos siendo parte o cómplice de atropellos contra la soberanía, la igualdad de los Estados, la dignidad de los pueblos”, agregó.
La reforma constitucional establece la “vigilancia” sobre la prensa y la Iglesia, y el despojo de la nacionalidad nicaragüense a quienes el gobierno considera “traidores a la patria”, como hizo con unos 450 críticos y opositores expulsados del país en los últimos años.
“Nicaragua se ha convertido en un lugar de vigilancia y silencio impuesto para quienes permanecen, mientras que aquellos que se atreven a resistir, o que simplemente son percibidos como disidentes, enfrentan una vida de apátrida y exilio”, dijo Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos.
Los investigadores de la ONU instalaron en la comunidad internacional para tomar medidas decisivas para abordar estas violaciones. GA
