En público han hecho las paces; en privado, sigue la pugna entre los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso de la Unión. Allegados al senador Adán Augusto López investigan si hay vínculos entre el diputado Ricardo Monreal y la empresa Procesos de Ingeniería Aplicada S.A. de C.V. (Piasa), a la que acusan de simulación de servicios.
Piasa fue contratada por la delegación Cuauhtémoc en 2016 y 2017, cuando Monreal Ávila fue delegado. La pavimentación de la calle Londres costó 37.2 millones de pesos en 2016 y otros 37.9 millones de pesos se desembolsaron para la rehabilitación del edificio delegacional a finales de 2017, los últimos meses de gobierno del zacatecano.
La especialidad de la empresa era la rehabilitación de la carpeta asfáltica y bacheo, pero, en 2019, el Senado la contrató directamente por 74.5 millones de pesos (con IVA incluido) para la fabricación, montaje y adecuación de cubos para alojar elevadores.
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La contratación fue multianual, de 2019 a 2021, cuando Ricardo Monreal se desempeñaba como coordinador de la bancada morenista y uno de los hombres más influyentes en la Cámara.
La pandemia por Covid-19 retrasó las obras. Durante 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Senado realizó pagos en exceso a la firma, mismos que tuvieron que reintegrarse; sin embargo, la ASF no realizó otra auditoría al término de los servicios.
De acuerdo con la PNT, hubo modificaciones al contrato y la empresa entregó la obra en julio de 2024, tres años después de la fecha acordada, lo que incrementó el costo de 74.5 millones de pesos a 99.6 millones.
Procesos de Ingeniería Aplicada no tenía historial de contrataciones en el Senado antes de 2019. Ha sido proveedora de otras instituciones como la Comisión Nacional del Agua y el Infonavit, de acuerdo con la búsqueda que hizo ejecentral en Compranet y la PNT.
La compañía, que tiene como administrador único a Pablo Santiago Olguín, fue creada en 1997 y, desde entonces, ha tenido al menos cuatro modificaciones a su objeto social. Pasó de ser contratista de obras y dar mantenimiento a parques y jardines a ser prestamista y constructora de infraestructura portuaria, pluvial, eléctrica y sanitaria.
Estos últimos objetos sociales los incluyó en actas del Registro Público de Comercio hace un mes, en noviembre de 2024, de acuerdo con las copias en poder de ejecentral.
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“Antes de que votáramos la penúltima votación se informó que había compañeras que estaban atrapadas en los elevadores inconclusos que ustedes conocen. (…) Vamos a presentar las denuncias correspondientes para que informen al Senado de la República y para que todos los mexicanos sepamos quién es la empresa, por qué hay elevadores en los que incluso ni siquiera se pudo instalar un aparato y, desde luego, nos vamos a hacer cargo”, declaró Adán Augusto López.
El tabasqueño, operador político del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que el contrato multianual por 90.4 millones de pesos se rescindiría; sin embargo, los servicios terminaron en julio pasado y costaron más recursos, según se establece en la PNT.
De “negocitos añejos” y contratos inexistentes
Adán Augusto López dijo que entre los “negocitos añejos” en el Senado se encuentran contratos anuales adjudicados a la empresa Full Service de México S.A. de C.V. para la administración de archivos por 60.5 millones de pesos. Esos contratos no existen en las plataformas públicas de transparencia.
El contrato con el monto más alto para esa empresa se firmó en noviembre de 2021 por un monto máximo de 40 millones de pesos y los servicios concluyeron en noviembre de 2022.
La compañía ya había sido contratada por otras instituciones, aunque no por el Senado. Aunque Monreal aseguró que los convenios se dieron por licitación, hubo algunos que se asignaron directamente.
La ASF señaló que en los informes de la Cuenta Pública 2017 (auditoría 17-GB) que Full Service de México, la firma que ahora se encarga de la administración de archivos, fue contratada en 2015 por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social para supervisar dos Ceferesos “sin que cumpliera con el requisito de contar con personal profesional que tuviera experiencia en la supervisión técnica de servicios penitenciarios”.
De acuerdo con el acta constitutiva de la empresa en poder de ejecentral, Full Service de México fue creada en Puebla el 29 de enero de 1993 por los veracruzanos Eduardo Galland Sánchez, Manuel Galland Sánchez y Leticia López Fernández de Galland. El director general es Carlos Galland Sánchez.
La especialidad de la empresa era la “prestación de servicios de almacenaje, maniobras y distribución de toda clase de artículos para la industria automotriz y similares”, según su objeto social, no la administración de archivos.
