México, en la encrucijada migratoria

Un cambio radical en la dinámica social con el fortalecimiento de grupos de odio, racistas y xenófobos; redadas y deportaciones masivas; restricciones de asilo; y un incremento de las violaciones a derechos humanos contra las personas migrantes son algunas de las medidas que ya son una realidad, pero que podrían agudizarse con el inicio del segundo mandato de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos.

Hasta ahora, las advertencias en materia migratoria que, desde el periodo de campaña, ha lanzado reiteradamente el presidente electo se han mantenido en una retórica amenazante contra México y las personas indocumentadas.

Sin embargo, especialistas consultados señalan que dichas amenazas podrían materializarse en los primeros días de su administración, que arranca el próximo 20 de enero.

Decisión soberana

Ante la “altísima probabilidad” de que, mediante alguna acción ejecutiva, el mandatario republicano instaure nuevamente acciones anti-migrantes, como lo fue el programa “Quédate en México” o la política de expulsión del Título 42, Tonatiuh Guillén López, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, destacó que el gobierno mexicano tiene la “decisión soberana” de aceptar o no ese tipo de medidas, subrayando la importancia de que el país determine sus propios límites y condiciones frente a estas presiones internacionales.

Al advertir sobre una estrategia “muy visible y ruidosa” de deportaciones, de la que habría impactos tanto en México como en territorio estadounidense –especialmente para los connacionales en situación irregular y los migrantes cercanos a la frontera–, el académico hizo hincapié en los posibles efectos negativos que esto podría traer a largo plazo. En particular, mencionó las presiones externas que podrían llevar a consolidar a México como “un espacio de contención”, lo que implicaría no sólo un riesgo para el bienestar de los migrantes, sino también un desafío para las relaciones diplomáticas y la soberanía nacional.

“Si México y la presidenta Sheinbaum nuevamente aceptaran esquemas como el ‘Quédate en México’, el Título 42 o algo parecido, son decisiones de política internacional que están en la cancha de México. Aceptarlas, en su caso, debe ser producto de una negociación clara y bajo condiciones determinadas, para evitar que el país se vea nuevamente en la situación que vivió a finales de 2018 y 2019, cuando se aceptaron medidas de manera unilateral, sin condiciones y a cambio de nada. Esa fórmula no es conveniente que vuelva a ocurrir, porque no solo afecta a los migrantes, sino que también pone en juego la dignidad y autonomía del país”, advirtió Guillén López.

El extitular del Instituto Nacional de Migración (INM) subrayó que, ante las crecientes presiones para que México funja como un tercer país seguro que reciba tanto a migrantes mexicanos como de otras nacionalidades, es crucial no descartar programas de cooperación. Sin embargo, enfatizó que, bajo ninguna circunstancia, México debe aceptar estas condiciones sin negociar de manera firme y asegurando que cualquier acuerdo beneficie tanto a los migrantes como al propio país. “Aceptar de manera subordinada y sin condiciones sería un gran error, pero lamentablemente, ya está sucediendo en los hechos, aunque no a gran escala”, apuntó.

“Ocurre ahora, no en una escala mayor, pero sí es una realidad que México ya está recibiendo a personas de otros países, especialmente de Centroamérica y América del Sur. Esto sucede constantemente. Si México quisiera, podría establecer límites más claros y rechazar la recepción de personas de otras nacionalidades, haciendo de esta una política explícita. México tiene la capacidad de hacerlo y es su decisión si quiere implementar un planteamiento más restrictivo en este sentido”, añadió.

Como parte de esa ruta para consolidar a México como un “tercer país seguro”, Tonatiuh Guillén señaló que existen altas probabilidades de que la política migratoria mexicana se endurezca aún más, lo cual podría implicar un aumento en la militarización de los controles fronterizos y la implementación de políticas más restrictivas. “La política migratoria ya está militarizada y ha adoptado un enfoque muy rudo. Sin embargo, hay posibilidades de que esta se extienda y consolide mucho más, convirtiéndose en un aparato de contención más contundente, que podría tener repercusiones tanto en los derechos humanos de los migrantes como en la percepción internacional sobre México”, concluyó Guillén López.

Una amenaza para todos

Bajo la advertencia de que, en su segundo mandato, llevará a cabo “la mayor deportación de inmigrantes en la historia de Estados Unidos”, el discurso de Donald Trump ha intensificado y fortalecido los “círculos de odio, de racismo y xenofobia” contra las personas indocumentadas y en movilidad, exacerbando un clima de hostilidad y violencia que, según expertos, podría tener efectos devastadores en la sociedad migrante, no sólo en territorio estadounidense, sino también en el contexto internacional.

Para Eunice Rendón Cárdenas, coordinadora de las organizaciones Agenda Migrante y Red VIRAL, uno de los impactos más graves que debe contener el gobierno de México es el cambio en la dinámica social que promueve la retórica racista y anti-migrante que el expresidente, ahora en campaña para la Presidencia, ha mantenido. Según Rendón Cárdenas, este discurso está creando una atmósfera de hostilidad que afecta a la migración y a los grupos vulnerables que buscan refugio. “Ya estamos viendo cómo estos cerca de 200 grupos de ciudadanos racistas, que incluyen desde exmarines hasta exmilitares, se están uniendo al movimiento de Donald Trump. Estos grupos están armándose, están usando drones y se están apostando en la frontera, lo que genera una mayor violencia y agresión en una situación ya compleja”.

