Bajo un clima de tensiones por la reciente represión a jubilados y el descontento creciente entre los ciudadanos, el presidente argentino, Javier Milei, presentó ante el Congreso su presupuesto para 2025 la semana pasada.
En el documento, que aún debe ser aprobado por el Congreso —de mayoría opositora—, se plantean más acciones de austeridad y recortes en un país donde la inflación ha aumentado 236.7% en los últimos 12 meses, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Durante la presentación del proyecto presupuestario, el presidente aprovechó para arremeter nuevamente contra la “mala gestión macroeconómica” del país en el pasado y prometió que vetaría cualquier medida que comprometa o cuestione su estrategia de austeridad.
“Vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal, porque no vamos a ser cómplices de estafar al pueblo argentino con una medida populista”, fue parte de su mensaje, emitido ante un Congreso semivacío, en protesta por lo que muchos diputados y senadores consideraron “una puesta en escena”.
Entre los puntos a destacar del presupuesto para 2025, se establece una nueva regla fiscal que señala que “el Sector Público Nacional deberá obtener, a partir del ejercicio 2025 y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario”. Esto significa que si los ingresos proyectados por el Gobierno en el presupuesto llegan a bajar, también deberán recortarse los gastos en igual proporción.
Asimismo, se prevé una caída del 3.8% del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, lo que marcará dos años consecutivos de pérdidas. Sin embargo, el gobierno de Milei estima que para 2025 el PIB aumentará 5%, y proyecta una inflación del 18.3% para ese mismo año. También se espera un superávit de poco más de 20 mil millones de dólares para 2025, todo derivado del endurecimiento de las políticas de austeridad y nuevos recortes.
En contraste, y de acuerdo con análisis de especialistas, con el presupuesto de 2025 se registrará una caída real en los fondos destinados a las jubilaciones, así como en las áreas de educación y ciencia. Aunque el área de Servicios Sociales (que engloba jubilaciones, programas sociales, educación, ciencia y salud, entre otros) recibirá un aumento del 2% el próximo año, este incremento no se reflejará en dichos rubros, que actualmente ya operan bajo severos recortes.
Por su parte, la función de Educación y Cultura caería un 0.3% en 2025, y dentro de esta área, el financiamiento de las universidades se reducirá 4.5%, mientras que los fondos destinados a infraestructura y equipamiento dentro de la Secretaría de Educación registrarán una caída real del 23.4% para el mismo año. En contraste, las erogaciones relacionadas con la obra pública se mantendrán sin cambios. Frente a estas reducciones, la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y el área de Salud recibirán más recursos en 2025. El aumento será del 18.2% para la Secretaría General de la Presidencia —encabezada por Karina Milei, hermana del presidente—, del 5.9% para la Secretaría de Inteligencia del Estado, y del 31% para Salud.
En términos generales, los gastos totales para 2025 serán 2.5% menores en términos reales que los gastos con los que el Gobierno estima cerrar el año.
Aprobación en “veremos”
El presupuesto de 2025 fue presentado después de varios días de enfrentamientos entre el presidente y los miembros del Congreso, debido a algunos aumentos en los gastos que Milei afirmó descarrilarían el presupuesto de “cero déficit” planeado. Entre los proyectos aprobados se encuentra la ley de emergencia presupuestaria para universidades, que permitiría una actualización presupuestaria y una recomposición salarial del personal en los planteles. Esta ley fue casi de inmediato descalificada por Milei, quien aseguró que la vetaría.
El presidente libertario enfrenta una fuerte desaprobación tanto entre los integrantes del Congreso —donde la oposición es mayoría— como entre los ciudadanos, que sufren la inflación reflejada en productos básicos como alimentos y medicamentos.
Días antes de la presentación del documento, miles de jubilados salieron a las calles para protestar contra la reducción de sus pensiones y el aumento en los costos de los medicamentos. Bajo órdenes gubernamentales, los cuerpos de seguridad argentinos reprimieron las manifestaciones con gases lacrimógenos y golpes.
Ante estas circunstancias, se esperan semanas de negociaciones entre el Congreso —encargado de administrar los fondos del gobierno— y el propio presidente, que se encuentra políticamente aislado. Los diálogos implicarán concesiones de ambas partes, aunque Milei ya ha advertido que encontrará otras maneras para reducir el gasto.
“El único contexto en el que aceptaremos discutir el aumento de un gasto es cuando la petición venga con una expresa explicación de qué partida hay que reducir para cubrirlo”, puntualizó.
