La cara ineficaz de la justicia internacional
Aunque ambos personajes son buscados por la justicia internacional, sus casos difieren debido al papel que desempeñan en el tablero geopolítico, aunque las probabilidades de captura de cualquiera de ellos son bajas
Hace poco más de una semana, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant, al considerar que han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante su ofensiva en Gaza.
El caso contrasta con la orden de arresto emitida contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el pasado 17 de marzo de 2023, por su participación en las deportaciones y transferencias ilegales de niños durante la invasión rusa de Ucrania. La decisión en contra del mandatario ruso fue bien acogida casi de inmediato por los países occidentales más importantes, como Estados Unidos, cuyo presidente, Joe Biden, lo acusó de haber “cometido claramente crímenes de guerra”.
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En esta ocasión, la orden de arresto contra Netanyahu fue rechazada por Estados Unidos, el principal socio y aliado de Israel. Cabe recordar que estos dos países no están sujetos a la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y tampoco forman parte de los países que han suscrito el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, encargado de procesar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.
Aunque ambos líderes son buscados por el máximo órgano de justicia internacional, los casos presentan diferencias importantes en cuanto a la implementación y efectividad, así como en la forma en que los países más importantes y la Unión Europea (UE) tomaron la orden de detención emitida contra ambos líderes.
¿Qué dice la ley?
Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes —es decir, obligatorias— para los países firmantes. Sin embargo, su aplicación depende de la voluntad de cada gobierno.
Tanto en la CIJ como en otros organismos internacionales, la ejecución de sus resoluciones no siempre se refleja en la práctica, debido a los distintos intereses de los países miembros. Además, la ausencia de fuerzas militares o policiales internacionales que respalden estas órdenes limita su efectividad, ya que contar con estos mecanismos podría atentar contra la soberanía de las naciones.
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Por ello, aunque las órdenes de arresto formen parte oficial de los acuerdos, la decisión de cooperar con ellas, en caso de que alguno de los señalados salga de su territorio, recae totalmente en los gobernantes de otros países, convirtiéndola en una cuestión más moral que legal.
Un líder poderoso
Rusia forma parte del Grupo de los 20 (G20), principal foro de coordinación de políticas macroeconómicas entre las veinte economías más importantes del mundo. En este contexto, Putin, como jefe de un Estado perteneciente a dicho grupo, tiene pocas probabilidades de ser detenido.
Además, el gobierno ruso no entrega a sus funcionarios a instancias extranjeras, y la CIJ únicamente juzga a los acusados de forma presencial.
Además de Estados Unidos, la Unión Europea se declaró de acuerdo con su orden de arresto. Según palabras del alto representante para Política Exterior y Defensa, Josep Borrell, “este es el comienzo del proceso de rendición de cuentas y de hacer que Rusia y su líder rindan cuentas por los crímenes que están cometiendo en Ucrania. No puede haber impunidad”.
Así, Putin está impedido de viajar a 124 países en los seis continentes y solo puede visitar naciones que considera aliadas. Esto se reflejó en sus giras a China, en mayo de este año, y a Corea del Norte, en junio.
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Ni China ni Corea del Norte están adscritas a los lineamientos de la CPI, y no están obligadas a entregar a un acusado en su territorio. En contraste, las naciones aliadas que han firmado y ratificado el Estatuto de Roma tienen un compromiso moral con el organismo.
Un ejemplo es México, que, pese a mantener relaciones amistosas con Rusia, no podría recibir al presidente Putin sin incumplir sus obligaciones con la CIJ y la CPI. Esto pudo haber sido uno de los motivos por los que Putin estuvo ausente de la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 1 de octubre. Pero cabe señalar que el líder ruso solo ha visitado México en dos ocasiones: una reunión con el entonces presidente Vicente Fox en 2004 y la VII Cumbre del G20 en 2012.
El protegido
En el caso de Israel, su apoyo por parte de potencias como Estados Unidos, Alemania y Reino Unido lo coloca en una situación ambigua. Mientras que países como Canadá y Francia han respaldado la decisión de la CIJ, Estados Unidos no solo se ha posicionado en contra, sino que incluso ha amenazado a quienes intenten colaborar con el arresto del primer ministro israelí.
A finales de noviembre, el senador estadounidense Tom Cotton advirtió sobre una posible guerra contra los países que cooperen con la CPI e incluso sugirió acciones extremas contra sus líderes. Por su parte, el senador Lindsey Graham ha presionado para que Estados Unidos sancione a la Corte Penal Internacional.
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Alemania, a través de un comunicado, se identificó como uno de los mayores partidarios del tribunal internacional, pero añadió que, debido a su historia, mantiene una relación única y una gran responsabilidad hacia Israel. Esto podría impedir que acate las disposiciones del organismo.
Hungría, liderada por el primer ministro Viktor Orbán, también desafió a la CIJ e invitó a Netanyahu a una visita oficial, argumentando que la orden de arresto “desacredita el derecho internacional” y podría “agravar el conflicto”, que algunas agencias de la ONU califican como genocidio.
En conclusión, las probabilidades de que Netanyahu o Putin sean arrestados en el futuro cercano son bajas, debido al respaldo de sus aliados más cercanos y a la cautela que probablemente mantendrán al abandonar sus respectivos territorios.