Los desafíos migratorios y de seguridad bilateral

La advertencia de Donald Trump: “Enviaremos a los inmigrantes ilegales de regreso a sus países”, marcó su primer mensaje como virtual presidente electo, al subrayar la posible reinstalación de políticas migratorias severas. Entre ellas, destacó la amenaza de imponer aranceles si México no actúa como un “tercer país seguro”.

En coincidencia con una nueva caravana migrante, que el día de la elección estadounidense reunió a unas tres mil personas y que partió desde Chiapas rumbo a Estados Unidos, se perfilan desafíos para la relación binacional, con la posible imposición de aranceles y deportaciones masivas.

Para Silvia Núñez García, académica e investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), resulta crucial analizar la capacidad de México para ejercer “un mayor control de la frontera sur y si estaría dispuesto a buscar apoyo de Estados Unidos, ya que esta es una frontera con altos niveles de porosidad”. Este tipo de cooperación no solo implicaría un esfuerzo económico, sino que podría traducirse en una presión diplomática sin precedentes que obligue a México a aceptar condiciones más estrictas.

La coyuntura actual es compleja. Por un lado, se mantiene el flujo constante de migrantes provenientes de países como Honduras, El Salvador y Guatemala, quienes buscan escapar de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades en sus naciones de origen. Por otro lado, la política migratoria en Estados Unidos se encuentra en una encrucijada, donde un nuevo periodo de Trump podría significar la reinstauración de políticas de disuasión agresiva, como las separaciones familiares en la frontera, que generaron gran indignación a nivel internacional durante su primera administración.

Sin embargo, esta cooperación no estaría exenta de condiciones. La catedrática de la División de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM considera que la administración de Trump impondría su visión sin concesiones, al exigir resultados inmediatos. “Sería extraordinario que él quisiera firmar un acuerdo donde tenga que aportar recursos para apoyar a un país, pero al mismo tiempo no pueda ejercer la presión que le gusta de forma tan estricta, como decir: ‘Ustedes resuelvan el problema de los migrantes, pero detengan la migración, sin importar cómo’”, opinó Núñez.

El programa electoral del Comité Nacional Republicano contempla blindar la frontera sur con la construcción de un muro y retomar políticas antiinmigrantes, como el programa “Quédate en México”, bajo el cual más de 17 mil solicitantes de asilo fueron devueltos a territorio mexicano entre 2019 y 2021.

Esta medida, aunque criticada por organizaciones de derechos humanos, logró disminuir el número de entradas a Estados Unidos, pero a costa de la saturación de albergues en el norte de México y el incremento de riesgos para los solicitantes de asilo que se vieron expuestos a la violencia de los cárteles y otras organizaciones criminales.

La plataforma de Trump también propone deportar a millones de inmigrantes ilegales, al enfatizar la deportación de “los criminales más peligrosos” en colaboración con la policía local. En este contexto, expertos señalan que, de concretarse estas políticas, los sistemas de justicia y seguridad en las ciudades fronterizas mexicanas se verían aún más desbordados, al agravar la situación humanitaria y aumentar la tensión en los puntos de cruce.

En el día de las elecciones, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, desde diciembre de 2023, el número de migrantes que llegaron a la frontera con Estados Unidos disminuyó en un 75 por ciento. Atribuyó este logro a un “mecanismo muy importante” coordinado por diversas áreas del gobierno, que ha facilitado la inserción de los migrantes en el mercado laboral mexicano y ha promovido su “retorno humanitario”.

Luis Estrada Straffon, director general de SPIN-Taller de Comunicación Política, sostuvo que, aunque la migración, la economía y otros temas seguirán como instrumentos de campaña de Trump contra México, es poco probable que se concreten violaciones a la soberanía. Sin embargo, advirtió que eso no significa que México no cederá ante las amenazas.

“México cedió ante una amenaza del 5% de aranceles; ahora se habla de un 25% para fungir como un tercer país seguro que resguarda a los migrantes. Esta parte está relativamente resuelta porque México cedió, pero, obviamente, eso no será suficiente para Donald Trump”, afirmó Estrada.

El doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, San Diego, reiteró que la simple amenaza de un arancel del 5% fue suficiente para que el gobierno de López Obrador asumiera el problema, lo que implicó desplegar la Guardia Nacional para contener a los migrantes en la frontera.

