Madres buscadoras, heroísmo en riesgo

Las buscadoras afirman que en México hay “muchos” predios como el rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco. Mientras ellas exponen las pruebas del exterminio y el adiestramiento forzado de la delincuencia organizada, deben sortear amenazas de los narcotraficantes, el desinterés y “la burla” de las autoridades, así como la estigmatización en redes sociales.

Así lo contaron a ejecentral cuatro buscadoras provenientes de Jalisco, Ciudad de México y Sinaloa, quienes narraron las atrocidades del crimen, cómo fueron ignoradas por las autoridades cuando sus hijos desaparecieron y cómo, a pesar de las trabas, han rescatado cientos de cuerpos y orientado a los familiares de las víctimas.

Guadalupe Aguilar, Patricia Manzanares, María Isabel Cruz y Mirna Nereida Medina coincidieron: las autoridades son “ciegas, sordas, mudas e indolentes”. Por eso nacieron las buscadoras, ante la incapacidad de los gobiernos para localizar a casi 124 mil 964 desaparecidos, según cifras oficiales al corte del 21 de marzo de 2025.

Búsqueda permanente

El pasado 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entró al rancho Izaguirre y visibilizó las atrocidades cometidas por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Pero Guadalupe Aguilar afirma que entró al terreno antes, en septiembre de 2024, solo unos días después de que la Guardia Nacional y el Ejército se enfrentaran con sicarios en ese lugar, lo calificaran como “un centro de adiestramiento” y pusieran todo a disposición de la Fiscalía de Jalisco.

“No había sellos, no había hornos, no había nada. Simplemente estaba así, había poca ropa (en septiembre de 2024). Y en esta ocasión que fuimos (en marzo de 2025), había mucha, mucha ropa, había bidones, estaban los pozos que habían abierto ya los Guerreros Buscadores”, contó.

Desde su punto de vista, después de que la Fiscalía estatal se quedó a cargo del lugar, la delincuencia organizada reactivó el rancho para entrenar a personas como sicarios y matar.

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“Lupita”, como le dice la gente, habla con conocimiento de causa. Lleva 13 años buscando a su hijo José Luis Arana, desaparecido en 2011. A raíz de ello, fundó la asociación Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), reconocida con el Premio de Derechos Humanos Rey de España (2024) y el Premio Nacional de Derechos Humanos (2017), entre otros.

Aseguró que hay más terrenos como el rancho Izaguirre en el país y ella lo ha comprobado en el municipio de Tala, Jalisco; en Allende, Coahuila; y en el predio La Bartolina, en Tamaulipas.

“En Guerrero también, en todo el país tenemos eso. Pienso que Teuchitlán va a ser la pauta para una hermandad entre los colectivos de todo el país. Y gracias a Dios que nos permita unirnos, porque entonces sí, todo el pueblo le reclamará al gobierno que los encuentren y que detengan estas masacres”, expresó.

Lupita tiene esperanza en que la presidenta Claudia Sheinbaum se dé cuenta de la gravedad de las desapariciones, de la crisis forense y de la ineficacia de las autoridades.

“La presidenta tiene que conocer y reconocer el problema para poderlo enfrentar, y eso me hace ilusión. En los seis años anteriores, (Andrés Manuel López Obrador) ni siquiera se atrevió a reconocer el problema, mucho menos nos llegó a recibir”, declaró.

La buscadora, quien era jubilada y enfermera de profesión, quiere encontrar a su hijo y saber quién lo desapareció y por qué. Lleva más de una década buscando respuestas.

Nuevo León, otros campos

Patricia Manzanares busca a su hijo Juan Hernández, quien era policía federal y se lo llevaron cuando estaba en su habitación de hotel en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el 20 de febrero de 2011. Ella era estilista y lo dejó todo por la búsqueda. Cada mes se traslada desde la Ciudad de México a Nuevo León para rastrear.

“A 14 años de la desaparición de mi hijo, apenas las autoridades fueron, o fuimos, porque pues yo fui a hacer la búsqueda en un predio que se sabe que también es un campo de exterminio. Hay una declaración de una persona que estuvo con la maña, donde ella dice que ahí mataron a mi hijo”, expuso.

Refirió que el predio se llama La Alianza, en Monterrey, donde ya entró una vez, pero no se hizo la exploración porque es un terreno grande y las autoridades solo llevaban dos palas y un pico para buscar, lo que calificó como “una burla”.

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“Misteriosamente, nosotros llegamos y dos días antes lo habían quemado. Entonces, nada más había como un cuadrante a donde sí podíamos pasar. Los policías que fueron nunca habían ido a alguna búsqueda, no sabían ni cómo se hacían. Se pidió apoyo para que llevaran caninos y me dicen que dos eran para buscar cuerpos, pero el otro era de explosivos (...) Y ¿Sabes qué herramienta llevaban? Llevaban dos palas y un pico. Obviamente fue una molestia mía, esto es una burla”, expresó.

