Menores y crimen, ante un vacío legal; reclutamiento forzado
Un diagnóstico elaborado por parte del gobierno federal ubica 50 municipios del territorio nacional como focos del reclutamiento de niños y de adolescentes por parte de grupos del crimen organizado
El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos del crimen organizado en México es una realidad que está documentada desde hace más de 15 años. Sin embargo, esta práctica, que ha evolucionado en su nivel de violencia y crueldad, sigue sin considerarse un delito.
En 2021, el gobierno federal, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, elaboró el Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México.
Dicho documento incluye un diagnóstico de los factores que propician el reclutamiento forzado, las formas en que son enganchados, la escala de actividades a las que son obligados, los municipios identificados con “alta incidencia” y los grupos criminales que operan en cada entidad, así como propuestas de líneas de acción para atender el problema.
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Pero no es el único antecedente. En 2010, luego de que se dio a conocer el caso de Édgar El Ponchis, un niño de 14 años que había sido reclutado desde los 11 por el Cártel del Pacífico Sur, una escisión de los Beltrán Leyva, organizaciones civiles calcularon que entre 35 mil y 45 mil menores eran víctimas de reclutamiento forzado cada año.
En mayo de 2011, elementos de la extinta Policía Federal detuvieron a Jesús Radilla Hernández, El Negro Radilla, identificado como uno de los jefes del cártel del Pacífico Sur. Fue acusado y sentenciado por delitos como secuestro, homicidio, delincuencia organizada y delitos contra la salud, pero no por haber privado de su libertad y reclutado a El Ponchis.
Un análisis del Observatorio Nacional Ciudadano y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), publicado en 2020, calculó que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes vivían en zonas con condiciones potencialmente riesgosas para ser reclutados por grupos criminales.
A 15 años del caso de El Ponchis, el centro de reclutamiento y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, hallado por las autoridades en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, evidencia que el reclutamiento forzado de infantes y adolescentes sigue siendo una práctica recurrente de los grupos criminales para engrosar sus filas con total impunidad.
Y es que, al igual que con El Negro Radilla, José Gregorio, alias El Comandante Lastra, detenido e identificado como responsable del reclutamiento de personas para el CJNG en Jalisco, será procesado por diversos delitos, pero no por haber reclutado a un número indeterminado de menores y de jóvenes.
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, advirtió en entrevista con ejecentral que, aunque no haya cifras oficiales, el reclutamiento forzado “sí ha incrementado. En 2010, Ponchis no nos habló de cuerpos mutilados, de canibalismo, de que tuviera que matar a sus amigos. Y lo que estamos viendo ahora es más crudo, más cruel”.
Voluntad sin decisión
Tres meses después de que la Redim publicó el informe Infancia y Conflicto Armado en México, en marzo de 2011, el Comité de los Derechos del Niño emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano, en las que urgió a tipificar el delito de reclutamiento forzado de menores y adolescentes.
Han pasado 14 años desde las primeras recomendaciones, que también incluían la creación de programas de desvinculación y rescate de las niñas, niños y adolescentes víctimas, así como fomentar una cultura de paz en las escuelas como política de prevención. Aunque el Comité reiteró la recomendación en 2015 y 2024, hasta ahora no hay avances.
Juan Martín Pérez, quien ha acompañado procesos legislativos en favor de los derechos humanos de niñas, niños y jóvenes por más de 30 años, aseguró que la falta de un marco legal que sancione el reclutamiento no se debe a la ausencia de iniciativas. Recordó que en la pasada legislatura hubo cinco proyectos de ley sobre el tema: tres en el Senado y dos en la Cámara de Diputados.
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El activista y consultor destacó que, si bien ha habido voluntad política de varios legisladores y funcionarios, la importancia de crear leyes radica en que permiten establecer marcos para la política pública.
En ese sentido, la tipificación del reclutamiento como delito significaría avances importantes para su combate, al dimensionar la magnitud del problema a partir del número de carpetas de investigación abiertas.
También permitiría etiquetar recursos presupuestales para poner en marcha programas y acciones, además de articular su combate de manera transversal con políticas y programas existentes, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro.
“Una política pública que tiene un marco legislativo, que tiene presupuesto y que tiene instituciones responsables de atender un tema, eso es política pública y eso sí puede cambiar la realidad. Pero quienes toman las decisiones han decidido no hacerlo, y eso ha sido una constante en los últimos tres sexenios”, refiere.
Focos rojos
La existencia del campo de reclutamiento en Jalisco es una lamentable realidad, pero no se trata del único ni del último. De acuerdo con un análisis de la Secretaría de Gobernación en 2021, se identificaron 18 entidades propensas al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes con fines delictivos.
Dentro de esas 18 entidades del país se ubicaron 50 municipios con “alta incidencia” de reclutamiento. Al respecto destacan Guanajuato, Jalisco y Sonora, con seis municipios cada uno; el Estado de México, con cinco; Baja California y Michoacán, con cuatro cada uno.
Con tres municipios figuran la Ciudad de México y Zacatecas; con dos, Chihuahua, Guerrero y Nuevo León. Finalmente, con un municipio de alto reclutamiento se encuentran Colima, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas.
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En cada una de estas entidades se identificaron las principales organizaciones criminales presentes en el territorio. En prácticamente todas las zonas consideradas focos de reclutamiento, se reconoce la presencia de células del CJNG y del Cártel de Sinaloa, actualmente dividido en las facciones de Los Chapitos y La Mayiza.
El análisis señala que el reclutamiento ocurre a través de invitaciones directas en redes sociales o videojuegos, falsas promesas de empleo, retención de documentos en el caso de migrantes, privación de la libertad y amenazas directas hacia la víctima o su familia.
La violencia piramidal en la que caen los menores reclutados escala desde ser mensajeros, en el nivel más bajo, hasta cometer delitos como persuadir y captar a otros menores para actividades delictivas o explotación sexual, realizar extorsiones, fungir como “halcones”, participar en la producción, trasiego y venta de drogas, transportar armas y dinero, vigilar rutas de tráfico, e incluso incursionar en secuestros, sicariato y desaparición de cuerpos.
Al sostener que “toda forma de violencia es prevenible” y que la responsabilidad adulta es garantizar “una niñez libre de guerra”, Juan Martín subrayó que está documentado que frenar la violencia en el país pasa por acabar con el reclutamiento forzado de menores y jóvenes.
“Esencialmente, se trata de quitarles la base operativa a los grupos criminales. Sin soldados reclutados de manera forzada, no tendrán quién dispare las armas. Por eso insistimos en que esto es estratégico”, recalcó.