“México está en una situación peor que otros países que sí son terceros países, como Turquía, que recibe dinero de la Unión Europea para manejar la situación de los migrantes. México, en cambio, solo tiene los costos y eso fue por una amenaza de Trump que no era creíble y que no cumplió con otros”, añadió.

La presidenta Sheinbaum ha sostenido la estrategia migratoria de su predecesor, al enfocarse en el “rescate de migrantes”, mejorar su situación, integrarlos al mercado laboral e invertir en programas para que los jóvenes de Centroamérica no abandonen sus países de origen en busca de oportunidades. Sin embargo, persisten retos en cuanto a la gestión de recursos y la necesidad de coordinar esfuerzos entre distintas secretarías para garantizar que los programas de apoyo tengan un impacto real y sostenido.

Enfoque incierto en seguridad

Con el regreso de Trump, uno de los principales temores es el replanteamiento de la cooperación en materia de seguridad y el combate al crimen organizado. Las revelaciones de Mark T. Esper, exsecretario de Defensa de Estados Unidos, sobre la intención de Trump en 2020 de lanzar misiles a México para destruir laboratorios de drogas, ejemplifican la tensión que podría reaparecer. Este tipo de declaraciones, aunque posteriormente minimizadas por algunos funcionarios, reflejan la percepción de un enfoque militarista que prioriza la acción inmediata sobre la diplomacia y la cooperación bilateral.

Expertos prevén que las amenazas y acciones unilaterales de Trump podrían poner en riesgo acuerdos bilaterales alcanzados durante la administración de Joe Biden, como el Entendimiento Bicentenario. Este mecanismo, surgido en 2021, permitió acciones conjuntas en seguridad, combate al tráfico de armas, drogas, personas y otras actividades ilícitas. Silvia Núñez considera que Trump probablemente no querrá renovar este acuerdo por su alineación con la orientación demócrata. “Es casi seguro que lo dé por concluido”, afirmó Núñez.

El tráfico de armas de Estados Unidos a México y la crisis del fentanilo, problemática que Trump ha vinculado directamente con México, serían puntos clave a renegociar con la administración entrante. Las tensiones se agravan por el reporte anual del Departamento de Estado estadounidense sobre Derechos Humanos, que menciona “actos serios de corrupción gubernamental” y “abusos de derechos humanos” en México, aspectos que podrían afectar la colaboración y el financiamiento de esfuerzos conjuntos.

“México tendría que demostrar cómo disminuir estas violaciones. Esto es relevante porque Estados Unidos usa estos reportes para decidir su apoyo financiero en áreas como salud y educación”, señaló Núñez.

Luis Estrada añadió que, a diferencia de la administración previa, donde había reuniones de alto nivel con regularidad para abordar asuntos de seguridad compartida, esto podría cambiar drásticamente bajo Trump.

Si el flujo de drogas hacia Estados Unidos no se reduce, la cooperación podría disminuir, tras aumentar las tensiones diplomáticas. “Habrá menos monitoreo y más amenazas; no veo a Trump ni a sus funcionarios viniendo tan frecuentemente como lo hicieron con Biden”, indicó Estrada.

Desde la perspectiva mexicana, un aspecto prioritario de la administración de Sheinbaum, a pesar de los obstáculos legales, es la serie de demandas contra fabricantes de armas, al argumentar que su comercialización irresponsable contribuye a empoderar a los cárteles en México.

“En el sexenio pasado se hicieron grandes esfuerzos para que Estados Unidos entendiera que la violencia en México está en parte relacionada con el armamento proveniente de su país”, destacó Ricardo Trevilla Trejo, general secretario de la Defensa Nacional, en una conferencia en octubre.

El Entendimiento Bicentenario sirvió como base para estas demandas, y la presidenta instruyó al Gabinete de Seguridad para revisarlo y reforzar las acciones. Sin embargo, tras la desestimación de seis de las ocho demandas en Estados Unidos, el destino de la inédita iniciativa se encuentra en manos de la Corte Suprema, que evaluará si las empresas pueden ser demandadas sin que esto viole la soberanía o leyes estadounidenses.

Finalmente, la posible llegada de Trump al poder plantea una serie de interrogantes sobre la relación bilateral en términos de cooperación migratoria y seguridad. Los retos incluyen el manejo de un enfoque más confrontativo y el establecimiento de mecanismos de diálogo que logren un equilibrio entre la protección de la soberanía nacional y la colaboración con Estados Unidos para resolver desafíos compartidos.