Patricia destacó que, a simple vista, hay evidencias de que ese es un predio donde asesinaban personas y donde observó “ropa interior de mujer y muchos zapatos de mujer quemados”.

“Desgraciadamente, lo que ahorita estamos viendo en Jalisco es una repetición de lo que hemos vivido en otros estados. En Nuevo León hay varios campos de exterminio. De hecho, hay un predio que le dicen Las Abejas, rancho Los Lagartos; lo encontraron militares y hay evidencias de tambos baleados. Ahí sí hay fragmentos quemados y han salido personas localizadas (…) Los chicos que se han salvado de ahí refieren cómo los levantaban en San Nicolás y de ahí decían hacia dónde los tenían que llevar para que los mataran. Los quemaban, los desintegraban”, narró.

Patricia consideró que es momento de exponer que en varias entidades federativas hay predios como el de Izaguirre. Su experiencia en el campo y en tribunales le ha permitido especializarse y dar asesoría jurídica a familias que también han perdido a sus seres queridos.

Enfatizó que lo que se requiere es voluntad política y personal capacitado para encontrar a las personas.

“Corrieron a Karla Quintana como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, que estaba haciendo bien su trabajo, para poner a esta señora Guadalupe (Teresa Guadalupe Reyes), que es una señora que carece de todos los conocimientos. No tiene conocimientos ni básicos en cuanto a las desapariciones de personas. Es grosera, es prepotente, es muy majadera, le grita a las familias”, denunció.

Incómodas al poder

Al igual que Patricia Manzanares, para María Isabel Cruz Bernal, la Comisión Nacional de Búsqueda es un elefante blanco.

¿Cuál es el llamado que hacen a las autoridades?

“Pues que hagan su trabajo, que se pongan a trabajar y dejen de andar hablando como viejas mitoteras. En realidad, crean tantos elefantes blancos como la Comisión Nacional de Búsqueda, a la cual la palabra búsqueda le queda bastante grande, al fin y al cabo somos las familias quienes buscamos y encontramos (…) Si (la presidenta Claudia Sheinbaum) la va a fortalecer, primero que cambie a la cabeza. La comisionada, con todo el respeto del mundo, pues no sabe absolutamente nada de la búsqueda, no atiende a las familias, es grosera, déspota”.

María Isabel Cruz es madre de Yosimar García Cruz, un policía municipal desaparecido el 26 de enero del 2017 en Culiacán, Sinaloa. Fue sustraído de su hogar por un comando armado y la policía.

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“Las autoridades te dicen que vayas a su casa y, cuando haya noticias, te avisan. Y pues te quedas en una larga espera y no pasa absolutamente nada”, dijo.

Pero ella sí actuó y fundó la asociación civil Sabuesos Guerreras que actualmente integran dos mil 800 personas, sólo en Culiacán.

›Admitió que formar una asociación civil es “muy difícil”, sobre todo por la burocracia, pero ella no se podía quedar cruzada de brazos tras darse cuenta de que no era la única buscando a sus familiares en Sinaloa, una entidad en la que se ha recrudecido la violencia y se han disparado las desapariciones, sobre todo de menores de edad.

De acuerdo con las cifras oficiales, en Sinaloa hay cinco mil 624 personas desaparecidas y 609 no localizadas.

La defensora de derechos humanos opinó que las madres buscadoras son “bastante” incómodas para los tres órdenes de gobierno.

“Nosotros los ponemos en evidencia a cada momento (a los gobiernos). Cada vez que encontramos un resto, un fragmento, un cuerpo, es ponerlos en evidencia de que ellos en realidad no investigan (…) Es difícil que las autoridades no hagan su trabajo para buscarlos, ellos buscan, según, porque tienen un horario, porque tienen un cheque; nosotros buscamos sin horario y sin cheque, es la gran diferencia”, enfatizó la buscadora, quien ha tenido 13 amenazas de muerte, la última la hizo desplazarse de su hogar.

Amenazas de grupos armados

Mirna Nereida Medina es fundadora de Las Rastreadoras de El Fuerte, en Sinaloa. De tener una tienda de accesorios se convirtió en buscadora, cuando su hijo, Roberto Corrales, desapareció en julio de 2014. Para ella, las madres buscadoras enfrentan tres grandes obstáculos: la delincuencia organizada despiadada, las autoridades indolentes y la sociedad que las revictimiza.

