Aún no habían pasado ni 24 horas desde su investidura como presidente de Estados Unidos, cuando Donald Trump dio los primeros golpes a México. Incluso antes de poner pie en la Oficina Oval, el republicano aprovechó el desfile inaugural de su administración en la Capital One Arena de Washington DC para firmar sus primeras ocho ordenes ejecutivas, frente a la multitud que fue a apoyarlo. Más tarde, ya en su oficina, signó decenas de órdenes ejecutivas, muchas de ellas, dirigidas a la relación que mantiene con nuestro país.
›Tal como prometió durante su campaña, uno de los primeros temas en el que puso manos a la obra fue el relativo a la migración. Con la declaratoria de “emergencia nacional” en la frontera entre Estados Unidos y México, autorizó el uso de las fuerzas militares en la línea divisoria entre ambos países. Soldados y Guardia Nacional estadounidenses recibieron la orden de asegurar la frontera y repeler “formas de invasión”, así como impedir el tráfico de drogas.
Otra orden, firmada el primer día de su administración, también habilita al personal estadounidense a construir barreras adicionales y usar sistemas aéreos para impedir el ingreso físico no autorizado de extranjeros.
En relación con la declaratoria de emergencia, también autorizó al Secretario de Defensa que ordene a los militares repeler la migración masiva ilegal, el tráfico de narcóticos, el tráfico y trata de personas y otras actividades delictivas en la frontera entre Estados Unidos y México.
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Esto deriva en la orden de reforzar el muro en la frontera entre Estados Unidos y México, así como la remoción de extranjeros presentes ilegalmente en los Estados Unidos.
Asimismo, suspendió el ingreso de refugiados a Estados Unidos a partir del 27 de enero, una acción que se vio reflejada en la eliminación de la aplicación CBP One, que hasta el 20 de enero permitía el ingreso a Estados Unidos a migrantes por razones humanitarias.
Otra de las ordenanzas firmadas por Trump fue la orden de no reconocer la ciudadanía estadounidense a las personas nacidas en dicho país, pero de padres que no son considerados ciudadanos o residentes permanentes legales. Esta orden, que contradice lo expresado en la Constitución de Estados Unidos, ya ha sido puesta en duda por otras órdenes de gobierno.
Pero no así con la designada para “proteger a los estadounidenses de la invasión”, que entre otras cosas revoca las órdenes ejecutivas de inmigración emitidas por el presidente Biden, y autoriza la remoción expedita de extranjeros, permite la creación de nuevos centros de detención y ordena la negación de fondos federales a las ciudades santuario.
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La “Protección de los Estados Unidos contra los terroristas extranjeros y otros”, marca las pautas para dirigir la investigación, exclusión y expulsión de extranjeros con visa que sean hostiles a los ciudadanos, la cultura, el gobierno, las instituciones o los principios fundadores de Estados Unidos, junto a los que considere que aboguen o apoyen a terroristas extranjeros o amenazas a la seguridad nacional.
Una de las órdenes más polémicas fue la “Designación de cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados”, la cual incluye las organizaciones de crimen organizado que operan en México. Cabe destacar, sin embargo, que para que esta orden y las demas sea válidas, deben ser consultadas con otras agencias del gobierno federal, se debe verificar que son compatibles con el marco legal, y finalmente, ser validadas por el Departamento de Estado.
Algo parecido sucede con la orden para cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América, y si bien dentro del país ya ha comenzado a llamarse con el nuevo nombre, en los sistemas geográficos y los estándares internacionales no se vislumbra ningún cambio de denominación.
Más allá de las órdenes firmadas, el presidente también anunció que restablecerá el programa “Quédate en México”, que ayudaba a que los migrantes tramitaran solicitudes de asilo desde el país vecino. Sin embargo, cabe destacar que para hacer realidad sus objetivos, requiere el acuerdo de México.
De igual manera sucede con sus promesas de aumentar los aranceles a nuestro país. Pese incluso a que anunció que en febrero aumentaría 25% a los bienes importados de México y Canadá, lo cierto es que los países podrían responder de igual manera, además de que la medida termina repercutiendo en el bolsillo de los ciudadanos estadounidenses, ya que los aranceles los pagan las empresas estadounidenses que importan bienes extranjeros, y con frecuencia, esos costos generalmente se trasladan a los consumidores, a quienes se les cobra más para que se pueda recuperar lo invertido.
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A pocos días de la firma de sus primeras órdenes ejecutivas, las críticas ya se han hecho presentes. Algunas de las más polémicas desde la perspectiva de los estadounidenses –como la relacionada a los indultos a los participantes de la toma del Capitolio el 6 de enero del 2021, o la que eliminaba el derecho de la ciudadanía por nacimiento– ya comenzaron a ser impugnadas legalmente, y lo mismo podría pasar con algunas de las que tienen como objetivo expulsar o denegar la entrada a los migrantes.
Con estas acciones iniciaremos la restauración completa de Estados Unidos y la revolución del sentido común. Todo es cuestión de sentido común.
