Homicidios | Bajo el imperio de las balas
El incremento alarmante de crímenes en México, impulsado por armas de fuego, ha marcado una tendencia creciente desde finales de los años 90 hasta la actualidad
En los últimos años, la violencia homicida en México ha registrado un alarmante incremento, con un protagonismo creciente de las armas de fuego. Desde finales de los años 90 a la fecha, más del 50% de los homicidios en el país se han cometido con disparos de armas de fuego.
Un análisis del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México en torno a la discusión sobre las armas de fuego en México evidencia, con base en fuentes oficiales, el aumento gradual de la violencia homicida por arma de fuego en el país en los últimos tres decenios.
Entre 1990 y 1997, el porcentaje de homicidios por disparo de armas de fuego no superaba el 2%, oscilando entre 0.13% y 1.85 por ciento. Esto se atribuye, según el Colmex, a un “registro impreciso”.
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A partir de 1998, se presentó un cambio drástico en el número de muertes violentas por agresión con armas de fuego, alcanzando un 54.07% de los homicidios ese año. Desde entonces, dicho índice se ha mantenido entre el 50% y 70%, siendo 2023 y 2024 los únicos años en que se superó esta barrera.
Sin incluir los datos de diciembre, durante los primeros 11 meses de 2024, los homicidios por arma de fuego alcanzaron un máximo histórico, representando el 72.92% del total de defunciones por homicidio, con 20,268 víctimas. En 2023, ese índice fue del 71.60%, con 21 mil 315 homicidios.
En el registro histórico de defunciones por homicidio de 1990 a noviembre de 2024, las 372 mil 525 muertes por arma de fuego representaron 54.37% del total de muertes por homicidio, que ascendió a 683 mil 927 casos.
En cuanto a la tasa de defunciones por homicidio debido a agresión con armas de fuego, el Inegi registró su nivel más alto en 2021, con una tasa de 19.26 por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa general de homicidios de ese año se ubicó en 27.87.
Homicidios ligados al hampa
El informe también aborda los homicidios vinculados a la delincuencia organizada, definidos como aquellos donde la víctima o el victimario presuntamente pertenecen a algún grupo criminal, sin que se trate de enfrentamientos directos ni agresiones donde participen autoridades.
Datos del Grupo de Contacto de Alto Nivel para la Atención de la Delincuencia Organizada (Grupo CANDADO) de la Defensa Nacional, recopilados por las organizaciones Data Cívica e Intersecta, indican que entre 2017 y 2020 ocurrieron 65,552 homicidios vinculados a la delincuencia organizada. De estos, el 80.54% de las víctimas murieron por disparos de arma de fuego.
Entre los 42 mil 430 “eventos” registrados en este periodo, que dejaron un total de 52 mil 797 víctimas, el 42.26% (17 mil 933 víctimas) involucraron armas de calibre nueve milímetros. Las armas de calibre desconocido se utilizaron en 27.15% de los casos (11 mil 521 víctimas), y las armas calibre .223 estuvieron presentes en el 5.37% de los eventos, con dos mil 279 víctimas.
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Desde el gobierno de México y organismos como la CNDH, se ha reiterado que gran parte del armamento utilizado por los grupos criminales ingresa al país a través de la frontera con Estados Unidos. Detener el flujo ilegal de armas ha sido una de las prioridades del gabinete de seguridad.
Un informe reciente de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) confirmó que al menos 74% de las armas que llegan a manos de cárteles como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación provienen de Texas, Arizona y California, con destino principal a Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Guanajuato.
Aseguramiento deficiente
A pesar de los esfuerzos por abordar la creciente violencia, las acciones para incrementar el decomiso de armas han sido insuficientes. Estimaciones realizadas desde 2015 por el gobierno de México, el Trans-Border Institute de la Universidad de San Diego y la organización InSight Crime indican que anualmente ingresan ilegalmente más de 200 mil armas al país, con un cálculo máximo de 873 mil armas por año, equivalente al 2.2% de la producción de armas en Estados Unidos.
En agosto de 2021, la Cancillería mexicana destacó esta cifra como parte de una demanda sin precedentes contra las principales fabricantes y distribuidoras de armas estadounidenses. Sin embargo, el decomiso de armamento sigue siendo limitado. Entre 2005 y junio de 2024, se aseguraron 337 mil 67 armas, un promedio anual de apenas 18 mil.
El desafío relacionado con la violencia por arma de fuego es inmenso. De las 160 mil siete carpetas de investigación por homicidio doloso abiertas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se registró un incremento del 29.8% respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto, del 55.5% respecto al de Felipe Calderón, y del 114.5% respecto al de Vicente Fox.
La ruta de las armas
Las investigaciones apuntan a que la mayoría de las armas ilegales ingresan por rutas terrestres y puntos fronterizos débiles. La corrupción en aduanas y la falta de personal capacitado para inspecciones minuciosas facilitan el contrabando de armamento. Organizaciones criminales han perfeccionado sus métodos, utilizando vehículos modificados y redes de contrabandistas para asegurar el transporte y distribución de armas.
Además, el mercado negro de armas dentro del país ha crecido de manera alarmante, abastecido no solo por el tráfico internacional sino también por la pérdida de armamento de corporaciones locales de seguridad.
Un informe de la Secretaría de Seguridad Pública reveló que entre 2010 y 2020, se extraviaron más de 15 mil armas pertenecientes a fuerzas policiacas.
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Frente a este escenario, expertos en seguridad han señalado la necesidad de implementar políticas públicas más estrictas que aborden tanto la regulación de armamento como el fortalecimiento del control en fronteras. También se subraya la importancia de una cooperación internacional más efectiva con Estados Unidos para rastrear y detener el flujo ilegal de armas hacia México.
El gobierno actual enfrenta el reto de construir confianza entre la ciudadanía, un elemento esencial para fomentar la denuncia y la colaboración comunitaria en la lucha contra el crimen. Sin el apoyo activo de la población, cualquier estrategia de seguridad enfrentará obstáculos considerables.