La buscadora está convencida de que los desaparecidos son “tesoros” que se deben buscar, hasta que se encuentren. Tan sólo en el norte de Sinaloa, aseguró, han encontrado al menos 600 cuerpos en casi una década, 400 de ellos han sido identificados y devueltos a sus familias.

›“Pero hay lugares en los que la delincuencia no nos permite ingresar. Entonces, estamos nosotros trabajando y llegan los grupos armados y nos sacan, nos amenazan. Con la experiencia que hemos adquirido, nosotros sabemos a qué lugares sí podemos ir y a qué lugares no, pero también nos duele mucho saber que hay ciertos lugares en los que podemos encontrar varios tesoros y que no podemos acudir. Entonces, es una lucha contra la delincuencia”, destacó.

“Al momento de que nosotros vamos y trabajamos ahí, paralizamos sus ventas un día o dos días completos, dependiendo de lo que duren los trabajos, y eso para ellos (los delincuentes) son pérdidas. A ellos no es tanto que les interese si encontramos o no, sino que se les paraliza su economía”, consideró.

Mirna Nereida Medina ha tenido amenazas por parte de policías municipales de Ahome, en el estado de Sinaloa, y de la delincuencia organizada, pero eso no la detuvo para buscar a su hijo.

“Lo encontré el 14 de julio del 2017, cuando él cumplía tres años de desaparecido, encontré cuatro vértebras y partes del cráneo en una fosa, pero yo no me quedé a gusto, yo no me podía conformar con esos restos y seguí buscando durante cinco años más. Encontramos una fosa que estaba sembrada, que hicieron un hoyo y vaciaron el cuerpo en una bolsa negra y justo era todo el cuerpo de mi hijo, lo movieron de ahí de donde estaba para que yo nunca lo encontrara. A los cinco años busqué de nuevo 100 metros abajo de donde encontré la fosa primaria y justo ahí estaban los restos de mi hijo”, recordó.

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Las cuatro buscadoras entrevistadas por ejecentral hablaron con tristeza, unas con la voz entrecortada, otras no contuvieron las lágrimas al recordar a sus hijos, pero continuaron sus relatos porque, dijeron, el dolor las ha fortalecido y el amor a sus seres queridos les ha dado valor.

Para Mirna Nereida Medina, la Comisión Nacional de Búsqueda es obsoleta, por ello espera que la presidenta Claudia Sheinbaum tome en cuenta a las familias de las víctimas para que “ahora sí funcione”.

“Lo del Centro de Identificación Humana, del que habla la presidenta Sheinbaum, ya estaba, lo desmantelaron, lo quitaron, corrieron a las personas. Nosotros les llamábamos ‘los siete fantásticos’ porque había personas súper preparadas que estaban trabajando en el Centro de Identificación. Ojalá que lo reactiven”, pidió.

Teuchitlán, la indignación

El pasado jueves, 20 de marzo, la Fiscalía General de la República permitió que colectivos de buscadores, observadores, defensores de derechos humanos y medios de comunicación entraran al rancho Izaguirre. Ya no había ropa ni los cientos de zapatos porque los retiraron del lugar como pruebas.

“Nosotros buscamos a nuestros hijos y venir a ver 15, 20 minutos, un museo que ellos están haciendo, no se vale (…) Esto es una burla para nosotros como madres. La autoridad ya hizo esto, hizo un museo del dolor de nosotros”, dijo Patricia Sotelo.

“Nuestro enojo es que vienen y nos dan un tour como si fuera aquí un parque recreativo”, reprochó Liliana Meza.

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“Sí pude entrar, pero no hay absolutamente nada, está todo muy limpio, inclusive donde escarbaron hasta barrido está”, lamentó Catalina Mireles.

Para las buscadoras, los gobiernos tratan de esconder el hecho de que ese predio era utilizado por el crimen organizado como un campo de exterminio y adiestramiento.

“Durante 16 días que han transcurrido hemos esperado incansablemente para descubrir la verdad. En los últimos 15 días han encontrado cubetas llenas de huesos y restos óseos calcinados, por los peritos y del IJCF. No es un montaje, no es una invención, es la cruda realidad que hemos encontrado en Teuchitlán. Queremos que la verdad sea conocida y que se haga justicia por las víctimas”, publicó el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en su cuenta de Facebook.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó a la Fiscalía del Estado de Jalisco de incurrir en al menos 14 omisiones graves que podrían derivar en acciones penales contra funcionarios y exfuncionarios. Entre las omisiones se encuentran las siguientes: no se registraron las prendas y calzado, no se procesaron vehículos y tres de ellos fueron robados, no se dio intervención inmediata a la FGR, no hubo identificación de huellas, se abandonó el inmueble y no se levantaron los testimonios de los vecinos ni del edil.