Jalisco, el epicentro de la crisis

Durante el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, en Jalisco desaparecieron al menos cinco personas en promedio cada día. Aunque hay disparidad y escasa confianza en las estadísticas oficiales, la entidad encabeza actualmente el mayor número de desapariciones en el país y registra una cifra igualmente alarmante de entierros o fosas clandestinas.

De acuerdo con datos de la actual Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco, las desapariciones han ido en aumento desde 2018. Según el registro estatal, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2024 se reportaron 9,051 personas como desaparecidas. Sin embargo, esta cifra difiere de los 6,351 registros contabilizados en el mismo periodo por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

En cuanto al número de fosas clandestinas en la entidad, las estadísticas de esta Vicefiscalía Especial indican que, de diciembre de 2018 al 28 de febrero de este año, se han contabilizado 186 sitios de inhumación clandestina, con más de 1,882 víctimas, de las cuales menos del 50% han podido ser identificadas.

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Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), describe la crisis de personas desaparecidas en Jalisco como un fenómeno generalizado y sistemático que, aunque se ha focalizado en la zona metropolitana de Guadalajara, está presente en los 125 municipios del estado, con al menos un reporte en los últimos seis años.

En entrevista con ejecentral, la abogada y politóloga lamentó que el hallazgo de lo que colectivos y madres buscadoras han señalado como un campo de “exterminio” y “reclutamiento” del crimen organizado, ubicado en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, no se trate de un caso aislado ni nuevo en la entidad.

“El estado se ha caracterizado por los hallazgos casi cotidianos de fosas clandestinas, entre ellas las llamadas macrofosas, con más de 100 cuerpos, fosas en casas de seguridad, en los ríos o en los hornos crematorios que han encontrado familiares de personas desaparecidas”, afirmó.

Crisis forense

Un factor que abona a la incertidumbre de miles de familias en la búsqueda de sus seres queridos es la crisis forense y de identificación, que prevalece no solo en Jalisco, sino a nivel nacional.

De acuerdo con el informe Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre de la organización Causa en Común, el 78% de los cadáveres recibidos en las unidades forenses de las fiscalías del país en 2023 no pudieron ser identificados. Jalisco se ubicó entre las cinco entidades con más cuerpos sin identificar ese año, con un total de mil 47, sólo por debajo de Baja California, que registró 1,947 cadáveres.

Chimiak señaló que, en el caso de Jalisco, la falta de identificación responde a diversos factores, entre ellos las múltiples deficiencias en los procesos internos y en las capacidades del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, lo que ha generado una acumulación de cuerpos.

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Un reporte del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo muestra cómo la identificación de restos extraídos de fosas clandestinas ha ido en declive en los últimos años: de 295 identificaciones en 2020, bajó a 166 en 2021 y a 134 en 2022.

Anna Karolina también destacó que la falta de una identificación plena está relacionada con patrones de fragmentación o segmentación de los cuerpos, afianzados desde 2019. Las familias han documentado el hallazgo de decenas de restos humanos de distintas personas en bolsas y, en otros casos, han denunciado la incineración de los cuerpos.

Complicidad criminal

Sobre la investigación del centro de exterminio en Teuchitlán, el gobernador Pablo Lemus aseguró que “en Jalisco nadie se lava las manos” y se comprometió a trabajar en conjunto y con “voluntad política” con las autoridades federales. Sin embargo, la ocurrencia de este tipo de crímenes no podría explicarse sin la omisión o complicidad de las propias autoridades.

Anna Karolina sostuvo que uno de los principales indicadores de esta situación son las numerosas desapariciones forzadas “con la participación directa de autoridades, principalmente municipales”. También destacó los casos de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, los cuales solo serían posibles con el “conocimiento, autorización o apoyo de las autoridades”.

Incluso, el entonces gobernador Enrique Alfaro reconoció en junio de 2020 la posible infiltración de “grupos de la delincuencia” en la propia Fiscalía estatal, al justificar las detenciones arbitrarias y otros abusos cometidos por agentes de la Policía Investigadora del estado durante las protestas por el asesinato de Giovanni López, ocurrido el 4 de mayo de ese año a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos.

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“Estamos hablando de acciones sistemáticas y, sin duda alguna, de una situación que evidencia diferentes redes de colusión o colaboración entre autoridades y el crimen organizado. Esto ha sido documentado por familiares de víctimas de desaparición, medios de comunicación y hasta organismos internacionales, como el Comité contra la Desaparición Forzada”, subrayó Chimiak.

En ese sentido, la maestra en Derecho y defensora de derechos humanos advirtió que esta complicidad también refuerza la impunidad, justificando omisiones, negligencias e irregularidades en los procesos de búsqueda e investigación.

Un ejemplo claro de ello es el rancho Izaguirre, hallado y asegurado desde septiembre de 2024, sin que se realizara una indagatoria exhaustiva sobre los restos óseos, prendas, hornos crematorios y demás evidencias encontradas, explicó la activista.

Al respecto, el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, reconoció que ante los recientes hallazgos en el predio, ubicado a 57.9 kilómetros del centro de Guadalajara, “los trabajos fueron insuficientes”. Por ello, anunció la apertura de una investigación para determinar “posibles omisiones de cualquier autoridad responsable y fincar responsabilidades”.

Falta de capacidades

Un análisis de la empresa CIS Pensamiento Estratégico señala que la atención a la crisis de desapariciones forzadas en Jalisco también se ve mermada por la carencia de recursos y capacidades de las autoridades locales, principalmente a nivel municipal, para hacer frente a organizaciones criminales transnacionales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Aunque el gobierno estatal está mejor equipado, no cuenta con los medios suficientes para garantizar la seguridad de los funcionarios que trabajan en las instituciones de seguridad y justicia tras una intervención. En este contexto, ni los municipios ni los gobiernos estatales tienen las condiciones ni los incentivos para intervenir en escenarios criminales como el de Teuchitlán”, advierte el estudio de Consultores en Inteligencia y Seguridad.

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Fernando Jiménez Sánchez, investigador del Colegio de Jalisco y autor del análisis, destacó que la reducción de capacidades operativas se debe al “debilitamiento” de las delegaciones o representaciones de las instituciones federales en las entidades.

Acciones urgentes

Chimiak también señaló que la recién creada Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas de Jalisco comenzó a operar este año sin la participación de las familias de las víctimas ni claridad sobre sus alcances y limitaciones. Las principales exigencias de la sociedad civil, colectivos y familiares incluyen:

• Generar políticas de prevención efectivas que consideren otras dinámicas delictivas vinculadas a la desaparición de personas.
• Proteger a las familias y personas buscadoras, dado que más del 80% de los hallazgos de fosas han sido realizados por ellas mismas.
• Implementar un reglamento para coordinar la búsqueda e identificación de víctimas.
• Fortalecer las labores forenses y la identificación de cuerpos hallados en fosas clandestinas.