Los números de un proceso extraordinario
Por primera vez en la historia de nuestro país, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación serán elegidos por voto popular en un proceso electoral inédito

El próximo 1 de junio, México se enfrentará a un episodio sin precedentes en su historia democrática: la elección directa de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Lo que alguna vez fue un proceso hermético, dominado por negociaciones en los pasillos del poder, ahora se abrirá al voto de más de cien millones de ciudadanos. Con dos mil 668 cargos en disputa y seis boletas por elector, el evento promete ser tan masivo como complejo, y plantea una pregunta fundamental: ¿puede un sistema judicial elegido en las urnas garantizar independencia e imparcialidad?

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El diseño de esta elección parece más un desafío logístico que una reforma judicial. La instalación de 84 mil 200 casillas, la impresión de más de 600 millones de boletas y la movilización de un millón y medio de funcionarios de casilla convierten este proceso en una prueba de resistencia institucional. Más allá de la magnitud operativa, la selección de los altos jueces por voto popular trastoca la concepción misma de la justicia. En países donde este modelo se ha intentado, como algunos estados de Estados Unidos, la influencia de factores externos —dinero, ideología, carisma mediático— ha demostrado ser ineludible.
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La otra gran interrogante es la calidad de los candidatos. Con más de cuatro mil aspirantes validados, la capacidad de los votantes para conocer a fondo sus trayectorias y posturas es limitada. A pesar de los esfuerzos del Instituto Nacional Electoral para centralizar información, la campaña electoral tiende a favorecer la demagogia sobre la técnica jurídica. En un contexto de polarización, algunos temen que la justicia se vuelva un botín más de la política, mientras otros sostienen que la elección directa devolverá legitimidad a un poder tradicionalmente opaco.
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En cualquier caso, México se encamina hacia un experimento democrático sin precedentes. La independencia judicial, concebida como un principio fundamental de la democracia moderna, se pondrá a prueba en una contienda donde el voto ciudadano redefinirá el equilibrio de poderes. Más allá del resultado, esta elección marcará un antes y un después en la relación entre justicia y política en el país.