La justicia penal en México está en crisis. Así lo demuestra el hecho de que seis de cada 100 delitos que se investigan quedan impunes. Aunado a ello, en la última década, la cifra negra —es decir, los delitos que no se denuncian— se mantiene por arriba del 93 por ciento.
La falta de capacidades de investigación criminal en las fiscalías, así como la sobrecarga de asuntos en los juzgados del país, han contribuido a esta falta de resultados, lo que dificulta el acceso a la justicia.
Este es el diagnóstico que arroja Hallazgos 2023, una evaluación de la organización civil México Evalúa, en la que se analiza el desempeño del sistema de justicia penal. El informe revela que el año pasado, el índice de impunidad en los delitos investigados a nivel nacional se ubicó en 93.6 por ciento.
Respecto a los casos referentes a los delitos de alto impacto, como la desaparición forzada, la extorsión y el homicidio doloso o intencional, el nivel de impunidad se situó entre el 99.5, 98.4 y 96.8%, respectivamente.
Oaxaca (99.93%), Jalisco (99.12%) y Colima (97.57%) presentaron los mayores niveles de impunidad, mientras que Michoacán (76.26%), Querétaro (78.74%) y Guanajuato (79.82%) reportaron los menores índices.
Círculo vicioso
El hecho de que, según el reporte, sólo 3.6% de las más de dos millones 200 mil denuncias que ingresaron al sistema de justicia el año pasado llegaron ante un juez, refleja un “círculo vicioso” que involucra, entre otros factores, la desconfianza de la ciudadanía para denunciar y la ineficacia de los operadores del sistema de justicia.
“Se teme que la propia autoridad extorsione a la ciudadanía cuando va a presentar una denuncia, y esto entra en un círculo vicioso donde la gente no denuncia. Así, el sistema no se puede activar y, en los pocos casos en los que se activa, tampoco se ven resultados”, subrayó Susana Camacho, co-coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.
En entrevista con ejecentral, la investigadora especializada en el desarrollo de políticas públicas señaló que, si bien hay algunas entidades donde se percibe que las fiscalías aplican una política de persecución criminal, en la mayoría de los casos existe una sobrecarga de trabajo y una falta de modernización en los métodos de investigación.
“No hay una coordinación entre las diferentes instituciones que deberían encargarse de investigar los delitos, ayudar a las personas a solucionar sus conflictos, llevar los procesos para que las víctimas reciban la reparación del daño y para que las personas responsables sean sancionadas. Lo vemos en muy pocos casos”, explicó.
Precisamente, uno de los puntos críticos que expone la decimoprimera edición del análisis de México Evalúa es el hecho de que, pese a los cambios que implicó la implementación del sistema penal acusatorio, no se han modernizado las metodologías de investigación ni se han adoptado las prácticas alternas que ofrece el propio sistema.
Susana Camacho refirió que una de las prácticas más subutilizadas en las fiscalías son los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), que sólo se aplican en 6% de los casos, a pesar de que en 95% de los casos las personas llegan a un acuerdo, lo cual representa una vía más redituable para las víctimas.
La duración de los procesos penales en el sistema de justicia actual es otro de los temas que aborda el reporte, al señalar que los procesos más rápidos se resolvieron mediante acuerdos reparatorios, los cuales tomaron, en promedio, 214 días.
En contraste, los juicios orales, considerados el estándar de justicia expedita en el sistema acusatorio, duraron un promedio de 553 días, lo que evidencia la necesidad de buscar alternativas que permitan resolver los conflictos de manera ágil y efectiva.
Urge reforma integral
Hallazgos 2023 concluye que el sistema de justicia penal actual en México requiere una reestructuración profunda que vaya más allá de reformas parciales, en las que se haga una revisión exhaustiva de todos los operadores y áreas que conforman el sistema.
El estudio enfatiza la necesidad de fortalecer las capacidades de las fiscalías, las defensorías públicas y las instituciones que brindan atención a las víctimas, así como incentivar la utilización de alternativas, como los MASC, para reducir la sobrecarga en los tribunales y ofrecer una respuesta oportuna a las víctimas.
En la opinión de la investigadora de México Evalúa, la reforma judicial resulta insuficiente para enfrentar estos problemas estructurales, pues sostuvo que no se trata de “echarle la culpa a uno solo de los actores” —ya sean los jueces o las fiscalías— sino de analizar los resultados de todas las instituciones y buscar la forma en que deben comunicarse para ofrecer resultados.
“En todo el país, sólo seis estados tienen formalmente canales de coordinación entre la policía y la fiscalía. Si viéramos cuáles son las facultades o la comunicación que debería existir entre policías y fiscalías, creo que sería un buen comienzo”, puntualizó la especialista.
La abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho señaló que entre los factores que podrían significar un avance en el sistema de justicia penal y que no son considerados en la reforma que busca elegir a jueces y magistrados por voto popular, está el fortalecimiento de las defensorías públicas y la implementación de la justicia cívica.
Con la premisa de que “sin fortalecer la defensoría pública, hay pocas posibilidades de exigir más calidad a las fiscalías”, Susana Camacho señaló que actualmente esta institución recibe apenas 2.5% del presupuesto en justicia, lo cual desincentiva la mejora de la calidad de las investigaciones.
Respecto a la justicia cívica, una medida que, a partir de recursos y planeación, “sí podría ofrecer a las personas una forma más ágil de solucionar sus problemas”, la especialista recordó que, aunque se trató de un proyecto considerado al inicio del sexenio anterior, “el problema es que no se le dedicaron los recursos necesarios”.
Por lo tanto, “si tuviéramos esta visión más panorámica de incluir la justicia cívica, la policía municipal, estatal, las fiscalías, y, a partir de los problemas que tienen, analizar de qué manera les ayudamos a modernizar los métodos de investigación y de articulación de investigaciones, creo que darían mejores resultados”, reiteró.
Para conocer a detalle los resultados de Hallazgos 2023. Seguimiento y evaluación de la justicia penal en México, visita el enlace: https://onx.la/8fc85.
