Jaloneo eleva topes de gastos
El proceso electoral en México enfrenta controversias sobre los topes de gastos de campaña para elecciones judiciales. El INE y el TEPJF se disputan límites, afectando la equidad del proceso
El proceso electoral en México enfrenta una serie de desafíos en términos de transparencia y equidad, especialmente cuando se trata de los gastos de campaña para las elecciones judiciales. La discusión sobre los límites establecidos para estos gastos ha provocado controversia entre los actores políticos y los órganos encargados de supervisar las elecciones.
Este tipo de elecciones, que involucran a cargos clave en el Poder Judicial, exige no solo un proceso electoral limpio, sino también una regulación financiera que garantice que todos los participantes tengan las mismas oportunidades y recursos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) protagonizaron una disputa sobre los topes de gastos de campaña para estas elecciones. El desacuerdo ha revelado las tensiones entre los diferentes órganos y ha generado un debate sobre la equidad de los montos establecidos.
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El establecimiento de topes de gastos de campaña para la próxima elección judicial generó un jaloneo entre consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral, pues estos últimos enmendaron la plana a los primeros, quienes habían fijado un tope único y no tan alto.
Entre los mismos consejeros del INE, que discutieron por primera vez el asunto el 6 de marzo, hubo disenso sobre la propuesta de establecer un tope de 220 mil 336 pesos para todas las candidaturas.
En ese momento, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, incluso propuso que los 220 mil 326.20 pesos se consideraran como “un piso” y no como un “tope”, pero no tuvo el respaldo de la mayoría del Consejo General.
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La consejera Carla Humphrey también rechazó el monto establecido inicialmente, y consideró que “podría llevar de facto a colocar a las candidaturas en un umbral de ocultamiento innecesario que podría derivar en la ilicitud”.
Entre los mismos consejeros que apoyaron el límite de 220 mil pesos, hubo un reconocimiento de que este monto era insuficiente. “¿Me parece que es inequitativo (el tope) en relación con la renovación de los otros dos poderes? Sí, sí lo es”, comentó Arturo Castillo.
La decisión de la mayoría del Consejo General de mantener ese tope se basó en la interpretación del artículo 522 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecido con la reforma judicial, que señalaba que los gastos “no podrán ser superiores al límite de aportaciones individuales que pueden realizar las personas candidatas independientes a diputaciones”, que son precisamente los 220 mil 326.20 pesos establecidos.
Modificar los topes
Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral el 12 de marzo y le ordenó fijar topes de gastos diferenciados.
El magistrado del TEPJF, Reyes Rodríguez, consideró en su proyecto que 220 mil pesos eran una cantidad insuficiente, luego de que se impugnara el tope de gastos.
“Los agravios son esencialmente fundados, porque las normas establecen que si el tope máximo de gastos de campaña para la elección judicial se calcula tomando como base el monto que individualmente puede aportarse a las candidaturas independientes a diputaciones federales, esa base debe adecuarse para cada tipo de elección, esto es, el cargo, el electorado y la territorialidad en la que se celebra esa elección”, apuntó.
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“¿Es razonable que con 220 mil pesos la ciudadanía reciba toda la información necesaria para definir sus preferencias electorales de manera informada? Desde mi punto de vista, no”, advirtió.
“Con 220 mil pesos es imposible que una candidatura pueda visitar universidades en varias ciudades del país o en todas las principales ciudades del país”, agregó el magistrado.
INE establece topes de más de 1.4 millones de pesos
Tras la orden del TEPJF, el INE volvió a sesionar el 20 de marzo y corrigió los topes de gastos de campaña, estableciendo un tope de un millón 468 mil 841 pesos para los candidatos a la Suprema Corte, al Tribunal de Disciplina Judicial y a la Sala Superior del TEPJF.
En el caso de los candidatos a las salas regionales del TEPJF, el tope de gastos quedó en 881 mil 304 pesos. Para los candidatos a magistrados de circuito será de 413 mil 111 pesos.
Los candidatos a jueces podrán gastar hasta 220 mil 326 pesos durante los 60 días que duran las campañas.
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“Esta nueva propuesta con topes de gastos diferenciados permite que las futuras personas juzgadoras puedan movilizarse en territorio, llevar a cabo volanteo impreso, acudir a debates abiertos y presenciales. Además, considero que estos montos no son opulentos ni generan el riesgo de erogaciones excesivas”, refirió la consejera Humphrey.
En contraste, la consejera Dania Ravel opinó que “aumentar los topes de gastos en esta elección, en la que no hay financiamiento público ni privado, sino solo recursos propios, beneficia a las personas más ricas que estén compitiendo por un lugar en el Poder Judicial. En un país profundamente desigual como México, esto es aún más grave”.
Por su parte, Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, propuso que la ciudadanía realice una fiscalización propia de las campañas, observando lo que ocurra durante el desarrollo de estas, especialmente las de las candidatas a ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, a quienes ya ha denunciado por presuntos actos anticipados.
“Al menos de lo que hemos visto en los últimos meses, hacen eventos que cada uno cuesta más de 100 mil pesos. Ojalá respeten el tope de casi millón y medio”, comentó
