Una “coordinación absoluta” entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y, a su vez, con las autoridades estatales cuando se requiera, es uno de los planteamientos fundamentales en la nueva Estrategia Nacional de Seguridad.
Una vez aprobado que, constitucionalmente, el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional queda a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la colaboración interinstitucional se perfila como uno de los principales desafíos para la actual administración.
Este enfoque implica el entendimiento y la cooperación entre distintas instituciones, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad y justicia locales.
La coordinación con la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) resulta esencial para homologar y fortalecer las capacidades del Estado mexicano en materia de seguridad y el combate a la criminalidad.
“La seguridad es un problema que requiere de una responsabilidad compartida y una respuesta unificada. Es por ello que vamos a tener una coordinación absoluta entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y también, cuando sea necesario, con las autoridades estatales”, detalló Omar García Harfuch, titular de la SSPC, al hablar del cuarto eje de la estrategia que presentó el 8 de octubre.
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Para lograrlo, ese mismo día la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que enviaría una iniciativa al Congreso “para que haya coordinación de los sistemas de seguridad de la Defensa, de la Marina, de la Guardia Nacional y de la propia Secretaría de la Seguridad Ciudadana”.
Sin embargo, especialistas coinciden que conjuntar los esfuerzos con las distintas instituciones en seguridad pública, incluyendo a las Fuerzas Armadas; encaminar el proceso para dotar de autonomía a la Guardia Nacional, y consolidar la reestructuración de la SSPC, necesariamente debe atravesar por una curva de aprendizaje para su avance.
En ese aspecto, uno de los principales retos que se perfilan tiene que ver con la renovación de los mandos militares en retiro que por cinco años estuvieron al frente de la comandancia de la Guardia Nacional, pero ahora por ley deben ser mandos militares en activo con formación policial.
“La Guardia Nacional necesita urgentemente de mandos medios y superiores, pero con capacidad de instrucción policiaca. Se necesita crear una escuela especial, como lo tiene la Fuerza Área Mexicana con el Colegio del Aire, para capacitar a estos mandos”, refirió Alexei Chévez Silveti, especialista en seguridad.
Como parte de ese esfuerzo, actualmente el Heroico Colegio Militar de la Sedena implementa programas de estudio para que los cadetes que se graduarán como suboficiales de la Guardia Nacional cuenten con formación policial, en lugar de estudiar Administración Militar, como los oficiales militares que egresan.
División de tareas
De acuerdo con el diagnóstico del Gabinete de Seguridad, la cooperación y presencia interinstitucional son la base de las estrategias regionales contra el fenómeno de la violencia y las medidas de “prevención focalizada e inteligente” previstas.
No obstante, hay ciertos vacíos legales que deben superarse para consolidar dicha coordinación. En ese sentido, Jonathan Maza Vázquez, maestro en Seguridad Nacional por el Colegio de la Defensa Nacional, recordó que, tras la abrogación de la Ley de Seguridad Interior del sexenio de Enrique Peña Nieto, ahora el Congreso tiene la facultad para legislar en la materia y delinear el marco legal de esa colaboración.
“El Congreso tendrá que hacer lo suyo, generar la Ley de Seguridad Interior y delimitar bien los alcances y límites de la intervención del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, en labores de seguridad pública para ayudar, por ejemplo, a la Guardia Nacional o a las policías estatales o locales”.
Precisamente, a fin de homologar y fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad locales y federales, la estrategia plantea la creación de una Academia Nacional de Seguridad.
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La cual estará adscrita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), para igualar los planes y programas de investigación y análisis de la información y establecer un sistema de evaluación para el desarrollo de las policías, fiscalías y sistemas penitenciarios en las 32 entidades.
En el marco de esa colaboración, Chévez Silveti destaca el fortalecimiento de las capacidades de los estados en materia de seguridad pública, pues aseguró que “por primera vez se está hablando realmente de empoderar a los estados seguridad pública; y revivir las academias de capacitación regionales, lo que es muy necesario y ha funcionado”.
Lo cual, dijo, debe complementarse con “regresar presupuestos federales a las policías estatales y municipales”, pues son contadas las corporaciones locales que pueden acceder a contar con policías profesionales, y la mayoría carece de capacidades en recursos equipamiento, recursos y capacitación.
Responsabilidad compartida
Uno de los primeros objetivos trazados en un documento preliminar en torno a la estrategia de seguridad para los primeros 100 días de gobierno, es la intervención interinstitucional en las entidades y municipios que focalizan la incidencia delictiva, particularmente los homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada.
Sobre ese punto, el secretario García Harfuch reconoció que el Gabinete de Seguridad federal está convencido de reforzar la colaboración con todas las entidades federativas, al asegurar que las acciones en seguridad para lograr una paz duradera en el país implican “una responsabilidad compartida”.
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Muestra de ese avance por parte de las instancias federales es que, actualmente más de una cuarta parte de los cuatro mil efectivos del agrupamiento de Fuerzas Especiales del Ejército, que están dotados de mayores capacidades en armamento y un adiestramiento especializado, están desplegados en entidades como Tamaulipas y Guanajuato.
A decir de Chévez Silveti, dicha medida refleja un giro en “la directriz de los abrazos, no balazos, y los está cambiando para restaurar el orden y la seguridad el orden en este momento, al menos en esos estados”, apuntó.
Dentro de este plan conjunto para disminuir la violencia y la tasa de homicidios en los cinco estados que actualmente concentran 31% de las víctimas de asesinato, encabezados por Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua y Jalisco, el secretario García Harfuch subrayó la suma de esfuerzos y una “estrategia de intervención” en la que las fiscalías y los sistemas judiciales locales juegan un papel fundamental.
“Es muy importante trabajar con las fiscalías locales ya que, como saben, el 80 por ciento de los delitos que se cometen son del fuero común. Dicho modelo también contempla el seguimiento a la vinculación a proceso de los objetivos detenidos y de sus bienes asegurados”, adelantó en conferencia el funcionario.
Mientras que, a nivel federal, la estrategia destaca la consolidación del Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) y la operación conjunta entre la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para robustecer las investigaciones y la judicialización de los casos, y en consecuencia la desarticulación de las redes criminales, mediante el bloqueo a sus fuentes de financiamiento ilegal.
“Más allá de sólo ver el factor de la Guardia Nacional, o de ver sólo el aspecto de lo que va a hacer la Secretaría de Seguridad o la Sedena, se está dando todo un cambio de las fiscalías, el cambio del Poder Judicial, etcétera. Creo que estamos hablando de un cambio sistémico, un asunto nuevo que esperemos dé resultados, pero definitivamente es algo distinto”, destacó Jonathan Maza, al respecto.