No habrá pipa de la paz
Los coordinadores parlamentarios de Morena en ambas cámaras no han fumado la pipa de la paz, eso lo saben los allegados a ambos legisladores. Ricardo Monreal incita a que se presenten las denuncias correspondientes, pues está seguro de que tiene los respaldos legales para comprobar los servicios contratados por el Senado cuando él estuvo ahí. Adán Augusto López advirtió que hay más contratos de simulación de servicios y los dará a conocer.
Aunque ambos se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien les pidió no dividir al movimiento, se prevé que los legisladores muestren su músculo político.
“El (político) que está denunciado debe exigir que se presente la denuncia porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento para dañar el prestigio de una persona. El político honesto tiene que exigir que se presente la denuncia y debe de pedir, sí, acuerdos, pero no pactos de impunidad”, declaró Monreal dos días después de reunirse con Sheinbaum y López Hernández.
Para la 4T se trata de un conflicto entre morenistas, un enfrentamiento peligroso porque puede dividir al partido con más poder en México; pero para los políticos de oposición y organizaciones civiles dedicadas a la transparencia, debe privilegiarse la investigación de los presuntos contratos con visos de corrupción.
“Lo que estamos viendo es el inicio de autodestrucción al interior de Morena. En segundo lugar, tienen todo el derecho, tanto para pelearse como para reconciliarse, pero lo que nosotros sí vamos a exigir son dos cosas: una, que no se utilice la justicia con fines políticos y, segundo, que si hubo señalamientos, pues los señalamientos se tienen que investigar y le tienen que rendir cuentas no al Senado, sino al pueblo de México, porque esos recursos son públicos”, enfatizó el senador panista y excandidato presidencial Ricardo Anaya.
Opacidad en el Poder Legislativo
En entrevista con ejecentral, el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, destacó que “más allá de los dimes y diretes, de la unidad de un partido político, o de las descalificaciones cruzadas”, el Poder Legislativo tiene que cambiar y alinearse al mandato social de controlar el mal uso de los recursos públicos.
“Transparencia Mexicana observó críticamente la forma en que se entregaron los contratos para construir la sede actual del Senado y las adquisiciones de bienes o servicios tan sencillos como el café o la compra de vehículos para el servicio de transporte de las y los legisladores. También señalamos el precio de los boletos de avión o la compra de aplicativos tecnológicos. Las acusaciones recientes entre legisladores de un mismo partido se suman a una larga lista de escándalos en los que están involucrados nuestros representantes populares y sus grupos políticos”, resaltó.
Bohórquez fue uno de los representantes de las organizaciones civiles que impulsó que todos los funcionarios públicos presentaran sus declaraciones patrimoniales, de interés y fiscales, y que hubiera una versión pública de esos documentos. También impulsó el parlamento abierto y ha señalado la opacidad en el Poder Legislativo.
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“Cuando, desde Transparencia Mexicana, impulsamos la noción de parlamento abierto, no nos referíamos solo a tener audiencias públicas o foros de discusión. Nos interesaba cambiar tanto sus prácticas parlamentarias como la administración de los recursos de todas y todos. El Poder Legislativo, por ser un órgano de representación del pueblo, debe estar abierto al escrutinio público en su reparto de recursos por bancadas y grupos, y en las adquisiciones de bienes, servicios y obras”, agregó.
El Senado no solo ha dejado de publicar información que era transparente en legislaturas pasadas, antes de que los morenistas controlaran la administración de la Cámara.
Esa Cámara también ha reservado por años las auditorías y gastos de los grupos parlamentarios.
Cuando Monreal controlaba el Senado y Mauricio Farah Gebara era el secretario general de Servicios Administrativos, se reservaron las auditorías a los grupos parlamentarios, además de los comprobantes fiscales, facturas o vouchers que presentaron los legisladores para justificar los recursos públicos que se les asignaban a través de la Partida 39903.
“Aún hay un vacío legal en cuanto a la rendición de cuentas de los partidos políticos representados en el Congreso, los cuales se escudan en su condición de entidades de interés público, pero no como parte del gobierno, por lo que, en su opinión, no están obligados a cumplir con la exigencia social de transparencia y rendición de cuentas. El problema radica en la autonomía constitucional del Poder Legislativo, lo que les convierte en jueces y partes en las decisiones administrativas que toman. Esto ocurre por diseño institucional y por conveniencia de todos los partidos políticos”, enfatizó Bohórquez.
