Inteligencia Artificial y justicia: Un panorama incierto en México
El uso de Inteligencia Artificial en el sistema judicial mexicano está en ciernes, pero enfrenta desafíos claves como la brecha tecnológica, sesgos, seguridad de los datos, falta de transparencia y de una regulación clara
La Inteligencia Artificial (IA) está posicionada para revolucionar el acceso y la impartición de justicia en nuestro país, no sólo mejorando la eficiencia de los tribunales, sino también promoviendo un sistema más equitativo y accesible para todos los ciudadanos.
Este potencial ha captado la atención de especialistas, quienes reconocen que la tecnología podría reducir la carga de trabajo de los jueces, agilizar los procesos judiciales y mejorar la precisión en las decisiones.
No obstante, el camino hacia la transformación digital enfrenta múltiples retos, como las disparidades tecnológicas entre los diferentes estados del país, la falta de capacitación adecuada entre los operadores del sistema judicial y la ausencia de un marco normativo claro para la implementación de IA.
›Aunque algunos proyectos pioneros, como JulIA y Sor Juana, han comenzado a explorar el uso de IA en el ámbito judicial, la incertidumbre sobre su integración plena y regulada en el sistema de justicia persiste. Esto deja a México en una encrucijada entre el potencial de una justicia más rápida y eficiente, y los obstáculos estructurales que podrían retrasar este progreso por años.
Sin embargo, ante una serie de desafíos como las notables diferencias y brechas tecnológicas entre los poderes judiciales en los estados, y la falta de una regulación específica para su implementación, la justicia digital tiene un futuro incierto en el país.
En años recientes, el uso de IA ha avanzado y se ha convertido en una realidad. Así lo demuestran ejemplos como JulIA, el buscador jurídico con el que, en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) incursionó en el ámbito, o el proyecto “Sor Juana”, una herramienta promovida por la ministra Margarita Ríos Farjat para una mayor comprensión y divulgación de las resoluciones de su ponencia.
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Si bien existen avances y proyectos en desarrollo en la materia, estos no son comparables con las experiencias de países como Estonia y China, que muestran un amplio progreso en la integración de tecnologías digitales y de inteligencia artificial en sus respectivos sistemas judiciales.
De cara a la próxima e inédita elección judicial, especialistas señalan los pendientes en torno a la necesidad de contar con regulaciones específicas y claras, así como con una serie de estrategias que garanticen un uso transparente, equitativo y auditable de este tipo de tecnologías.
Parte de este diagnóstico es el que realiza México Evalúa con su estudio El futuro de la justicia digital: ventajas y riesgos de la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la impartición de justicia en México, un análisis sobre el uso de esta tecnología en el sistema judicial a nivel federal, así como en el poder judicial del Estado de México.
Con base en la Metodología de Evaluación del Estado de Preparación (RAM, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), el estudio evalúa cuatro principales dimensiones del contexto mexicano: la regulatoria, la social, la cultural-educativa y la tecnológica.
Sin reglas claras
Entre los pendientes destaca que, si bien hay un “robusto” marco legal como la Ley Federal de Protección de Datos Personales y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), “no existe un plan nacional específico para IA”, lo que implica una pérdida de oportunidad para una implementación efectiva y coordinada en materia jurisdiccional.
En entrevista con ejecentral, Susana Camacho Maciel, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, reconoció que “la realidad es que estamos un poco lejos de usar (la IA) de manera regulada y basada en reglas”, y señaló la necesidad de que jueces y abogados tengan “algunas guías mínimas para su uso”.
›En ese aspecto contrasta el hecho de que, aunque México se ubica en el cuarto lugar con más publicaciones sobre IA aplicada a la justicia en Latinoamérica y en el sexto lugar con “investigadores trabajando específicamente en IA” en la región, no se cuenta con un marco normativo específico para su uso en la judicatura.
Por esa razón, el análisis subraya como “fundamental” contar con regulaciones claras y específicas sobre la implementación de IA en ámbitos judiciales, que cumplan con las directrices necesarias para la transparencia en el uso de datos, la auditoría continua de los algoritmos para evitar sesgos y los mecanismos de rendición de cuentas que garanticen un uso justo y equitativo.
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Brechas por superar
Las brechas en la formación tecnológica y digital representan otro obstáculo. Según la UNESCO, buscar información (43%), redactar documentos (28%) y generar lluvias de ideas (14%) están entre las principales funciones que jueces, empleados judiciales, fiscales y abogados le dan al uso de chatbots como ChatGPT o Gemini, cuyas fuentes de información no son específicas en el contexto mexicano y mucho menos en las prácticas judiciales.
Convencida de que la incorporación de IA en el sistema judicial podría implicar una mayor eficiencia, así como ahorros en tiempo y recursos para los tribunales, Susana Camacho destacó la relevancia de subsanar primero las brechas de acceso a tecnología básica antes de abordar proyectos más complejos. “A veces pensamos en inteligencia artificial, pero muchos tribunales ni siquiera tienen internet”.
Sobre este aspecto, la investigadora señaló que la coyuntura de la reforma judicial podría ser una oportunidad para empezar a invertir e implementar proyectos tecnológicos. No obstante, lamentó que, mientras no se cuente con los suficientes recursos, no habrá un avance. Según una revisión de México Evalúa, la mayoría de los estados no contará con los recursos necesarios para la elección de jueces y magistrados.
“Sin dinero en general para implementar la reforma judicial y sin dinero para invertir en tecnología, que podría ayudar a hacer más eficientes algunos procesos y trámites, será difícil llegar a herramientas de inteligencia artificial más específicas para el contexto y la legislación mexicana”.
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Camacho también resaltó que las realidades, capacidades y prácticas varían considerablemente de un estado a otro, lo que implica “una gran brecha”, ya que no todos están dispuestos a subirse a la ola de digitalización. Señaló además que aún hay “mucha reticencia de los abogados” para implementar tecnología en los procesos, a pesar de que, en la Ciudad de México y en otros lugares, los expedientes de prácticamente todas las materias ya están digitalizados.
Tras destacar los avances y buenas prácticas en la implementación de IA en los sistemas de impartición de justicia de países como Canadá, China, Estados Unidos, Estonia, Italia y Nueva Zelanda, el estudio ofrece una serie de recomendaciones. Según Susana Camacho, estas deben partir de “un diagnóstico de las diferentes capacidades que hay en los tribunales del país”, como guía para saber cómo invertir en proyectos tecnológicos e ir incorporando la IA.
Entre otras recomendaciones, destacan entrenar los algoritmos, por ejemplo, en asuntos de mecanismos alternativos de solución de controversias, para evitar datos sesgados y decisiones discriminatorias; procurar una capacitación continua de las personas operadoras e incrementar la inversión en infraestructura tecnológica de los poderes judiciales.
La falta de acceso a tecnología básica en muchos tribunales de méxico es un obstáculo para la implementación efectiva de la IA en el sistema judicial.