Para la especialista en migración y seguridad, el discurso del presidente estadounidense incentiva la acción directa de estos grupos radicales, quienes se sienten con el derecho de actuar conforme a su odio y xenofobia, lo que incrementa las agresiones contra los migrantes, especialmente los latinos. Esta situación no sólo afecta la seguridad física de los migrantes, sino que también tiene un impacto emocional y psicológico devastador. El fomento al miedo, el odio y la desconfianza en la comunidad migrante genera un daño profundo en la salud mental de las personas afectadas, incluidas las familias de los indocumentados y otros grupos que están siendo amenazados por las políticas de Trump, lo que podría extenderse incluso a quienes gozan de un estatus legal temporal, como los que poseen permisos temporales o los residentes legales.

“El generar temor en la comunidad migrante, afectando la salud mental de los migrantes, de las familias de indocumentados y de otros grupos amenazados por Donald Trump, es uno de los impactos inmediatos que ya estamos observando”, señaló Rendón Cárdenas. Esta atmósfera de violencia verbal y mediática puede generar un estrés postraumático que afecte no solo a los migrantes, sino también a sus familias, lo que pone en peligro su bienestar y estabilidad. Incluso aquellos con permisos temporales y residentes legales podrían sentirse amenazados por la retórica de Trump, lo que crea un entorno de constante incertidumbre.

“Creo que, desde los primeros meses de su gobierno, vamos a ver un tema de redadas, no solo en la frontera, sino también tierra adentro. Habrá detenciones más agresivas y disposiciones excepcionales para deportar de manera expedita, es decir, sin seguir el debido proceso legal”, adelantó Rendón Cárdenas. Este tipo de medidas podrían ser parte de una estrategia más radicalizada de represión migratoria. Según la experta, con un equipo más extremista, Trump podría endurecer sus políticas, lo que podría generar un impacto negativo tanto para la migración como para México, dado que el país se ve directamente afectado por cualquier cambio en la política migratoria de Estados Unidos.

En la perspectiva de la doctora y maestra en sociología política y políticas públicas, la implementación de estas medidas podría tener efectos devastadores para los trabajadores con el estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y para aquellos beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como “dreamers”. Para estos grupos, el riesgo de perder sus derechos podría ser inminente, afectando a miles de personas que llevan años viviendo y trabajando en Estados Unidos, contribuyendo al desarrollo económico y social del país. “Si Trump avanza con sus planes, podría haber un golpe devastador para estos grupos, incluyendo la posibilidad de quitarles la ciudadanía o cualquier tipo de protección legal que hayan obtenido a través de estos programas”, puntualizó.

Ya en el ámbito legal, Eunice Rendón refirió que las deportaciones masivas que Trump ha prometido podrían materializarse a través de una orden ejecutiva que podría emitir en sus primeros días de gobierno, al igual que hizo con su polémico programa “Quédate en México”, que afectó a hasta 80 mil personas. Sin embargo, el peligro ahora es que Trump ha amenazado con deportar a familias enteras, incluyendo a aquellas que cuenten con estancia legal en el país. Esto representaría un cambio radical en la política migratoria estadounidense y un golpe directo a las miles de personas que viven con el temor de ser separadas de sus seres queridos, sin importar su estatus migratorio.

Más estrategia, menos palabras

Ante ese escenario, la exdirectora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en la Cancillería refirió que la actual crisis humanitaria en materia migratoria “se podría agudizar si no hay un plan concreto, bien estructurado, y si no hay recursos suficientes destinados a esa gestión migratoria que exige una coordinación eficiente y un enfoque estratégico”. Apuntó que “en la política del retorno es muy importante no improvisar o no inventar medidas, sino establecer acciones bien fundamentadas que protejan los derechos de las personas migrantes y promuevan soluciones sostenibles”.

En ese sentido, destacó que el gobierno mexicano cuenta con buenas prácticas respecto a los programas de retorno, desarrollados a lo largo de los últimos años. No obstante, subrayó que, más allá de los “dimes y diretes” entre el presidente Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, debe concretarse “una política sólida del retorno” y una estrategia que no sólo contemple las condiciones actuales, sino que también dimensione la relación bilateral en su conjunto, asegurando la estabilidad y la cooperación entre ambos países.

“Es importante ir y trabajar con las empresas, con la academia, la sociedad civil, con los medios de comunicación y otros actores clave. Los legisladores mexicanos ya se están alentando; tendrían que estar preparando ya visitas con sus pares para establecer un diálogo constructivo. Lo mismo aplica para los gobernadores fronterizos de ambos lados, quienes juegan un rol esencial en la coordinación de esfuerzos binacionales. Hay que darle otra dimensión al tema, para que no todo quede en la palabra de Donald Trump ni se reduzca a reacciones inmediatas sin un análisis profundo”.

Ante los amagos del republicano para imponer aranceles a las importaciones mexicanas si no se detiene la migración ilegal, Rendón Cárdenas sostuvo que, en lugar de enviar un mensaje o una carta aislada, México debe conformar un equipo integral de negociadores que agrupe expertos en migración, seguridad, economía y relaciones internacionales. Aseguró que también hay forma de “castigar” su economía, ya que el propio T-MEC, propuesto por Trump, establece “aranceles preferenciales” para México y Canadá, ofreciendo herramientas legales para contrarrestar posibles medidas unilaterales.