Integrantes de OPLE de Veracruz, señaladas por irregularidades en licitaciones

La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV), Marisol Delgadillo Morales, es señalada de favorecer a la empresa Akei Digital, para recibir un contrato para monitoreo de medios durante el proceso electoral ordinario.

Y es que esa empresa es propiedad del delegado de Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín.

A la presidenta del OPLE Veracruz también se le señala de obstaculizar el proceso de elección de personas juzgadoras del estado.

Delgadillo considera que la elección de jueces y magistrados es un proceso menor en comparación con la elección de presidencias municipales del 1 de junio.

Sin embargo, de acuerdo con la Constitución del estado, ambos procesos deben ser concurrentes y llevarse al cabo en igualdad de circunstancias.

A Delgadillo se le señala por la modificación unilateral y sin consenso de las bases de licitación para la impresión de boletas y materiales electorales.

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Mientras que para la elección municipal se exigieron estrictos estándares de calidad y seguridad, la presidenta del OPLEV eliminó requisitos clave para la licitación de boletas del proceso judicial, dejando la puerta abierta a la opacidad y posibles irregularidades.

Incluso, según medios locales, quiso imprimir las boletas de la elección de cargos judiciales en papel bond, lo que pondría en riesgo la seguridad de la papelería electoral oficial y la certeza misma de este proceso.

Más señalamientos por licitaciones en OPLEV

Por otro lado, contra la subdirectora de Recursos Materiales del OPLEV, Amara Anaya García, también pesan graves señalamientos sobre irregularidades en los procesos de licitación llevados a cabo por el órgano electoral en perjuicio de los participantes.

Se trata de las licitaciones relacionadas con el programa de Monitoreo de Medios, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y la adquisición de documentación y material electoral.

En el caso del monitoreo de medios, la adjudicación directa realizada por el comité encabezado por Anaya García generó controversia, ya que se invitó a participar a tres empresas, de las cuales solo una tenía experiencia en el ramo.

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Entre las empresas excluidas se encuentra Análisis y Control de Medios, que había prestado el servicio al OPLEV en cuatro ocasiones previas y contaba con experiencia en otros estados. Esta decisión generó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y presuntas irregularidades en la selección de los proveedores.

En la licitación pública LPN/OPLEV-21114001002-001/2025, correspondiente al PREP, se acusa a Amara Anaya García de permitir que la empresa Podernet S.A. presentara una propuesta económica por 49 millones de pesos, a pesar de que no cumplía con las bases establecidas en la convocatoria.

En esta licitación, las empresas participantes debían demostrar experiencia en procesos electorales ordinarios mediante la presentación de al menos cinco contratos previos, pero Amara Anaya aceptó contratos extraordinarios como prueba de experiencia, en contra de lo estipulado en la normativa.